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Violencia electoral

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EDITORIAL

 Oaxaca se ha inscrito en el mapa de la violencia electoral. Hace más de una semana fue ejecutada por un comando armado en Juchitán de Zaragoza, la candidata a sindica municipal por la coalición “Todos por México”, Pamela Itzamaray Terán Pineda. La joven política salía de un conocido bar cuando fue ultimada por sujetos armados. Junto con la misma perdió la vida cuando se encontraba en el lugar equivocado y en el momento equivocado, la joven reportera gráfica, María del Sol Cruz Jarquín, quien cubría la campaña política municipal, además del chofer de la candidata a segundo concejal. Se trató de un evento desafortunado, aunque cometido en el lugar que ha sido calificado por la Comisión Nacional de Seguridad, como el noveno sitio más violento del país.

Esta acción no es un evento aislado del entorno electoral que se advierte preocupante en la entidad. Aunque nada se ha dicho al respecto, ha trascendido que varios candidatos tanto a la diputación federal como a la local, además de aspirantes a las presidencias municipales, están bajo amenaza y acoso de grupos criminales que se han enquistado ya en la entidad. Eso por supuesto, nadie lo dice. Y el temor a perder la vida se superpone por encima de cualquier aspiración. Nadie ignora la presencia indiscutible de grupos criminales que han venido de fuera a apropiarse de la tranquilidad y la paz social de los oaxaqueños, ante la mirada complaciente y de presunta complicidad de los mandos policiales en la actual administración.

Esta situación, además del acoso a las instituciones y a la propia sociedad por parte del magisterio afiliado a la Sección 22, cuyos dirigentes están empecinados en sacarle dinero al gobierno de Alejandro Murat, han hecho un coctel pernicioso y peligroso para el proceso que se llevará a cabo en un par de semanas. No obstante, tal parece que aquí no pasa nada. El hecho grave de que los candidatos de los diversos partidos y cargos de elección popular por el distrito de Juchitán hayan suspendido sus campañas por falta de garantías, da cuenta que los grupos criminales siguen tomando ventaja y que el gobierno no actúa. Pese a las denuncias reiteradas de que la Secretaría de Seguridad Pública y su titular, José Raymundo Tuñón Jáuregui ha sido una nulidad en el cargo, sigue al frente como si se tratara de solapar a alguien o actuar en complicidad y encubrimiento.

Si bien es cierto que la inseguridad es un tema nacional, habida cuenta que varias entidades del país están fustigadas con ese látigo, eso no implica que las áreas correspondientes gubernamentales materialmente finjan demencia. El tema de la inseguridad ha sido recurrente en las páginas de los medios impresos, pero los responsables simplemente fingen cumplir y no actuar en lo que les corresponde. He ahí el por qué tanta crítica al operativo de seguridad que el domingo 3 de junio pusieron en marcha elementos del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal. Oportuno tal vez, salvo que ya se han perdido muchas vidas. Dicho operativo debe ir a fondo y sacar a la delincuencia de las alcantarillas en donde se ha enquistado, pero no dar más tregua ni concesiones.

Los mandos policiales locales deben demostrar que no están coludidos con los criminales que, desafortunadamente, ya se metieron hasta la cocina. Hay maneras de que la tríada de marinos que tiene el control de la seguridad pública: Tuñón, Sánchez Saldierna y el teniente Vera Salinas demuestren que pueden y si no, que se vayan. Pero no más simulación y ficciones. Ya basta de tanto engaño a la sociedad.

 

 

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