El comentario
Juan PÉREZ AUDELO
He sido un escéptico de las llamadas Zonas Económicas Especiales, a las que se les ha dado mucha publicidad. Ojalá me equivoque. Y es que hemos visto a lo largo de los últimos veinte años, al menos cuatro proyectos para el desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, sin que ninguno se haya concretado. El Puente Multimodal Transístmico, el Corredor Industrial del Istmo, el ferrocarril Interoceánico, el Plan Puebla-Panamá y otros.
El pasado 28 de septiembre, en Tapachula, Chiapas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto para construir las zonas económicas especiales en Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Coatzacoalcos, Veracruz, en los cuales, empresas privadas invertirán alrededor de 5 mil 300 millones de dólares. Se omitió en dicha declaratoria, el Puerto de Salina Cruz, uno de los más estratégicos en la geopolítica mundial.
La omisión –se dice- obedece a que no se ha concretado aún la base territorial sobre la cual se establecerá el parque industrial, es decir, el Polígono necesario. Hay que reconocer que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de la entidad, lo ha constituido históricamente, la incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra. La mayor parte de nuestro territorio es comunal. Pero hay problemas de los que nadie quiere hablar, -y lo vivimos el pasado viernes-: hay un desprecio aberrante por los derechos civiles y el Estado de Derecho. Maestros y organizaciones sociales son látigos que fustigan las inversiones. Todo ello, gracias a la tolerancia, omisión o connivencia del mismo gobierno.
El Istmo de Tehuantepec, hoy devastado por los coletazos de la naturaleza, es asimismo, el espacio en donde organizaciones y grupos que viven del chantaje y la dádiva oficial, no quieren que nada obstruya su modus vivendi. Y se han conjugado con sindicatos que se asumen propietarios de la carga de la mercancía que llega a Salina Cruz, para presionar, chantajear y amenazar, de manera permanente. En este entorno, han llevado a las comunidades a estar en contra de cualesquier proyecto que explote el rico potencial istmeño.
El mejor ejemplo de ello está en las empresas que generan energía eólica, que han vivido años soportando un infierno de presiones, sin poder producir. En el fondo no es la propiedad de la tierra, ni los derechos indígenas ni nada que se le parezca. Es la abulia de la autoridad para hacer valer la ley y los derechos ciudadanos constantemente amenazados. Hay grupos que obedecen a sus patronos extranjeros que financian sus organismos no gubernamentales. Nada es gratuito. Todo tiene etiqueta.
En poco más de un año concluye la gestión del gobierno federal. Las llamadas zonas económicas especiales se perciben como un proyecto tardío, extemporáneo que, por si no fuera suficiente con todo lo que hemos pasado en las últimas semanas, ojalá que no sea sólo un sueño guajiro para los oaxaqueños.
