EDITORIAL
Hace poco más de una semana, el gobernador Alejandro Murat participó en la Novena Reunión Anual de la Organización Mundial de Zonas Económicas. Ahí estuvo el representante de la autoridad federal, Gerardo Gutiérrez Candiani. La reunión se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia. Ahí, el gobernador oaxaqueño dio a conocer las bondades de nuestro estado, particularmente de la región del Istmo de Tehuantepec, en donde, por mandato presidencial, se ha ubicado una de las zonas económicas especiales (ZEE). Perfiló a la región –porque en efecto lo es- como una de las zonas con mayor potencial en México, dada la cantidad de recursos naturales de que dispone, lo cual la ubica en un marco estratégico del desarrollo del sur-sureste del país. La semana anterior, ya en la capital oaxaqueña subrayó las millonarias inversiones que se esperan para el Istmo, frente a los representantes de las cúpulas empresariales del país, algunos de los cuales exigieron restablecer el Estado de Derecho, como mecanismo de éxito para las ZEE.
Murat Hinojosa ha sido un incansable promotor de la inversión, pues es capital lo que hace falta para hacer que dicha zona tenga un despegue acorde a los tiempos modernos. Sin embargo, pese a la buena disposición del ejecutivo estatal, en Oaxaca hay factores, grupos y adversarios políticos, que se han empecinado en torpedear esos buenos propósitos. Un ejemplo son los proyectos para la generación de energía eólica, en donde las empresas han sido puestas a tres fuegos: por un lado organizaciones y grupos que buscan extorsionar a los empresarios, con el viejo ardid de la defensa de los derechos indígenas y el territorio; por el otro, ediles y comuneros que le ven a todo una ganancia económica y cierran los parques a la menor provocación, finalmente, los grupos criminales que azotan la región y ven en las empresas, un eje de sus propósitos delictivos.
El panorama pues, sin ficciones ni fatalismos, es delicado. Insistimos: no se trata de poner en tela de juicio el buen propósito gubernamental, sino de ubicar en su exacta dimensión el problema. En tanto no existan mecanismos para otorgar seguridad, para acotar o limitar a los grupos de presión o desalentar el chantaje de ediles y comuneros, habrá que tomar sus providencias. Incluso, hay quienes insisten en que la Zona Económica Especial (ZEE), del Istmo de Tehuatepec, está en riesgo ante la amenaza de los factores que hemos señalado. El ejemplo está en “Eólica del Sur”, una empresa que llegó a San Dionisio del Mar, para instalar sus aerogeneradores en la Barra de Santa Teresa, pero que luego de años de luchar, tuvo que cambiar de aires. Los encontró en Juchitán de Zaragoza y El Espinal, en donde los amparos y movilizaciones le han impedido operar. Empero, Mitsubishi, una de las socias, acaba de anunciar nuevas inversiones.
Desde diversas perspectivas se ha insistido, incluso desde el mismo gobierno de Gabino Cué: el diálogo no basta con organizaciones y grupos –incluso criminales- que han encontrado en los inversionistas sus víctimas favoritas. Hace un par de semanas fue detenido un famoso delincuente de la región istmeña: Juan Terán Regalado. Aunque se dijo que fue detenido por delitos graves como delincuencia organizada, no es así. Está bajo proceso en un penal estatal regional, luego de haber sido detenido en Puebla. En su vertiente de constructor amenazaba o tenía bajo su tutela a transportistas que obligaban a las empresas a contratar sus servicios. No obstante, cayó un delincuente, pero otros siguen operando con singular enjundia. Algunos disfrazados de luchadores sociales, como los que se escudan en la famosa Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ), abiertamente extorsionadores, que ahora van en contra de las inversiones en fundos mineros. Éste es el panorama siniestro del entorno de las inversiones en Oaxaca.
