Por Gabriel Ibarra Bourjac
Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del gobierno del estado de Jalisco se ha hecho notar la actuación de Eduardo Almaguer quien le ha entrado a los temas a fondo y en forma directa teniendo como garrote en su mano la ley y que contrasta con aquellos funcionarios light que les gusta nadar de muertito y que suelen simplemente administrar los problemas, sin resolver, dejando hacer, dejando pasar.
La añeja corrupción en la Junta de Conciliación y Arbitraje que en los últimos años se expandió con las demandas de la burocracia en complicidad con los abogados talibanes –como los bautizó Almaguer– en contubernio con los malos funcionarios gubernamentales, se convirtieron en un cáncer para las finanzas públicas con sus demandas millonarias que procedían sin tener sustento jurídico, bastaba simplemente que se presentara la demanda, como tenemos el ejemplo del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y alcantarillado (Siapa), institución que pagó decenas de millones de pesos convirtiéndose en la mina de oro para los corruptos.
Ahora, el secretario del Trabajo, le entró al tema del transporte público con la revisión que hizo de las condiciones de trabajo de los choferes de las unidades del servicio del transporte, para hacer a un lado el mito que la autoridad no puede intervenir ni meter en cintura a los transportistas y sus unidades porque tienen el beneficio de una suspensión o amparo para poder circular sus unidades.
En esa tesitura se encuentran cinco rutas, que algunos les llaman piratas, que operan sin la autorización del gobierno del estado y que en total suman cuando menos 121 unidades del transporte público que prestan el servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara (…) Además de la Ruta 24 cuentan con amparo la 701, 808, 809 y la 62 al operar con resoluciones judiciales y sin contar con concesiones o subrogatarios vigentes, conforme a la información proporcionada por el director jurídico de la Secretaría de Movilidad, Saúl Cotero Bernal.
Como bien dice el coordinador del Observatorio Ciudadano de Transporte Público y Movilidad, Alberto Galarza, “El Rojo”, “un amparo no es arma para matar, ese no es el espíritu de la ley (…) La suspensión no impide a la autoridad sancionar cuando se violan las leyes en la materia, ni permite a aquellas que actúen con impunidad”.
Una suspensión y un amparo tienen fecha de caducidad. El problema es cuándo estos recursos de la Constitución permiten para defenderse contra arbitrariedades de la autoridad o de decisiones que afectan un derecho, no son combatidos y entra el contubernio entre funcionarios y particulares, de tal suerte que estos hechos derivados de las suspensiones permiten actuar con impunidad y eso es un factor que va en detrimento de la calidad de un servicio público que el Estado está obligado a proporcionar pero que se lo concesiona a un particular como es el caso del transporte público.
Mano dura
Durante la semana, Eduardo Almaguer encabezó el operativo que se dirigió a la Ruta 24 que circula por la López Mateos a fin de realizar la inspección laboral, verificando las condiciones laborales; participaron de la misma forma elementos de la Secretaría de Movilidad. La reacción de Enrique Galván no se hizo esperar. Iracundo, fuera de sí, pretendió obstaculizar la acción de la autoridad, aduciendo que se carecía de facultad legal, porque existía el amparo que los protegía que les otorgó el Tribunal Administrativo del Estado (TAE).
“Corrupto, prepotente, violador de la ley”, fue lo menos que Enrique Galván le gritó a Almaguer, quien ni tardo ni perezoso, rápido reaccionó y le pidió a la Policía de Zapopan que se llevaran detenido a este representante legal de la Ruta 24 por obstruir la acción de la autoridad. Galván recuperaría al día siguiente su libertad, previo depósito de fianza por 200 mil pesos.
¿Fue ilegal la acción de verificar las condiciones laborales y de seguridad de la Ruta 24, y llevar a cabo, consecuentemente, la inspección laboral que encabezó el secretario Almaguer? ¿Se extralimitó? ¿Violó el amparo que tiene la Ruta 24?
Definitivamente no puede ser ilegal, porque el amparo del TAE no otorga delimitar actividades de la Secretaría del Trabajo, por lo que estoy convencido que el acto realizado estuvo apegado a la ley. El que Enrique Galván cuente con un amparo, no le da derecho a agredir, a la autoridad, la suspensión que tienen del TAE es para que pueda circular su unidad, pero no para violar la ley, como bien lo argumentó Almaguer.
Bien por este operativo con firmeza que ha encabezado Almaguer. Ojalá el gobernador Aristóteles tuviera más funcionarios con el valor y la definición de este recio funcionario que le entra al toro en serio.
