Estos 17 legisladores representan únicamente los intereses de partidos, gobernantes y exgobernantes. Llegaron a sus puestos gracias a componendas políticas, algunas de ellas, emanadas tras manipular a sus dirigencias con abandonar las filas de su partido u operar en contra de él. A pesar de que el 68.8 por ciento de la población de la entidad vive en la pobreza, estos funcionarios reciben, en conjunto, un sueldo anual de 8 millones 568 mil pesos, además de 20 millones 400 mil pesos para gastos de asesores y 25 millones 500 mil pesos para “gestión social”, recursos que en la mayoría de los casos no son transparentados
Álvaro Morales
En Oaxaca, un estado donde el 66.8 por ciento de sus ciudadanos viven en condición de pobreza y 28.3 en pobreza extrema, 17 diputados plurinominales, que llegaron al Poder Legislativo sin 
hacer ningún tipo de trabajo proselitista, cobrarán anualmente del erario 59 millones 568 mil pesos.
Mientras el 75 por ciento de los trabajadores oaxaqueños no reciben prestaciones de ley –como Seguridad Social, reparto de utilidades o aguinaldo–, este grupo de funcionarios, ungidos directamente por gobernadores, exgobernadores y líderes estatales y nacionales, obtendrán, en conjunto, un sueldo de 8 millones 568 mil pesos, además de 20 millones 400 mil pesos para gastos de asesores y 25 millones 500 mil pesos para “gestión social”, de acuerdo con información proporcionada por integrantes de la propia legislatura.
A ello, se sumarán 5 millones 100 mil pesos –25 mil pesos mensuales–, por cada comisión, permanente o especial, que encabezan, precisaron las fuentes.
Los recursos puestos a disposición de estos legisladores quintuplican el presupuesto (12.3 millones de pesos) que recibirá a lo largo de 2017 la población de Santiago Textitlán, Sola de Vega, el sexto municipio más pobre de México, según mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Amagar con renunciar a su militancia partidista y “operar” para otro instituto político, “compensaciones” por dejar el camino libre para que otros miembros de sus partidos pudieran aspirar a cargos de mayor envergadura, como la gubernatura del estado, o simples componendas para defender los intereses de sus líderes nacionales y estatales, son las vías por las que estos personajes llegaron al Congreso oaxaqueño, el sexto más caro de México.
Las 17 diputaciones plurinominales en la 63 Legislatura se dividen de la siguiente forma: tres para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); cinco para Movimiento Regeneración Nacional (Morena); tres para el Partido de la Revolución Democrática; tres para el Partido Acción Nacional (PAN); dos para el Partido del Trabajo (PT), y una para el Partido Unidad Popular (PUP).
¿Quiénes son?
Samuel Gurrión Matías encabeza la lista de legisladores priistas designados por el método de representación proporcional, como también se le conoce a este sistema.
El político istmeño, exdiputado federal y empresario sobre el que recaen acusaciones de enriquecimiento ilícito, obtuvo la curul tras una negociación con el grupo que impulsó a Alejandro Murat Hinojosa como candidato al gobierno de Oaxaca.
Durante el proceso interno efectuado por su instituto político, Gurrión se postuló como uno de los seis aspirantes a obtener la nominación rumbo a los comicios gubernamentales de 2016, pero, luego de algunas semanas, declinó.
Su activismo en el Poder Legislativo, sin embargo, fue de los más bajos durante el primer periodo ordinario de sesiones, al contabilizar en sus registros una iniciativa de ley y un punto de acuerdo promovidos de manera individual, y dos puntos de acuerdo suscritos con diputados de Morena y PRD.
Sin contar las retribuciones extraordinarias derivadas de su encargo como presidente de la Mesa Directiva, Gurrión recibe mensualmente 42 mil pesos de salario, 100 mil pesos para el pago de asesores, 125 mil para gastos de gestión, así como 25 mil pesos más como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, un total de 292 mil pesos.
Así, hasta abril pasado, el priista había dispuesto de un millón 168 mil pesos, lo que significa que cada proposición que presentó al Pleno cameral tuvo un costo de 292 mil pesos.
El pasado 27 de abril, en redes sociales, fueron divulgadas una serie de fotografías en las que se aprecia al político istmeño en un paseo por la ciudad de Nueva York, en compañía de una modelo.
Dos meses antes de este acontecimiento, trabajadores de un medio de comunicación propiedad del legislador denunciaron un retraso en sus pagos por más de tres meses.
La coordinadora
María de las Nieves García Fernández, exsecretaria de Salud durante el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano y vocera de Alejandro Murat en la campaña electoral, ocupa otra de las plurinominales.
Funge como coordinadora parlamentaria y durante el primer periodo ordinario de sesiones no presentó ninguna iniciativa o punto de acuerdo a título personal.
En cambio, se suscribió a tres iniciativas y un punto de acuerdo con dos de sus compañeros de bancada.
El siete de diciembre de 2016, al lado de Luis Antonio Ramírez Pineda, propuso una iniciativa para homologar los periodos de sesiones del Congreso local con los de la Cámara de Diputados federal; no obstante, la propuesta continuaba en estudio hasta el 15 de abril
Dos semanas después, el 21 de diciembre, adhirió su nombre a un proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y que, al igual que el anterior, permanece en la congeladora.
También el 21 de diciembre, el Pleno aprobó con urgente y obvia resolución un punto de acuerdo suscrito tanto por la líder priista y Manuel León Sánchez, a través del cual exhortaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a ampliar la cobertura en las zonas marginadas de Oaxaca de las tecnologías de comunicación.
Finalmente, el 2 de febrero pasado, en una determinación que provocó múltiples protestas por parte de obreros sindicalizados, propuso y el Pleno aprobó que la administración del Monte de Piedad pasara a la Secretaría de Finanzas.
Al igual que Gurrión, García Fernández dispuso durante el primer periodo ordinario de sesiones de al menos un millón 168 mil pesos, sin contemplar las remuneraciones extraordinarias por desempeñarse como coordinadora de su partido.
Cada proyecto al que se adhirió tuvo un costo de 292 mil pesos.
Legislador improductivo
El tercero es Luis Antonio Ramírez Pineda, hijo del exgobernador Heladio Ramírez López, quien a lo largo de los primeros cinco meses de actividad en el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan sólo promovió un punto de acuerdo en el que solicitó al Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), el 23 de noviembre de 2016, un informe sobre las medidas que había adoptado tras la designación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Posteriormente, el 7 de diciembre, suscribió con su coordinadora parlamentaria una iniciativa para homologar los periodos de sesiones del Congreso local con los de la Cámara de Diputados federal.
De acuerdo con el tabulador de percepciones de los diputados oaxaqueños, Ramírez Pineda “cobró” 584 mil pesos por cada documento que firmó y puso a disposición para su análisis y dictaminación.
Morena no se queda atrás
Morena, oficializado como partido en julio de 2014 y que, en la actualidad, encabeza las preferencias electorales rumbo el 2018, cuenta con cinco diputaciones plurinominales.
Sin embargo, únicamente dos de ellos, León Leonardo Lucas y José María Melgar, promovieron puntos de acuerdo o iniciativas por cuenta propia.
Lucas presentó, el 15 de marzo, una iniciativa de ley que pretende crear el delito “contra la imagen de las personas”, con el objetivo de castigar y perseguir a quien revele imágenes o grabaciones que atenten “contra la intimidad de los ciudadanos”. Esta propuesta se encuentra en estudio en la Comisión de Administración de Justicia.
Por su parte, José María Melgar promovió un punto de acuerdo para exhortar a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a reparar el daño causado a la flora y fauna en la zona mixe y zapoteca del noreste del Golfo de Tehuantepec por la construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec.
Asimismo, Candelaria Cauich Ku se adhirió a un exhorto aprobado el 22 de febrero pasado, en el que se solicita al Consejo de la Judicatura Federal analizar “la viabilidad para la creación de un juzgado de distrito en el municipio de Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
Fernando Lorenzo Estrada y Neli Espinosa Santiago, simpatizantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no presentaron ningún proyecto, al igual que el istmeño Javier Velásquez Guzmán.
Durante el primer periodo de sesiones, los cinco plurinominales de este instituto dispusieron de 7 millones 300 mil pesos; un millón 50 mil pesos en dietas; 2 millones 500 mil pesos para el pago de asesores, 3 millones 125 mil pesos para gestión y 625 mil pesos por presidir comisiones.
PRD, poca eficiencia
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), los tres espacios de representación proporcional le pertenecen a Silvia Flores Peña, Horacio Antonio Mendoza y Paola Gutiérrez Galindo.
Flores presentó 17 proposiciones, entre ellas un proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Adopciones del Estado de Oaxaca y una iniciativa para reformar la fracción 11 de la Ley Estatal de Salud para contemplar dentro del marco jurídico el otorgamiento de cuidados paliativos para enfermedades crónico degenerativas o en fase terminal, que se encuentran en etapa de estudio.
Asimismo, le fue aprobado un decreto por el que se reformó el artículo 66 del Código Civil del Estado de Oaxaca para convertir al certificado de nacimiento en un requisito para obtener el acta de nacimiento de cualquier infante, así como un punto de acuerdo, aprobado con urgente y obvia resolución el 21 de diciembre de 2016 para exhortar a la Fiscalía General del Estado esclarecer el crimen del edil de Ocotlán de Morelos, el perredista José Villanueva Rodríguez.
Horacio Antonio Mendoza, a su vez, puso a disposición del Pleno 15 proposiciones de las cuales le fueron aprobados tres puntos de acuerdo, mientras 12 proyectos de decreto permanecen en comisiones.
Cada documento promovido por este legislador, le costó 389 mil 333 pesos.
A su vez, Paola Gutiérrez Galindo, la tercera perredista propuso 19 iniciativas, pero sólo cinco le fueron aceptadas. El resto, permanece en fase de estudio en comisiones.
La labor legislativa de la funcionaria, quien forma parte del equipo del líder de comerciantes y exdiputado federal, Hugo Jarquín, costó por cada documento avalado 233 mil 600 pesos.
Por el Partido del Trabajo llegaron al Congreso José de Jesús Romero López, quien la semana pasada renunció a la bancada y se sumó a Morena.
Romero López, coordinador de campaña de Benjamín Robles Montoya y cercano del exgobernador Ulises Ruiz, propuso dos puntos de acuerdo –uno avalado– y siete iniciativas con decreto, de las cuales una fue desechada y seis permanecen en la congeladora.
Por su parte, Rosa Elia Romero Guzmán subió a discusión nueve proposiciones, tres puntos de acuerdos y tres proyectos con decreto, pero ninguno de ellos ha sido dictaminado.
Juan Bautista Olivera Guadalupe propuso siete iniciativas, de las cuelas cinco fueron rechazadas y dos respaldadas por el resto de los partidos.
La bancada del Partido del Trabajo promovió un total de 25 proyectos, entre exhortos, decretos e iniciativas de ley, pero sólo tres han logrado ser respaldados por el Pleno de la Cámara de Diputados local.
Estos tres funcionarios tuvieron a su disposición durante los últimos cinco meses recursos por 3 millones 500 mil pesos, lo que se traduce en que cada que cada punto de acuerdo que les fue autorizado costó un millón 168 mil pesos.
Acción Nacional
Por el Partido Acción Nacional (PAN) figuran Eufrosina Cruz Mendoza, quien se presume será la coordinadora de la fracción, en caso de que los tribunales confirmen el triunfo de Luis de Guadalupe Martínez como presidente estatal de aquel instituto político.
Cruz, con experiencia como diputada federal e identificada con la corriente nacional de Margarita Zavala, promovió 10 iniciativas: siete iniciativas de reforma y tres puntos de acuerdo.
De ellos, únicamente dos exhortos le han sido aprobados. El primero, votado en marzo pasado, llamó al gobierno del estado y al DIF estatal a cumplir con los pagos del programa “Bienestar, y, el segundo, para demandar a la SCT a cumplir con la colocación de rampas de frenado sobre la autopista Oaxaca-México, en el tramo Oaxaca-Mitla.
Por su parte, el expresidente estatal, Juan Mendoza Reyes, quien ha sido acusado por las tribus panistas de haber hundido a su partido en la peor crisis de su historia, dio trámite a siete iniciativas y cuatro puntos de acuerdo. De ellos únicamente tres proyectos fueron avaladas por el Pleno y el resto quedaron rezagadas.
Cantidades insultantes
La partida destinada a los diputados plurinominales, que asciende a 59 millones 568 mil pesos, es mayor, por 41 millones, a los recursos que recibió en 2016 el programa para Infraestructura Educativa Media Superior 16.6 del ramo 33 (16.6 millones de pesos).
Supera, además, por 38.9 millones de pesos al Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, contemplado dentro del ramo 28, que el año pasado dispuso de 18.8 millones de pesos.
Por si ello no bastara, estos recursos son inferiores en 5 millones de pesos a lo etiquetado a todos los proyectos de cultura que fueron programado durante el año pasado y cuyo monto ascendió a 62 millones 826 pesos.
De acuerdo con el Coneval, el porcentaje de pobreza de Oaxaca pasó de 2012 a 2015 de 61.9 a 66.8 por ciento de la población; lo anterior significa que el número de ciudadanos en esta condición pasó de 2 millones 434 mil 600 a 2 millones 662 mil 700.
En tanto, la porción de oaxaqueños en pobreza extrema se incrementó de 23.3 a 28.3 por ciento. Así, de 916 mil 600 pobladores contabilizados en 2012, la cifra llegó a un millón 130 mil 300.
A pesar de estar condiciones, los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo continúan con el derroche de recursos, a pesar de los múltiples recursos de austeridad pronunciados por todo tipo de funcionarios.
