Dejemos a un lado las declaraciones –siempre las mismas- sobre el nuevo caso de linchamiento de dos policías del estado de México. Hagamos un ejercicio de sinceridad. ¿Justifica usted a los habitantes de San Andrés Tlalamac? Retuvieron y golpearon a cinco policías, dos de los cuales murieron. Los policías habían sido acusados de matar a uno de los habitantes durante un operativo contra la tala clandestina.
Hermenegildo Castro Ojeda
Twitter: castroherme
Si usted vive en las zonas residenciales de Huixquilucan o Valle de Bravo, seguramente lo rechazará. Si su colonia está vigilada por la policía, si usted tiene manera de hacerse oír por la autoridad, si tiene acceso a los medios de comunicación, entonces la ley y el debido proceso, el Estado de derecho, son para usted fundamentales para mantener la convivencia en sociedad.
Pero si vive en Neza, Chalco, Ixtapaluca, Tlalmanalco, lo más probable es que lo justifique, no por ignorar la ley sino porque vive en medio de la desesperación y el abandono del gobierno mexiquense. Un linchamiento es una advertencia para que no haya más delitos, para que los delincuentes dejen en paz a los habitantes. Entonces, ¿la aplicación de la justicia por propia mano es una opción moralmente válida para proteger la convivencia social?
Póngase por un momento en los zapatos de una persona que conozco y cuyo caso le cuento. Vive en Chalco, es dueña de una vulcanizadora y todos sus ingresos provienen de las “talachas”. Tenía una hija de 15 años. La secuestraron. Pagó 20 mil pesos de rescate. Reconoció a uno de los secuestradores y acudió a presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Al día siguiente le mataron a la niña. ¿Acudiría usted otra vez al MP para acusar al mismo probable delincuente? ¿Cómo se enteró el delincuente de la denuncia si no fue por el propio MP?
A diferencia de Huixquilucan o Valle de Bravo, la zona oriente del estado de México ha sido abandonada a su suerte por el gobierno de Eruviel Ávila. Allí la delincuencia se da el lujo de montar oficinas para cobrar las extorsiones e incluso impone “derecho de piso” a algunos ciudadanos para que puedan vivir en su propia casa. En ese contexto se han registrado días de furia, por la desesperación y la crisis de autoridad
Como los habitantes del oriente del estado carecen de los recursos para comprar armas y organizar su propia autodefensa, como no hay grandes comerciantes o empresarios dispuestos a financiar su organización, la mayoría no pueden hacer nada contra la delincuencia organizada. En su intento de enfrentar a la delincuencia común, seguramente afectan a personas inocentes, como el caso de los tres albañiles quemados en Chalco en 2012.
Los días de furia se extienden. ¿Recuerda que el año pasado, en marzo, lincharon a un joven acusado de estar relacionado con la desaparición de varias jovencitas de Santa María Chiconautla, Estado de México? ¿Recuerda que diciembre de 2012 dos hombres fueron linchados en Texcoco acusados de intentar secuestrar a dos personas? En el rescate de los delincuentes, la policía perdió dos patrullas que fueron quemadas.
El linchamiento ocurre como una medida desesperada, cuando se perdió la fe en la justicia institucional, cuando la presencia del Estado es nula o los aparatos encargados de impartir justicia presentan tal grado de corrupción que los delincuentes obtienen verdaderas patentes de impunidad. No se trata solamente de un problema asociado a la pobreza, sino derivado de la falta de confianza y credibilidad en el gobierno.
Estudios internacionales citados por Ana Laura Magaloni revelan que entre 99 países del mundo, México ocupa el lugar 96 en materia de seguridad, el 88 en justicia civil y el 97 en justicia penal. Es decir, concluye la autora, “México tiene el peor sistema de justicia civil y el penúltimo comparando a los países de América Latina”.
Los días de furia, signos de la desesperanza, son particularmente notorios en el estado de México. La sociedad se escandaliza un día, cuando se entera por la prensa o la televisión, pero a la mañana siguiente se deja sorprender por el escándalo político de moda.
La profunda corrupción en los aparatos encargados de impartir justicia, la improvisación de las policías y la insuficiencia de infraestructura carcelaria provocan que miles y miles de órdenes de aprehensión se queden sin ejecutar, situación que agrava la impunidad de la delincuencia. El diagnóstico es viejo. Lo actual es que el gobierno de Eruviel Ávila no hace nada por remediar el problema.
