El presidente Barack Obama anunció que dictará medidas ejecutivas para reformar, en lo posible, el sistema inmigratorio de Estados Unidos
Mauricio FarahGebara
A pocos días de haber reconocido que Estados Unidos enfrenta una enorme “crisis humanitaria” en su frontera sur, ante la oleada de más de 52 mil niños migrantes detenidos en condiciones infrahumanas desde octubre de 2013, el presidente Barack Obama anunció que dictará medidas ejecutivas para reformar, en lo posible, el sistema inmigratorio de Estados Unidos.
Tales declaraciones se produjeron luego de que las esperanzas de que la reforma migratoria integral sea aprobada en el Congreso este año quedaron oficialmente sepultadas tras el anuncio del republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, quien negó la posibilidad de que ésta congenie antes de 2015 con el proyecto de reforma migratoria aprobado por el Senado en 2013.
De alguna manera, esta declaración es una especie de epitafio para una de las piezas clave del segundo mandato presidencial de Obama, pues dicho programa hubiese beneficiado a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que, se estima, viven actualmente en la Unión Americana.
Ese proyecto fue aprobado hace un año en el Senado gracias a un inusual consenso entre republicanos y demócratas, pero languidece desde entonces en la Cámara de Representantes, controlada por una mayoría republicana. Esta es la razón por la que Obama anunció que ajustará partes del sistema mediante decretos ejecutivos que, si bien evitan el Congreso, tienen un poder limitado.
Pero lo peor de todo es que la decisión de firmar órdenes ejecutivas está enfocada, sobre todo, no a dar una respuesta humanitaria sino a agilizar las deportaciones a través de la suspensión de normas contra la trata para permitir la expulsión automática de los menores, la contratación de jueces de inmigración para agilizar los procesos, la apertura de nuevos centros de detención y el fortalecimiento de la vigilancia en la frontera.
Este anuncio de la presidencia de Obama se da cuando su mandato se destaca por haber alcanzado más de 2 millones de deportaciones, el mayor número de éstas generadas en Estados Unidos.
Numerosas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes repudiaron la respuesta del Gobierno frente a la crisis humanitaria, señalando que el flujo de niños a través de la frontera requiere realmente una respuesta humanitaria, no un incremento en las deportaciones. Después de todo, la inmensa mayoría de infantes que se aventuran a tratar de ingresar a Estados Unidos lo hacen con el afán de reunirse con sus familiares.
Es terrible, por lo tanto, que el gobierno norteamericano se limite a tratar de agilizar las deportaciones, pues tal medida va contra todos los derechos de los infantes y contra el interés superior del niño que busca alguna posibilidad de reunificación familiar.
Por otra parte, esta estrategia de Obama es políticamente muy riesgosa: profundiza los roces con los republicanos, puede tener consecuencias contraproducentes en el terreno migratorio y, sobre todo, pone en peligro para los demócratas la lealtad del voto latino en un año en el que habrá de renovarse en las urnas la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Ahora bien, es cierto que se trata de un fracaso compartido entre el Ejecutivo y el Congreso. Ambos poderes no lograron ponerse de acuerdo para solucionar el problema. Obama fue incapaz de responder completamente a lo que prometió en sus campañas y, por supuesto, como presidente es responsable, pero el Congreso también carga con culpa por su manifiesta incapacidad y falta de interés de actuar sobre un tema de interés nacional.
Pero el golpe más duro será, indudablemente, para Obama, que llegó y se sostuvo en la Casa Blanca con el apoyo mayoritario de la población latina e insistentemente había calificado su proyecto de reforma migratoria como una prioridad económica y política. Quedan menos de dos años de gobierno y faltan pocos meses para las elecciones de mitad de periodo en las que Obama puede perder aún más apoyo en el Congreso.
Dar la reforma integral por muerta puede marcar no sólo el resto de su mandato sino también el legado que deje el primer presidente afroamericano al salir de la Casa Blanca.
