Editorial
El pésimo manejo de la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la postura vacilante y torpe del Subsecretario de Gobierno de dicha dependencia, Luis Enrique Miranda, el creador de la nueva CNTE desde 2013, está poniendo al país en un serio riesgo de confrontación masiva y de estallido social. Privilegiar los acuerdos debajo de la mesa; trastocar la Ley de Educación y la misma Reforma Educativa, cediendo los espacios ya ganados por el Estado, pero sobre todo poner en entredicho el marco jurídico, sin que los violentos y chantajistas maestros hayan cedido un ápice en torno a los bloqueos y el daño a la sociedad civil, ha encendido las luces amarillas en este país, que a cada momento parece encaminarse al vacío.
El lunes 8 de agosto, miles de empresas pequeñas, medianas y grandes; el transporte público y los prestadores de servicios turísticos realizaron un paro de labores, demandando de los tres órdenes de gobierno, garantizar el libre tránsito, la reactivación económica y la paz social. Desde una semana antes, como lo comentamos en el espacio editorial pasado, las cúpulas empresariales tronaron en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto y se lanzaron para cuestionar los arreglos políticos que mantienen a Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, pero sobre todo a nuestra entidad, al borde del colapso económico. Las pérdidas estimadas en los diversos rubros de la economía local suman más de 4.5 mil millones de pesos, sin que el gobierno federal haya reparado en ello, en complicidad con la CNTE/Sección 22, ha seguido permitiendo los abusos, atropellos y la violación flagrante a los derechos civiles y humanos.
Y es que la ley en este país parece estar caminando en torno al interés político y del futurismo electoral. No fue fortuito que cuando las cúpulas empresariales se pronunciaron en declarar en ceros ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) o en moratoria para cumplir con sus responsabilidades fiscales, de inmediato reaccionó el titular, Aristóteles Núñez, apelando a la violación a la ley. Con certeza se debe haber mordido los labios para reconocer que la violación flagrante a la norma se está dando, justamente, en los acuerdos oscuros, discrecionales y veleidosos de Miranda Nava con la CNTE. ¿Cómo hablar de la ley, teniendo en frente una abierta violación a la Ley de Educación y a la Reforma Educativa? Debido a esta parcialidad, a esta política burda y torpe, el gobierno federal está perdiendo a algunos de sus importantes aliados, los mismos que han apoyado de manera incondicional sus demagógicas Reformas Estructurales: los grupos empresariales.
La protesta del comercio, el transporte y los grupos empresariales oaxaqueños, no fue para pedir represión a los maestros ni para exigirles que cumplan con su responsabilidad docente por lo cual reciben un salario que sale de nuestros impuestos, sino que cesen ya las hostilidades en contra de la población civil y los bloqueos, que han ocasionado pérdidas millonarias en varios rubros de la economía local. Hay hartazgo social, ante una práctica recurrente de más de tres décadas, en la que el chantaje se ha impuesto sobre la civilidad. El magisterio oaxaqueño está ante la opinión pública como un émulo de terrorismo; un sector cuasi delictivo que debe ser puesto bajo la ley. No obstante, lo que ha sorprendido es que cada vez, sean los mismos gobiernos quienes les otorguen la patente de corso de mayor impunidad, sin reparar en que en ese juego perverso, se ha puesto a la cola de las prioridades, el futuro del país cimentado en la educación de los niños. La prueba de ello fue la liberación el viernes 12 de agosto, de Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, consignados por graves delitos.
