Francisco GARFIAS/Excélsior
El principal perjudicado por la filtración del vídeo con audio de la fuga de El Chapo Guzmán es, sin duda, Miguel Ángel Osorio Chong.
El video, transmitido en el programa que conduce en Televisa el periodista Carlos Loret de Mola, balconea complicidades y exhibe las debilidades del sistema de inteligencia, el de seguridad y el carcelario. Su difusión es un gancho al hígado del secretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial del PRI en el 2018.
Osorio es, además, cabeza del Cisen, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Sistema Nacional Penitenciario. Ya se habla, nuevamente, de su renuncia. Los opositores en el Congreso reclaman su comparecencia, junto con la de la procuradora Arely Gómez y Eugenio Imaz, titular del Cisen.
La famosa entrevista con León Krauze, en la que el presidente Peña Nieto dijo que sería “imperdonable” una segunda fuga de Guzmán Loera, volvió a cobrar vigencia.
El video que transmitió Televisa revela que el Código Rojo se activó más de tres horas después de la fuga, y no 20 minutos, como inicialmente se dijo.
Pero también que se escucharon martillazos y taladro, sin que nadie se inquietara; se rompieron los protocolos de videovigilancia, y hubo alboroto de presos después de la fuga.
En Bucareli voltean con irritación hacia la PGR. Sospechan que la filtración viene de allí. “Está claro que Arely no tiene el control de la Procuraduría”, nos dijo, muy en corto, una fuente vinculada con la Secretaría de Gobernación.
Descartan, eso sí, que la hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticieros del Grupo Televisa, tenga alguna responsabilidad.
Sería demasiado burdo.
“¿Fuego amigo? ¡Naaaa! No compiten entre ellos por la presidencia, Arely debe investigar y castigar”, nos dijo el senador del PRI, Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara alta. Y agregó: “Es a la que menos le conviene que no se sepa quien hizo la filtración.”
Dar a conocer documentos, constancias, información que obre en una averiguación previa es un delito contemplado en el artículo 225, fracción 28, del Código Penal Federal. Se sanciona con penas de cuatro a 10 años de prisión.
Las sospechas no se ciñen a la PGR. El abanico de los que tienen acceso al video es enorme: la Secretaría de Gobernación, el Cisen, la CNSP, los jueces y los abogados de los detenidos por el gran escape.
El nuevo escándalo obligó a senadores del PRI, del PAN y del PRD a pronunciarse sobre el tema. Los azules fueron los primeros en manifestar su posición de grupo.
“Hubo más que negligencia en la fuga. Hubo corrupción y complicidad de punta a punta. No se les escapó. Lo ayudaron a escapar ”, dijo Javier Lozano, a nombre de sus compañeros de la bancada azul. Fue particularmente crítico con los encargados de la videovigilancia de la celda 20 del penal de El Altiplano. “Estaban tragando morelianas”, dijo el exsecretario del Trabajo.
Salvador Vega, contralor en tiempos de Calderón, estaba a su lado. Se acercó a Lozano y, en voz baja, lo corrigió. “No estaban tragando morelianas, estaban tragando camote”, le dijo.
Los priistas sacaron un comunicado en donde reprueban la filtración y exigen una investigación para castigar a los responsables.
“El video, al formar parte del expediente del caso, no podía mostrarse a nadie, por estar sujeto a reserva de Ley. En todo momento, el video ha estado en manos de las autoridades competentes”, dice el texto.
El comunicado es categórico: “De ninguna manera las averiguaciones y procesos deben de realizarse a través de los medios de comunicación. Este hecho sólo genera desconfianza en las instituciones”.
El senador de izquierda, Alejandro Encinas, secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, nos dijo que solicitó formalmente el famoso video a las autoridades competentes, luego de enterarse de su existencia en una nota de Anabel Hernández. “No me lo pudieron entregar. Pero sí se lo dieron a Televisa”, subrayó.
El legislador de izquierda destacó que todas las declaraciones previas de los altos funcionarios del gobierno involucrados en el caso sostenían que el video no tenía audio y que se tardaron 20 minutos en activar el Código Rojo.
Nos invitó a escuchar las grabaciones de Monte Alejandro Rubido, otrora Comisionado Nacional de Seguridad, para corroborar que sí hubo engaño y manipulación no sólo al Congreso, sino a la sociedad.
Encinas, por cierto, se quejó ante los medios de que la oficina del actual comisionado nacional, Renato Sales, filtró el acuse de recibo que hizo de un sobre rojo que receptó a las 13 horas y que decía “Confidencial”.
“¿Quién y por qué filtró la copia del oficio con la firma de acuse de recibo?”, preguntó.
Y dijo más: “Así están las cosas en este país del México mágico que se está convirtiendo en el México absurdo”.
La avalancha de críticas que la filtración produjo llevó a Renato Sales a salir nuevamente con López Dóriga en su noticiero de Radio Fórmula. Ahí le dijo al auditorio: “Hay que dejar claro que no ocultamos ni mentimos. Actuamos con transparencia en el marco que nos permite la indagatoria”.
Según el comisionado, “se aportó lo que podía aportarse y se dio lo que podía darse”.
Lamentablemente, fue poco lo que se aportó y mucho lo que se ocultó.
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