Luego de la detención Germán Tenorio Vasconcelos, dos de los principales sindicatos de la Secretaría de Salud en la entidad demandaron la incautación de bienes y cuentas bancarias a nombre del ex funcionario y de sus prestanombres para comenzar a resarcir el quebranto de al menos 10 mil millones de pesos que se le atribuye; en el Seguro Popular, de manera anual, son malversados alrededor de mil 300 millones de pesos, mientras que, en Hospital Civil, “desaparecieron” 96 millones de pesos que serían utilizados en la rehabilitación de tres áreas. El principal nosocomio de la entidad sufre un desabasto de medicamentos de 90 por ciento, además de que trabajadores y usuarios coexisten entre carencias e incluso plagas de cucarachas y ratones
David Méndez
La detención de Germán Tenorio Vasconcelos debe ser el principio de un limpia integral en el sistema estatal de salud, que actualmente se encuentra colapsado producto de la corrupción de los funcionarios que han estado al frente de este sector durante los últimos 24 años, sentenciaron las dirigencias de los sindicatos Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud (Sityps) y Nacional de los Trabajadores del Sector Salud (SNTSA).
En entrevistas por separado, advirtieron que encarcelar a Tenorio no es suficiente para resarcir el daño sufrido en el sector, pues lo que “realmente importa” es recuperar los recursos que “han robado” tanto el secretario durante el periodo 2010-2015 como todos los personajes que en algún momento han encabezado la Secretaría de Salud desde 1992 y que “seguramente” rebasan los 100 mil millones de pesos.
Los dirigentes de ambos sindicatos señalan a los ex secretarios de Salud, Juan Díaz Pimentel, María de las Nieves García Fernández y Martín Vázquez Villanueva, como los principales personajes que contribuyeron a hundir al sector salud en la grave crisis que ahora enfrenta.
Ante ello, a tres días de que el Juez Segundo Penal dictara auto de formal prisión en contra de Tenorio Vasconcelos, bajo cargos de abuso de autoridad, los líderes sindicales urgieron a las autoridades comenzar la incautación de bienes y cuentas bancarias del ex secretario, con el objeto de ir resarciendo el daño a las finanzas públicas del estado, en lo que son aprehendidos el resto de personajes involucrados en actos de malversación de recursos.
Al respecto, ambas dirigencias llamaron a las autoridades a demostrar que el proceso penal iniciado en contra de Tenorio no es “una cortina de humo” y centrarse en la detención de los altos funcionarios que han integrado los equipos de trabajo de Germán Tenorio y el resto de los secretarios de Salud, y no en personajes de medio rango, que podrían ser considerados chivos expiatorios.
Lo anterior, luego de que el gobierno estatal anunció el arresto del ex jefe de la Unidad de Obras, Conservación y Mantenimiento de los Servicios de Salud de los SSO, Rigoberto Josué Hernández Caballero, y de otros seis personajes que en su momento se ostentaron como representantes de empresas que resultaron beneficiadas con recursos del Gobierno estatal para la instalación de baños ecológicos, obras que nunca se ejecutaron.
De acuerdo con el expediente del proceso que se sigue en contra de Tenorio Vasconcelos, aún faltan por ser aprehendidos el ex director de Infraestructura de los SSO, Víctor Hugo de los Santos León; el ex director de Asuntos Jurídicos, Jorge Octaviano Holder Cruz; el ex director de Administración, Rubén Portillo Mijangos; el ex jefe de la Unidad de Finanzas y del Departamento de Operación y Pago, Tito Carlos Rangel; el ex encargado del Departamento de Proyectos, Juan José García Legaspi, y el ex jefe del Departamento de Control e Inversión, Pedro Hernández Santiago.
En ese contexto, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud (Sityps), Saúl Ulises Cortés Maldonado, señaló que a la lista antes referida faltan otros nombres como el del asesor de Tenorio, José Antonio Correa Argüello, al tiempo que demandó que sean reabiertos los expedientes iniciados en contra de colaboradores del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, como Sergio Roberto Patoni y Partida, Marina Martha Martínez, Yuri Arias Sosa y Felipe Gama Casas, a quienes les atribuyó desvíos de recursos tan “graves” como los presuntamente orquestados por Tenorio y su séquito de funcionarios y que presuntamente ascienden a 10 mil millones de pesos.
Una historia de saqueos
Desde el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), apuntó, el sistema de salud de Oaxaca ha sido saqueado hasta quedar prácticamente colapsado, al registrar pérdidas que “seguramente” rebasan los 100 mil millones de pesos.
El líder de 150 trabajadores adscritos al Seguro Popular aseguró que con los recursos que han sido desviados durante los últimos cuatro sexenios, pudieran construirse “fácilmente” seis hospitales con tecnología de punta, como los que “existen en Estados Unidos, Rusia, Alemania y Cuba”.
Y agregó: “Esperemos que la ley y la justicia lleguen a buen puerto y se demuestren que hay culpables, pero no nada más que se vayan a la cárcel, sino que (los imputados) regresen el dinero porque lo importante es el dinero.
“El dinero sirve para tener cinco o seis hospitales de tercer nivel de primera categoría en Oaxaca, el dinero sirve para tener un equipo completo para la atención a la salud, aparatología de alto alcance, a la vanguardia con el primer mundo; con ese dinero se pueden conseguir aparatos que diagnostican enfermedades que no son diagnosticadas en laboratorios”, comentó.
Desvíos en el Seguro Popular
Únicamente en el Seguro Popular, afirmó, durante los últimos seis años han sido desviados al menos 9 mil 900 millones de pesos que debieron ser utilizados para la adquisición de medicinas, equipamiento, reparación y construcción de hospitales.
En lugar de cumplir con ello, aquel presupuesto es utilizado, hasta la fecha, para pagar la nómina de 4 mil 800 trabajadores adscritos a los Servicios de Salud de Oaxaca y cuyo salario debe depender directamente del gobierno del estado.
“En el 2008, durante la gestión de Martín Vásquez Villanueva como secretario de Salud y Yuri Arias, todos los trabajadores que tenían plazas reservadas, de confianza y temporal tiempo fijo, recibieron (4 mil 800) contratos eventuales, con la promesa de que serían regularizados al poco tiempo.
“El gobierno no puede pagar esas plazas y tiene que pagarlas con dinero del Seguro Popular y desde ese año a la fecha, el Seguro Popular desvía cerca de mil millones de pesos anuales para pagarle a estos trabajadores”.
Cortés explicó que al momento de ser creado, en 2002, el Seguro Popular era un ente de financiamiento para infraestructura, equipamiento, compra de medicamentos, materiales de curación, instrumental y aparatología de punta para cada una de las unidades hospitalarias médicas de primer y segundo nivel.
Así, el Seguro Popular tenía la responsabilidad de comprar y equipar todas las unidades, sin contratar personal, pues el recurso humano tenía que ser aportado por los gobiernos locales. En caso de contratar mano de obra, ésta tenía que ser financiada del presupuesto de los estados.
A pesar de que fue el ex secretario de Salud, Martín Vásquez Villanueva, el que autorizó desviar los mil millones de pesos anuales para el pago de nómina, Germán Tenorio y Gabino Cué Monteagudo dieron continuidad a esta práctica, denunció el dirigente.
A aquellas irregularidades, se suma una malversación de 900 millones de pesos acumulada entre 2014 a 2016, derivada de recursos que tendrían que ser destinados a la base trabajadora del Seguro Popular, conformada por alrededor de mil trabajadores.
El líder detalló que en 2014, una vez que el Congreso de la Unión convirtió al Seguro Popular en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud de México con autonomía técnica, administrativa y operativa, en ente tuvo que contratar mano de obra, con independencia del gobierno estatal.
Esto se tradujo en una doble carga para el organismo, pues además de sufragar una nómina propia valuada por la Federación en 600 millones de pesos, tiene que hacerse cargo de las 4 mil 800 plazas de la Secretaría de Salud que le atribuyeron los gobiernos de Ulises Ruiz y Gabino Cué.
En una treta para poder salir avante, dijo el dirigente, la anterior administración gubernamental decidió pagar únicamente el 50 por ciento del sueldo que corresponde por decreto a los trabajadores que fueron contratados en 2014 y años posteriores.
El secretario del Sityps afirmó que aunque la Federación ministra recursos anuales por arriba de los 600 millones de pesos etiquetados para el pago de nómina, el gobierno de Oaxaca únicamente canaliza a ese rubro 300 millones y del resto hace uso de manera discrecional.
“Sabemos que esta no es bronca del nuevo Gobernador, pero algo tiene que hacer; tiene que (terminar con estos vicios) porque si no va a colapsar esto”, comentó.
Denunció que ninguno de los trabajadores del Seguro Popular cuenta con plaza base ni seguridad social.
Si ello no fuera suficiente, apuntó, se añaden anomalías como que funcionarios cercanos a Germán Tenorio Vasconcelos y todavía en activo en los Servicios de Salud obtuvieron puestos dentro del Seguro Popular.
Tal es el caso de la jefa de Unidades Médicas, Josafat Zárate Escamilla, reiteradamente acusada por la base trabajadora de incurrir en actos ilegales como malversación de recursos destinados para la adquisición de medicamentos y favorecer con contratos a allegados, y Édgar Ramírez, quien, de acuerdo con el dirigente, se desempeñó en el área del Departamento Jurídico de Germán Tenorio Vasconcelos y hoy es el encargado de la misma área en el Seguro Popular.
Como esos hay diversos casos dentro de la nómina de aquella entidad, así como nombramientos que no son reconocidos en el ámbito federal, de los cuales no pudo precisar mayores datos, bajo el argumento de que no contaba con pruebas para demostrarlo.
Por último manifestó que estos desvíos documentados se aúnan a otros que son evidentes pero que, a la fecha, no cuentan con constancia legal, como el caso del nulo suministro de medicamentos y la falta de mantenimiento en la mayoría de los hospitales.
Anualmente, el Seguro Popular recibe en Oaxaca alrededor de 4 mil millones de pesos y las autoridades ejercen alrededor de 2 mil 500 millones sin transparencia, acusó.
Hospital Civil en el abandono
El caso del Hospital Civil de la ciudad de Oaxaca, no es mejor.
El nosocomio más grande de la entidad, que recibe a pacientes de todo el estado, funciona con sobrepoblación, con insuficiencia de equipamiento, un desabasto de medicamentos de al menos 90 por ciento, con plagas de cucarachas y ratas en la cocina, equipos obsoletos en la lavandería y con un edificio con daños estructurales que está a punto de duplicar su tiempo de vida útil.
En 2015, cuando Germán Tenorio aún se desempeñaba como titular de Salud, se anunció que el inmueble recibiría una inyección de 96 millones de pesos con los que se remodelaría y equiparían tres áreas: Tococirugía, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y el área de Urgencias de Pediatría y Urgencias Adultos.
Aquél, fue el único proyecto presentado por el gobierno gabinista para hacer más eficiente el servicio hospitalario de los Valles Centrales; sin embargo, el proyecto fue abandonado y, los recursos, desaparecidos, según la denuncia del secretario de Organización de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSA), Carlos Alberto Pérez Bautista.
El dirigente, quien hasta enero pasado fungió como delegado de la Subsección 07 del SNTSA, a la que pertenecen todos los sindicalizados del Hospital Civil, explicó que la obra fue comenzada en junio de 2015 y estaba programa para ser entregada en diciembre del mismo año.
En total, la Secretaría de Salud reportó que 30 millones de pesos serían invertidos en infraestructura y 66 millones en equipamiento.
Las obras comenzaron en junio de 2015, el mismo mes que Tenorio renunció al cargo, en medio de una creciente inconformidad social por la mala calidad de atención en los centros hospitalarios y señalamientos de la clase trabajadora de malversación de los recursos para la adquisición de medicinas.
Al cabo de un año y medio, los trabajos avanzaron únicamente 10 por ciento, hasta que la empresa decidió suspender actividades ante la falta de pago.
“Estamos pidiendo que se investigue quién fue el que desvió ese recurso, porque era un dinero que venía etiquetado exclusivamente para el Hospital “Aurelio Valdivieso.
“Una vez que el recurso llega al gobierno del estado, lo transfiere a las cuentas de Salud y es ahí donde hay el desvío de recursos porque ese recursos jamás se utilizó para el estado”, consideró.
Desde diciembre pasado, el actual gobierno estatal se hizo cargos de los trabajo y, en la actualidad, los trabajos en el área de tococirugía registran un avance de 90 por ciento y se prevé que sea reabierta al público antes de que concluya junio.
Sin embargo, las actuales autoridades afirman que el capital con que los trabajos se están llevando a cabo, son recursos nuevos.
A pesar del avance de la obra antes mencionada, las carencias al interior del nosocomio son evidentes. Techos sin plafón, con la red eléctrica, tubulares y tuberías a simple vista y cucarachas muertas en las escaleras.
Ratones y cucarachas
En la cocina, debido a los deficientes trabajos realizados por las empresas contratadas para fumigar “que parecen que echan agua”, existen plagas de roedores como cucarachas y ratones, por lo que no se cumple con las normas sanitarias, reconoció Pérez Bautista.
“Tenemos tres años pidiendo que se mejoren las instalaciones, que se cambien los equipos que prácticamente son obsoletos”, comentó.
En el área de cocina, donde ha sido detectada “fauna nociva” se producen alimentos para 320 pacientes y 800 trabajadores, entre médicos, enfermeras y personal de apoyo.
“Lamentablemente, hay mucha fauna nociva. Las empresas que se contratan para la fumigación no dan buenos resultados; pareciera que solamente empiezan a regar agua, nada más, porque vemos que la fauna nociva no disminuye.
–¿Hay cucarachas, ratones?, consultó este medio.
–Cucarachas, ratones, así es. En el área de preparación de alimentos es importante la higiene (y por ende) hemos estado contantemente pidiendo que mejoren.
–¿Hay plagas?
— Sí aunque se fumiga constantemente, aquí en el hospital, hay plagas.
Y no es todo. Esta área tampoco cuenta con el aval de Protección Civil, debido al peligro que corren todos los que ahí laboran, debido a la falta de espacios adecuados para colocar estufones y parrillas.
“No, estas áreas no cumplen con los estándares de seguridad. Protección Civil ha hecho muchas recomendaciones a salidas de emergencia; cómo ubicar los estufones o las parrillas, que son peligrosas… todo eso se ha tratado de corregir y no se ha podido… no tenemos el aval de Protección Civil”.
En el área de lavado existe un equipo que data de 1980, mientras que otros tres registran una antigüedad de siete años. Todos estos equipos, trabajan al 50 por ciento de capacidad porque “no dan para más”.
Sólo una lavadora, adquirida hace un año, es capaz de cumplir con todas las necesidades del personal.
En el caso de las secadoras, dos permanecen fuera de servicio, obsoletas, y sus piezas son utilizadas como refacciones de tres equipos más que trabajan a menos del 50 por ciento, debido a que han prácticamente duplicado su tiempo de vida.
