El nuevo organismo gubernamental no cuenta con presupuesto para investigar y perseguir las denuncias de corrupción, por tanto no es un área fortalecida ni con los recursos óptimos para poder funcionar, admite su titular Jorge Emilio Álvarez Iruegas en entrevista con Realpolitik. Advierte que los gobiernos de Gabino Cué y Ulises Ruiz están en la mira
Jorge Vega Aguilar
¿Va en serio el combate a la corrupción en Oaxaca?, totalmente, responde el flamante Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción en la entidad, Jorge Emilio Iruegas Álvarez.
Reconoce, sin embargo, que ese nuevo organismo gubernamental “vive de prestado de otras áreas de la Fiscalía General del Estado”.
“La Fiscalía Anticorrupción, no es un área ni fortalecida ni con los recursos óptimos para poder funcionar, porque sólo se cuenta con 8 agentes del Ministerio Público para investigar la parte penal, y únicamente 3 agentes de investigación”, señala.
No obstante, afirma que “eso no es un pretexto para no hacer el trabajo, porque se están requiriendo esfuerzos extras de cada uno, pero hay que decir lo que es, porque la falta de presupuesto sí afecta para lograr de forma pronta o al menos en menos tiempo llevar los asuntos denunciados ante un juez”.
En entrevista con Real Politik, Iruegas Álvarez, señala que en semanas anteriores cuando le preguntaban acerca del tema de los recursos financieros, contestaba que no sabía cuánto presupuesto tenían, pero ahora conoce que están en cero.
Explica que, cuando en 2015 la Procuraduría General de Justicia del Estado se separó del Ejecutivo estatal y se transformó en Fiscalía General, la ley que la creó estableció la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, sin embargo, a ésta no se le otorgó el presupuesto necesario para su operación y entonces “lo único que se hizo fue una simulación”.
“Cambian de Procuraduría a Fiscalía, pero siguen siendo lo mismo y no se modifica su naturaleza, pero como ya había algún área llamada Fiscalía Anticorrupción, a la instancia que estaba encargada de recibir todas las denuncias contra funcionarios públicos le siguieron denominando así”, apunta.
Comentó que cuando fue nombrado por el Congreso del Estado como Fiscal Anticorrupción, el pasado 9 de junio, se le informó que no se presupuestó el periodo 2016 -2017, “porque había que hacer un comparativo de lo que se tiene y lo que se va a requerir para los gastos de operación”.
Ahora considera que se requieren por lo menos entre 15 a 20 millones de pesos para que la Fiscalía a su cargo pueda cumplir con las funciones encomendadas de investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción.
“Hay que sumar investigadores de campo, expertos en materia fiscal, un pool de expertos en distintas materias,”, indica quien se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados Federal.
El Fiscal Anticorrupción, quien también fue subprocurador Especial para el Combate a la Corrupción en Nuevo León, resalta que de acuerdo a su experiencia en esa entidad, Oaxaca tiene un grado mucho más alto de eventos de corrupción.
No obstante, asegura que es complicado señalar qué lugar ocupa Oaxaca a nivel nacional en el tema de la corrupción, porque no hay indicadores homogéneos, aunque uno de ellos podría ser el hecho de cuántas denuncias de funcionarios públicos se tienen, y cuál es la percepción de la ciudadanía.
Más de mil 500 denuncias
“La corrupción no es un tema aislado, sino lacerante no sólo a nivel estatal sino nacional, porque en este último ámbito hay situaciones emblemáticas que se han registrado a últimas fechas como el del socavón en el Paso Express de Morelos, las relacionadas con constructoras trasnacionales, el propio cuestionamiento que se hace al ex director de Pemex”, refiere.
Iruegas Álvarez, señala que a partir de su designación, ya había un área denominada también Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la cual tenía alrededor de mil 500 asuntos, tanto de averiguaciones previas del sistema tradicional, como carpetas de investigación del sistema acusatorio y estas se tienen que ir integrando para determinar si se llevan o no ante un juez, y desde el 9 de junio se sumaron 75 más.
“A partir de denuncias presentadas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, y la revisión de los expedientes que ya estaban radicados, se ha detectado que muchos temas son similares, sólo que con distintos actores”.
“Sigue habiendo sobrecosto en contratos, obras simuladas, sustracción de recursos y es un asunto que se debe de combatir de manera integral”.
En este sentido, Iruegas Álvarez, quien cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de las Américas, con especialidad en Derecho Internacional y tiene una Maestría en Litigación Oral por la California School of Law, insiste en que la radiografía a nivel nacional se replica en Oaxaca, a partir de las denuncias presentadas por la Contraloría estatal y los expedientes radicados.
¿Cuáles son, entre otras, las funciones del Fiscal Anticorupción en Oaxaca?: Iruegas Álvarez, explica que están contempladas en el Código Penal por los hechos cometidos por servidores públicos, como los temas relacionados con cohecho, peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito.
Dice que si bien cualquier ciudadano puede presentar denuncias, por regla general éstas se inician con las que hace la propia Contraloría estatal -a partir de las revisiones que realiza-, o la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Sinfra y Salud, de lo peor
Iruegas Álvarez, también tiene la competencia para investigar y perseguir hechos donde estén involucrados funcionarios públicos estatales y esto implica cualquier secretaría del Poder Ejecutivo, u organismo paraestatal desconcentrado, así como los Poderes Judicial y Legislativo, y los municipios.
“De las denuncias presentadas, éstas se enfocan más en contra de las autoridades municipales de los 570 municipios de la entidad, sin embargo, los temas más publicitados y que pueden ser los de mayor monto se centran en la administración pública estatal”.
“Obviamente el tema de obras y medicamentos cobran puntual importancia y, en este sentido, los mayores asuntos se centran en las secretarías de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, y en la de Salud estatal”, añade.
El Fiscal Anticorrupción en Oaxaca, dice que a partir de que se creó ese organismo gubernamental sólo han recibido una o dos denuncias de la ciudadanía y, otras de oficio, a partir de notas periodísticas de las cuales tienen entre cinco o seis, pero “que están bajo sigilo de la propia investigación para no poner sobre aviso de quienes pudieran ser los probables responsables”.
En este sentido, señaló que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes, pero la gran mayoría deriva de denuncias presentadas por la Contraloría estatal y por la Auditoría Superior del Estado.
En el caso de los presidentes municipales hay un buen número de las que ya estaban denunciadas previo a su nombramiento, pero hace dos semanas hubo “un primer esfuerzo” por parte de la autoridad superior de presentar 10 denuncias, 8 de ellas contra autoridades municipales y se prevé que esta semana lleguen 27 más derivadas de la ASE, de las 8 regiones, incluidas la ciudad de Oaxaca de Juárez.
“Se trata de autoridades municipales de diferentes partidos políticos, incluidas las que trabajan por usos y costumbres”, indicó Iruegas Álvarez, quien también se desempeñó como director general de Formación Profesional en la PGR.
En su opinión, la sustracción de recursos del erario público se debe de combatir de manera integral, no sólo buscar el castigo de lo que ya está denunciado, sino a partir de estrategias conjuntas con otras instancias y la participación ciudadana para lograr desincentivar esos hechos de corrupción.
Listas, órdenes de aprehensión
Para ello, plantea establecer reglas obligatorias de transparencia, rendición de cuentas, publicitar todo el manejo de recursos públicos por parte del Estado, y generar licitaciones abiertas, entre otros puntos.
Asegura que se investigará a las administraciones de Ulises Ruiz Ortiz y de Gabino Cué Monteagudo, y afirma que esto “ni siquiera es una pregunta si se tendrá la posibilidad de hacerlo, porque la Fiscalía Anticorrupción estatal está obligada a ello”.
En el caso de la administración de Ulises Ruiz Ortiz, dijo que se tienen un buen número de expedientes, no lo que se ha radicado hasta ahora, pero sí algunos de las mil 500 que estaban en la Fiscalía General del Estado previo a su nombramiento como Fiscal Anticorrupción.
Mientras que en lo referente a la administración de Gabino Cué Monteagudo, dijo que no sólo está involucrado el ex secretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos, sino también hay órdenes de aprehensión vigentes en contra de algunos ex directores de la misma dependencia y se está en proceso de cumplirlas.
Sostuvo que en próximas semanas se llevarán algunos asuntos ante el juez que involucrará a funcionarios de distintos niveles, aunque omitió decir nombres, cargos o dependencias, “porque se pondría en alerta a los implicados”.
Sin embargo, aclara que aunque está obligado a iniciar una investigación ante cualquier denuncia de corrupción hecha por la ciudadanía, el único limitante es la prescripción del delito y esto se define por la máxima de la pena que cada uno tiene.
Por ejemplo, dice, si por un abuso de autoridad se fincan nueve años, la Fiscalía Especial en Materia de Combate a la Corrupción en la entidad, tiene a partir de que sucedieron los hechos nueve años para poder investigar.
“Si los hechos ocurrieron en el 2005 y es un peculado que tiene 15 años, todavía estaría vigente la acción para poder investigar y procesar a las personas involucradas”, indica.
Iruegas Álvarez, considera que “el primer paso” para que cumpla con su función fue su designación por el Congreso del Estado donde está expuesto a cualquier rendición de cuentas que le quiera requerir el Poder Legislativo, y en segundo término trabaja “a todo lo que da” para poder en corto tiempo estar llevando los asuntos que le competen ante un juez.
Afirma que la ciudadanía, cuenta ahora con un sistema acusatorio que son las audiencias públicas podrá conocer a quién se está acusando y eso generará que sepa con certeza si en verdad se está atacando el problema o sólo se trata de mentiras.
Reconoce que no existe confianza en la autoridad investigadora de delitos, porque si se generaban decisiones a nivel administrativo, pocas veces se les consignaban los mismos y se llevaban ante un juez, pero ahora al haber una figura exclusiva para ese tema “tengo todos los reflectores sobre mi y está complicado esconderse o hacerme de la vista gorda”, señala.
Entonces, dice, tiene que haber resultados y todo lo que reciba como denuncia tendrá que determinarse si es o no delito, y si lo es llevarlo ante un juez.
“Pero ahora sí, habrá los elementos para poder decir que se está trabajando en serio”, puntualiza.
