Sección 22: Ese lastre impune
El 28 de octubre de 1992, exactamente un mes y tres días antes de concluir su mandato, el ex gobernador Heladio Ramírez López, que pese a sus desaciertos fue considerado un buen gobernante, cometió una de las torpezas más grandes de que se tenga memoria en la historia política del estado: suscribió un convenio en el que entregó en bandeja de plata, los niveles de mando en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca –el IEEPO- al magisterio. Desde esa fecha hasta hoy, esa dependencia obedece al mandato de la Sección 22, convirtiéndose ésta en trabajador y patrón; en juez y parte. Desde entonces, los gobiernos subsecuentes de Diódoro Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz y la actual administración, es decir cuatro gobiernos, han ido arrastrando el peso de esa herencia, pues el IEEPO ha devenido no sólo un coto de poder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –la CNTE- sino una caja chica de sus dirigentes, que han hecho a su antojo con el presupuesto destinado a la educación, de tal suerte que hoy dicha dependencia está prácticamente en quiebra financiera, pues el adeudo con la Federación es superior a los 6 mil millones de pesos.
La situación es grave, pues para pagar el salario de los mentores, se han tenido que pedir adelantos. Según fuentes confiables y documentos que hemos tenido a la vista, en abril se pidieron a la Federación 400 millones de pesos, que serán descontados del presupuesto que se asigna al estado, en el mes de septiembre, mientras que para completar la segunda quincena de mayo, se solicitó un adelanto similar, que será descontado de los presupuestos de octubre, noviembre y diciembre. Esto es, el gobierno estatal solicita préstamos con cargo a las partidas que recibe del gobierno federal, no para obras, ni para hospitales, mucho menos para el combate a la pobreza, sino para pagar la nómina magisterial. Aunque el gobierno actual trató de desmentir la especie, con el argumento de que la rezonificación se pactó desde el 2006, hace días trascendió que el primer director del IEEPO en esta administración, Bernardo Vásquez, en complicidad con el ex dirigente de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, acordaron incrementos adicionales para rezonificar al magisterio oaxaqueño, aplicados al concepto 07, que corresponde al salario nominal.
Ello significó el aumento en prestaciones, aguinaldo, cuotas al ISSSTE, etc., pero también la carga fiscal que, a través de impuestos había que pagar a la Secretaría de Hacienda. Dicha obligación no se cumplió. Visto en perspectiva, la crisis económica que se observa en el actual régimen, la descapitalización, la falta de pago a proveedores, etc., se debe principalmente, a que el magisterio ha devenido un barril sin fondo, que ha quebrado por completo las finanzas públicas. No es pues fortuito que Vásquez Guzmán haya sido citado a declarar ante la PGR, sobre un presunto fraude fiscal superior a los cien millones de pesos. No obstante, en lugar de asumir una postura mesurada y proclive al diálogo, a sabiendas de que tienen la cola sucia, los dirigentes del Cártel-22, entre ellos, Francisco Villalobos Ricárdez, alias “Chico Pelón”, han seguido provocando al gobierno de Gabino Cué y arremetiendo en contra de la Sección 59.
Pese a lo anterior, éste último sigue en su papel de aliado incondicional, que lejos de aplicar la ley que le exigen los diversos sectores sociales, está a la espera de que la LXII Legislatura apruebe su iniciativa de ley, que más bien es del Cártel magisterial, esperando tal vez que la Divina Providencia nos haga el milagro de que no haga valer el derecho constitucional la SCJN y la famosa Ley Estatal de Educación, pase sin tocar baranda. En tanto el IEEPO, con tanto saqueo y prebendas a los maestros, siga convertido en una zahúrda financiera.
