El país se encuentra en el lugar 140 de 163 que incluye el Índice de Paz Global 2016 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. En el último año se tiene un registro de 33 mil muertes, lo que coloca a México a niveles de Irak y Afganistán. También se encuentra en la lista de las 30 naciones con mayor impacto económico por la violencia con una pérdida del 13 por ciento del PIB, calculado a este año. El Gobierno federal anuncia la implementación de una estrategia en los municipios más violentos del país para revertir su situación y prevenir la incidencia delictiva
Sin embargo
CIUDAD DE MÉXICO.- México registró en 2015, 33 mil muertes, lo que lo ubica en el lugar 140 de 163 países evaluados en el Índice Global de Paz, una posición que lo separa apenas 20 lugares de países en conflicto como Siria, Irak y Afganistán.
La medición reporta que el país se encuentra por debajo de la media mundial, debido a la militarización, las muertes relacionadas con el crimen organizado y el delito común.
En el marco de la 40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno federal, en coordinación con las autoridades locales, anunció la implementación de una estrategia en los municipios más violentos del país para revertir su situación y prevenir la incidencia delictiva.
En la presentación del Índice de Paz Global 2016, que elaboró el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), se detalló que México está a niveles de Irak y Afganistán por el número de muertes que ha dejado el conflicto interno -el crimen organizado- que enfrenta el país.
México también se encuentra en la lista de los 30 países con mayor impacto económico por la violencia con una pérdida del 13 por ciento del PIB, [2.2 billones de pesos, que equivale a 17 mil pesos por habitante], calculado a este año.
Se midieron el impacto de los costos directos e indirectos de la violencia, por ejemplo, el miedo, la inseguridad, cuánto deja la gente de salir a las calles, ir a los comercios, factores que también afectan a la economía.
Patricia De Obeso, representante del Instituto para la Economía y la Paz, dijo que “es como un impuesto por la seguridad que se nos está imponiendo”, y cual no está dando resultados.
Mencionó que se debe pensar como país dónde se debe poner la prioridad en la paz; si se quiere seguir poniendo en “la contención directa de la violencia, en esta estrategia que hemos tenido durante los último años, o realmente queremos pensar en invertir más en paz positiva”.
De acuerdo con estimaciones del IEP, los ciudadanos prácticamente cuentan con un impuesto para mantener la seguridad en el país.
De Obeso aseguró que la violencia interpersonal supera por mucho la que puede generar el crimen organizado, considerando que el 39 por ciento del impacto económico se debe a la tasa de homicidios y sólo la mitad tiene que ver con el crimen organizado.
“Los homicidios y los delitos son síntomas de lo que estamos viviendo, es decir, el buen o mal funcionamiento del gobierno, qué tanto la ciudadanía se siente segura de ir y presentar una denuncia”, explicó.
En el índice, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, se definen 23 indicadores: 10 de ellos referentes a la cantidad de refugiados y desplazados por la violencia; siete son basados en la militarización y presencia policiaca, y seis son de conflictos internos e internacionales.
Según el estudio, la paz en México es frenada por la corrupción, el mal funcionamiento del Gobierno y el asesinato de periodistas.
“México, por cómo están diseñadas las instituciones, tiene potencial de estar mucho mejor, tenemos que ser capaces de desarrollar ese potencial como país”, dijo De Obeso.
Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), urgió al Gobierno de México reducir los espacios para la corrupción mediante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
“México ha llevado a cabo una serie de reformas importantes que ojalá sean pronto implementadas con la participación activa de la sociedad civil y del sector privado”, señaló.
Estrategia anticrimen
En el marco de la 40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Gobierno federal, en coordinación con las autoridades locales, implementará una estrategia en los municipios más violentos del país para revertir su situación y prevenir la incidencia delictiva.
Según la información oficial liberada por la Presidencia de la República, los 50 municipios en donde será aplicada la estrategia anticrimen concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos del país.
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que “es urgente el fortalecimiento de las capacidades locales” para que los gobiernos estatales y municipales puedan “fortalecer la seguridad de la población”, por lo que exhortó a todos los niveles de gobierno a trabajar inmediatamente en conjunto y evitando “esfuerzos aislados”.
Asimismo, el funcionario manifestó que cada instancia de gobierno esta llamada “a trascender la coyuntura y calendarios políticos”, siendo que es necesario se pongan en marcha “proyectos de largo aliento para disminuir los índices delictivos” y enfrentar a la delincuencia y la comisión de los delitos del fuero común.
En el evento encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, Osorio Chong también manifestó que durante la actual administración priista la estrategia ha funcionado debido a que se abordó como una política de Estado destinada al combate a la violencia y el crimen, como parte del esfuerzo del Gabinete de Seguridad por hacer frente a la actual “crisis de inseguridad”.
En ese sentido, profirió que bajo “esta nueva visión” de corresponsabilidad se crearon “instituciones clave” y se pusieron en marcha diversos mecanismos de coordinación entre las autoridades federal y estatal, por las que “ninguna entidad federativa está sola en la tarea de hacer frente a la delincuencia”.
Entre los lineamientos de la estrategia se encuentra la prevención social del delito, el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública, así como el combate frontal a las organizaciones del crimen organizado.
A pesar de los reconocidos avances en materia de seguridad, que de acuerdo con el titular de la Segob se traducen a modo de una contención de la incidencia delictiva que ha regresado a niveles de hace siete años, sin embargo “el fenómeno repuntó en algunas zonas del país” como parte de los casos del fuero común, situación por la que se propuso una solución a partir del fortalecimiento de la situación local.
En la sesión efectuada en Palacio Nacional, en la que además participaron funcionarios del Gabinete federal de seguridad y gobernadores de varios estados, se abordaron diversos temas como los centros estatales de prevención del delito; homologar procedimientos en materia de persecución y seguimiento de casos de incidencia delictiva; la conformación de grupos colegiados con integrantes de la sociedad civil y de la academia que vigilen los programas solventados con fondos del erario público; la entrada en vigor del número 911 a nivel nacional; nuevos lineamientos para el sistema de justicia penal; entre otros.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y es presidido por el Presidente de la República, e integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, el Procurador General de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y el Secretario Ejecutivo del SNSP.
En julio se registraron mil 842 homicidios dolosos en el país, cifra 26 por ciento mayor que la reportada en el mismo mes de 2015 cuando fue de mil 457, mientras que el secuestro pasó de 77 a 106 en el mismo periodo, un 37 por ciento más, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
