La peor legislatura
Una y otra vez la LXII Legislatura del Estado ha aparecido en la mira de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le sigue propinando palo tras palo. Hace al menos tres años, justo cuando el tema de Los Chimalapas entró en una fase crítica –que de hecho sigue en lo mismo- un grupo de “asesores jurídicos”, que no tenían ni remota idea de derecho agrario, entregaron al máximo tribunal de justicia del país una controversia constitucional para defender la soberanía oaxaqueña en dicho territorio, ante la constante incursión de comuneros de Chiapas a esa franja que por ley nos pertenece. La Corte, a través del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, contestó que “no sabía exactamente qué querían decir los abogados oaxaqueños”, habida cuenta de que dicha instancia no sólo era competente en la materia, siempre que se hubieran agotado los canales adecuados, como la intervención del Senado, por ejemplo, que podría servir como mediador en el diferendo.
Hace al menos un par de meses, de nueva cuenta la SCJN arremetió no solamente en contra del Congreso del Estado sino aún puso en aprietos al ejecutivo, Gabino Cué, al ordenar que se aprobara ya la Ley Estatal de Educación, que los diputados por miedo a la presión del Cártel-22 o por simple apatía, no han aprobado, siendo que desde marzo de 2014 se venció el plazo constitucional para armonizar la ley estatal con la federal. Pese al ordenamiento legal, los diputados no han movido un dedo. Es más, de manera absurda tomaron vacaciones, dejando todo para el siguiente período ordinario de sesiones. La prioridad, pues, no es legislar, sino promoverse políticamente y andar en precampaña con ciertos aspirantes a la gubernatura, sobre todo la bancada del PRI.
Hace al menos tres semanas, el máximo tribunal justiciero volvió a la carga. Esta vez argumentando “el desaseo legislativo” para aprobar la Reforma Político Electoral. Como se recordará, para la aprobación de dicha reforma, necesaria y urgente, habida cuenta de que también en ese tema vamos a la zaga del entorno nacional, hubo golpes y catorrazos. Es más, el diputado priista Fredy Gil Pineda Gopar llevó a sus porros a echar gases lacrimógenos y polvo de los extinguidores en la sala de sesiones, para reventar la sesión, en donde se aprobó la residencia de tres años –y no de cinco- para los aspirantes a la gubernatura, con un claro perfil y destinatario. De nueva cuenta el llamado de la Corte y el señalamiento de “desaseo” les valió sombrilla a los diputados, que siguen disfrutando de su período vacacional.
La semana pasada fue el tercer revés en menos de un mes que recibió nuestra flamante Legislatura. La Corte echó para atrás la Ley Indígena que con bombo y platillo habían aprobado. Es más, hasta se dieron el lujo de designar a una tríada de notables para que presidieran una especie de comisión. El Consejo General del IEEPCO encendió las luces amarillas pero nadie le hizo caso. Viendo en perspectiva todo lo anterior, no queda duda de que esta legislatura superó en mucho a su antecesora, en donde se puso de moda el famoso “pago por evento”. Esto es: no solamente no cumplen con su papel para el que fueron electos, sino además, ven su función como plataforma de enriquecimiento e ilegalidad. No es fortuito que los miembros de la Junta de Coordinación Política sigan guardando profundo hermetismo respecto al destino de cientos de millones de pesos que se han repartido a placer entre sus miembros.
