Un proyectil de gas lanzado por un elemento de seguridad, no la onda expansiva de un cohetón, provocó la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, durante un operativo de desalojo el pasado 9 de julio, concluye el ombusdman; hay autoritarismo e impunidad en el estado, señalan legisladores de izquierda. La recomendación exonera a Moreno Valle, dice ONG
CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que fue un cilindro de gas de largo alcance lo que lesionó y posteriormente le costó la vida al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue herido durante una manifestación el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla.
La investigación de la comisión, elaborada con base en 10 dictámenes periciales, encontró evidencias para asegurar que hubo un impacto directo de un proyectil con el cráneo del menor.
“No fue lesionado por alguna explosión u onda expansiva por la acción de un cohetón”, aseguró Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, en conferencia de prensa.
“Según las características de las lesiones que presentó en el cráneo y ante el tipo de armamento que portaban los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, para la comisión nacional existen elementos suficientes para observar que las lesiones fueron producidas con alguno de los 54 proyectiles de largo alcance irritante calibre 37/38 milímetros utilizados por los elementos policiales”, añadió.
El pasado 9 de julio, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan bloquearon la Vía Atlixcáyotl para exigir que les fuera devuelto el Registro Civil. En respuesta, el gobierno estatal envió a policías a disolver la manifestación y se produjo un enfrentamiento en el que resultó herido de muerte el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso porque lo consideró de alta gravedad y el jueves 11 de septiembre el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva presentó la recomendación 2VG/2014.
El gobierno de Rafael Moreno Valle dijo en un comunicado que aceptó en su totalidad las recomendaciones emitidas por la CNDH y que las sumará a las que han hecho las autoridades estatales, que llegaron a distintas conclusiones.
“El dictamen correspondiente enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, las cuales, ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo”.
El gobierno estatal atendió la primera recome ndación de la CNDH al nombrar un fiscal especial encargado de dar seguimiento a las investigaciones: Juan Pablo Piña, jefe de la oficina del Ejecutivo, será el responsable de verificar el cumplimiento de las observaciones.
El 31 de julio, el procurador estatal, Víctor Carrancá Bourget, aseguró que fue la onda expansiva causada por la explosión de un cohetón lanzado por un grupo infiltrado lo que causó el homicidio del niño, mientras que la mamá, Elia Tomayo, consideró que fue una bala de goma.
Las conclusiones de la CNDH también difieren de la postura de la mamá y de los pobladores de Chalchihuapan, pues no fue una bala de goma lo que hirió a Tehuatle Tamayo, sino un cilindro de gas.
En su recomendación, la CNDH requirió al gobierno de Puebla fincar responsabilidades a Rosas Rosas, pedir una disculpa pública a los agraviados y crear una fiscalía que resuelva el caso, entre otras peticiones.
Versión de la comisión
Según la CNDH, uno de los 426 policías estatales que participaron en un operativo desplegado en el kilómetro 14 de la autopista a Atlixco-Puebla fue el responsable directo de la lesión que posteriormente causó la muerte al menor.
Plascencia Villanueva aclaró que el titular de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, fue quien estuvo al frente del operativo en todo momento.
“Incluso fue consultado por sus mandos medios si se hacía uso o no de la fuerza pública contra los pobladores”, añadió el presidente de la CNDH.
El 21 de agosto, el gobierno de Puebla difundió un comunicado en el que responsabilizó a Willibaldo Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, de haber dado la orden del desalojo el día de los hechos.
El jefe directo de Díaz Castillo es el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, Yair Bibiano Sánchez; subordinado de la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos; quien a su vez responde directamente ante el titular de la SSP de Puebla, Facundo Rosas Rosas.
Excesos y negligencia
Según el ombudsman, también se pudo comprobar que otros nueve civiles resultaron con heridas graves, e incluso con mutilaciones, causadas también por cilindros de gas lacrimógeno lanzados por los policías estatales, pero éstos de menor alcance.
La CNDH consideró que la policía estatal incurrió en la aplicación “excesiva y negligente” del uso de la fuerza pública en el desalojo de los pobladores de san Bernardino Chalchihuapan, quienes reclamaban el regreso del servicio de Registro Civil a su comunidad el pasado 9 de julio.
La CNDH emitió un total de 10 recomendaciones al gobierno de Rafael Moreno Valle, entre las que destaca que la administración estatal debe iniciar procedimientos de responsabilidad contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, y contra el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget.
Además pidió reparar los daños a las víctimas y a sus familiares, ofrecer una disculpa pública, crear una fiscalía especial para investigar lo sucedido, desarrollar mecanismos efectivos para la atención mediante el diálogo a manifestantes, dotar de equipos de videograbación a las fuerzas de seguridad estatales, entre otras recomendaciones.
En caso de que estas recomendaciones no sean respondidas en un plazo de diez días, el ombudsman aseguró que solicitará la comparecencia de los funcionarios ante el Senado de la República.
Plascencia Villanueva dijo que acompañará a la madre de José Luis Tehuatlie a presentar una denuncia penal contra los servidores públicos que resulten responsables por el homicidio del menor.
Autoritarismo e impunidad
Diputados federales de izquierda celebraron la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, aunque consideraron que apenas es “un paso” y ahora falta llevar ante la justicia al culpable material del asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, y los demás responsables de las violaciones graves a los derechos humanos.
Las legisladoras de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, Loretta Ortiz Ahlf, del PT, y Elena Tapia Fonllem, del PRD, consideraron que luego de la Recomendación 2VG/2014 de la CNDH, el caso no debe quedar impune, pues evidencia que en Puebla “predomina un sistema de autoritarismo, impunidad, encubrimiento y opacidad”.
Las diputadas calificaron como un paso de gran trascendencia que la investigación de la CNDH haya desnudado las mentiras del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y determinara que fue el uso excesivo de la fuerza de elementos de la Policía Estatal, y en específico, un cilindro de gas lacrimógeno disparado por agentes de esa corporación, la que hirió de muerte al menor.
Dijeron que la conclusión de la CNDH “deriva de la presión ciudadana y de las organizaciones sociales (…) La muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, las lesiones permanentes a tres personas, las graves heridas que sufrieron decenas de pobladores y las detenciones arbitrarias pudieron haberse evitado. No se cumplió con ningún protocolo de actuación apegado a los derechos humanos ni se privilegió el diálogo, sino que se dio la orden de enfrentar la protesta mediante la represión”.
Condenaron el uso excesivo de la fuerza, el manejo inadecuado de armamento, la obstaculización de las averiguaciones, así como la difusión pública de una versión ficticia de los hechos, por parte del gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas.
Las legisladoras de la Comisión de Derechos Humanos se pronunciaron porque el procurador estatal, Víctor Carrancá Bourguet, y el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, asuman su responsabilidad y se retiren de sus cargos.
Asimismo, exigieron a las autoridades federales que inicien las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables y conminaron al titular de la CNDH, Raúl Plascencia, a que dé un seguimiento puntual y exhaustivo al cumplimiento de la recomendación.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, consideró que la resolución de la CNDH sobre la muerte de un menor a causa de un proyectil disparado en medio de una manifestación en Chalchihuapan, Puebla, es crítica y las autoridades deben tomar cartas en el asunto.
“Yo vi una parte crítica cuando (la resolución de la CNDH) dice que no fue un cohete, sino que un proyectil. Ahora, tocará a las instancias judiciales tomar cartas en el asunto con quien sea responsable del tema”, indicó.
Aureoles Conejo fue cuestionado también sobre un posible deslinde de responsabilidades al jefe del Ejecutivo local.
“Bueno, de entrada, aunque como siempre suceden estas cosas, luego recaen en los mandos menores…Eso es un buen paso, lo demás, pues, ya será en las instancias judiciales donde se deslinden responsabilidades”, subrayó.
En tanto, el presidente del Senado de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta sostuvo que con la recomendación “no se ha exonerado a nadie, porque la CNDH no determina responsabilidades”.
En entrevista, el legislador perredista aplaudió que el gobierno de Puebla haya aceptado la Recomendación 2VG/2014 que emitió el jueves el organismo público y subrayó que está todavía “en curso una investigación”.
“Hay una fiscalía que recomienda constituirse que determinará responsabilidades, así es que no se ha exonerado a nadie, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no determina responsabilidades”, insistió el senador al ser interrogado sobre las responsabilidades de Rafael Moreno Valle Rosas.
“Yo veo que ya emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos una recomendación, y veo bien que el gobierno del estado la asuma como tal para darle cumplimiento, es el procedimiento que la ley establece”.
¿Moreno Valle, exonerado?
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que aglutina a diversas organizaciones no gubernamentales, consideró que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, diluye la responsabilidad de las autoridades poblanas, convalida la “Ley Bala” y exonera al gobernador Rafael More
no Valle.
A través de un comunicado, el Frente señaló que la recomendación de la CNDH diluye la responsabilidad de las autoridades estatales.
Explicó que pese a que señala la responsabilidad en los hechos del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, no considera que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza, conocida como Ley Bala –que permitió llevar a cabo el operativo- sí contraviene obligaciones internacionales a las que el país está comprometido y facilitó violaciones graves a los derechos de los manifestantes.
El Frente señala que aunque se reveló que el gobierno de Puebla sí hizo un uso excesivo de la fuerza durante el operativo y que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ocultó el hecho y actuó con negligencia, omite el dolo de las autoridades estatales en falsear tal información.
“La CNDH tampoco establece responsabilidades a la PGJ, a pesar de acreditar que contaminó la escena, no recabó evidencia y que el procurador Raúl Carrancá difundió una versión falsa sobre la muerte del menor, pretendiendo inculpar a los manifestantes con la hipótesis de la onda expansiva producida por un cohetón”, cita la misiva.
Los activistas manifestaron que en su resolutivo la CNDH recomendó la reparación integral del daño a las víctimas; pero para garantizar que estos hechos no se repitan, debió considerar que la “Ley Bala” es violatoria de los derechos humanos.
Por lo anterior, el Frente planteó que existe responsabilidad de la CNDH al avalar esta legislación. Mientras que Moreno Valle faltó a su deber de prevenir y garantizar la libertad de expresión y manifestación.
Respecto a la petición de la CNDH para que la administración estatal instituya una fiscalía especial que dé cumplimiento a la recomendación que emitió, el Frente consideró que no existen garantías de imparcialidad para que ese nuevo organismo resuelva el tema, por lo que pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ejerza sus facultades de atracción.
“Para el Frente resulta preocupante que la CNDH esté guiada por una agenda política, más que por apego a su mandato constitucional, y que por ello concluya, de una investigación sesgada, que las violaciones a derechos humanos fueron producidas por omisiones y falta de apego al marco normativo, cuando hay elementos claros que demuestran la responsabilidad por acción deliberada del gobierno de Rafael Moreno Valle…”, finaliza el comunicado. (CNNMéxico /E-consulta)
