Jorge Fernández Menéndez
Regular las marchas no es un tema menor cuando en la Ciudad de México se tienen 20 marchas, manifestaciones o bloqueos diarios y cuando las mismas provocan que los capitalinos perdamos, estancados en el tráfico, nada menos que 14.4 días al año. Según un estudio del sitio holandés TomTom, que estudia el tráfico automovilístico en el mundo, los habitantes de la CDMX perdemos alrededor de 346 horas al año en sus traslados o sea 57 minutos extra, de lo que debería ser un traslado normal, es decir casi 15 días al año. Nadie en el mundo pierde más tiempo en trasladarse.
Es una enorme pérdida de tiempo, de calidad de vida y de productividad económica, sobre todo, porque esas 20 marchas diarias en la capital del país no respetan regulación alguna. El que prohibió que hubiera bloqueos en vías primarias de la Ciudad de México fue Andrés Manuel López Obrador, con uno de sus primeros “bandos” a poco de asumir el gobierno capitalino, allá en diciembre del 2000. Fue, también, el que más violó esa normatividad con el tristemente célebre bloqueo de Reforma y el Centro Histórico seis años después. Esa norma nunca fue aplicada por los gobiernos capitalinos y federal en los últimos 16 años. Y el abuso ha sido cada día mayor.
Por eso en 2014 se aprobó una ley de movilidad para la Ciudad de México que, en cuanto fue aprobada por la Asamblea de Legislativa, hizo entrar en pánico a varios de sus patrocinadores, de forma tal que ellos mismos la impugnaron por “violar la Constitución”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, ayer mismo le dio el visto bueno a esa ley que contempla, entre otras cosas, la obligatoriedad de avisar con 48 horas de anticipación la realización de cualquier marcha en la capital y que establece, también, normas sobre la prohibición de bloquear calles y avenidas.
La pregunta es si esta ley se aplicará, aunque tenga el visto bueno de la Suprema Corte. Está prohibido bloquear vías primarias y esto ocurre todos los días. Está prohibido tomar carreteras, autopistas y casetas de peajes y esa violación a los derechos de la ciudadanía se comete cotidianamente. Ayer mismo los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decían que, a pesar de las negociaciones que llevan a cabo, continuarán con esas y otras medidas, que además aseguran que serán más duras (¿piensan incendiar Tuxtla o la ciudad de Oaxaca?), “porque es la única forma en que nos escuchan”. En realidad quieren decir que es la única forma que tienen para imponer por la fuerza, no por la razón, sus intereses personales y de grupo.
Si las marchas nos quitan a los capitalinos casi 15 días al año, días que pasamos atascados en el tránsito vehicular, los bloqueos en carreteras y vías férreas le quitan a la economía del país y obviamente a nuestros bolsillos, cantidades millonarias. Según la Concamin con los bloqueos realizados en los últimos 90 días por la Coordinadora se han perdido 75 mil millones de pesos. Seis mil por exportaciones no realizadas, 14 mil millones de pesos por inversiones extranjeras no efectuadas por temer a esos bloqueos, y lo demás por los daños inherentes a los mismos. Súmele usted a eso el robo de mercancías en los bloqueos, que suma miles de millones de pesos; los centenares de camiones y autobuses secuestrados, con el costo que tiene por ejemplo para una línea de transporte tener varado su capital (sus autobuses) durante tres meses consecutivos; súmele las pérdidas en turismo (la Sectur estima la caída hotelera en Oaxaca en un 28 por ciento en esta temporada de vacaciones) y en comercio por el bloqueo a centros comerciales o tiendas, y la cifra es brutal. Es, como dijo el senador Roberto Gil, como si el país hubiera sido azotado por un huracán categoría cinco.
La Sectur estima la caída hotelera en Oaxaca en 28 por ciento esta temporada de vacaciones.
La Suprema Corte, además de avalar la ley de movilidad, ha desestimado todos los amparos promovidos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respecto a la reforma educativa y la ha avalado por completo. También un juez federal ha declarado no constitucionales, ilegales, los acuerdos establecidos por la autoridades con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante el 2013 y 2014. Pero nada de eso ha impedido que la ley se siga violando en forma cotidiana.
En nuestro sistema judicial no faltan leyes. Las hay y muchas de ellas muy buenas. Falta que las mismas se cumplan, que no nademos en el mar de la impunidad, que se deje de confundir la proclama política con el derecho. Dicen los especialistas que los sistemas que funcionan son los que tienen leyes laxas que se aplican de forma estricta. Nosotros somos un país con leyes estrictas que se aplican de forma laxa.
