La debilidad del Estado
Una pregunta permea en el imaginario colectivo: ¿por qué fue suspendido el examen de evaluación que la recientemente puesta en marcha Reforma Educativa dispone para la promoción de los maestros a niveles superiores de mando? La respuesta es simple: porque en el país y, sobre todo en nuestra entidad, la ley es una ficción y su cumplimiento es una broma. ¿Cómo puede un país encaminarse a mejores estadios de desarrollo, de estabilidad política, de orden y progreso, siendo el Estado un ente endeble y no el órgano que garantice el cumplimiento de la norma? No hace falta ser un jurista notable para saber que la ley, en tanto precepto constitucional, es de observancia generalizada y su aplicación no admite ni medianías ni vacilaciones. Dura lex, sed lex, reza la vieja sentencia latina. La ley es dura, pero es la ley. La cancelación de la evaluación en Oaxaca y Michoacán se ha interpretado como un nuevo triunfo de la intolerancia y la derrota anunciada de uno de los miembros más controvertidos del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto: Emilio Chuayfett, titular de la Secretaría de Educación Pública, exhibido durante su reciente comparecencia ante la Permanente del Congreso de la Unión.
Cobran vigencia hoy aquellas frases demoledoras en la obra de Octavio Paz: el mexicano es un ser en constante oscilación. Va de la sujeción al Derecho a la ilegalidad. La ley es un resorte del arreglo político, que se suaviza para mantener el status quo. Salvo que en el caso del magisterio, el mismo Estado ha sido cómplice oficioso. Es evidente pues, que dentro del gobierno federal, también se dan jaloneos, patadas y zancadillas. Sin duda alguna, una vez más el miedo y las fobias del Subsecretario de Gobierno de la SEGOB, Luis Enrique Miranda. Y Oaxaca en la mira del escándalo mediático y el escarnio público, ante una realidad apabullante: no es una entidad autónoma ni en materia presupuestal ni, mucho menos, en el rubro educativo. Somos parte del Pacto Federal; ni el patito feo ni la oveja negra. El magisterio pseudo revolucionario ha hecho demasiado daño no sólo a la educación sino al entorno social oaxaqueño.
Su última hazaña quedará para la historia: las acciones de sabotaje en contra de la ciudadanía previa la jornada electoral del pasado siete de junio. El secuestro de la Planta de Pemex, la toma de gasolinerías y el cobro íntegro de su salario, luego de suspender labores docentes por más de dos semanas, pusieron a los maestros oaxaqueños a ojos de México y el mundo, como un mal social; como un ente parasitario; gansteril, que no busca ni lucha a favor de los pobres ni a favor de la educación crítica, científica y popular, sino para salvaguardar sus privilegios. Los medios han exhibido a la cúpula gansteril; sus jugosos salarios y su comportamiento delictivo. La sociedad civil ha hecho su parte. Mexicanos Primero, por ejemplo. Pero es difícil emprender una cruzada, cuando en las altas esferas del poder público federal, el responsable de preservar la vigencia de la ley y las instituciones, es el primero que las quebranta.
Uno de los ejes del empoderamiento de la Sección 22 es el control atípico, ilegal y vergonzoso que tiene del IEEPO. ¿Por qué no desaparecer ese monstruo de corrupción, ilegalidad y lavado de dinero? Porque hace falta voluntad política. Así de simple. Y es que hay una realidad que subyace detrás de la negativa de echar abajo la penosa minuta de 1992: el IEEPO es la caja chica de los gobiernos en turno; una rica veta de recursos frescos para pagar campañas políticas o financiar a los golpeadores del régimen, cuando así se requiere. Es la Cueva de Alí Babá, salvo que convertido en pila de agua bendita, en donde todos meten la mano.
