En 5 cuentas de Santander el magisterio movía unos 10 mdp al mes; una de ellas, era del dirigente magisterial
La Razón
El gobierno federal investiga al dirigente de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, y al propio gremio, por lavado de dinero, por lo que congeló sus cuentas de Santander.
Dos documentos expedidos por la institución bancaria al dirigente sindical y a la Sección 22, cuyas copias tiene La Razón, indican que el pasado 20 de julio “esta institución recibió oficio número 214-4/466157/2015, con número de Expediente 15070609-F suscrito por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual en el ejercicio de sus atribuciones remite el oficio 110/F/A/776/2015, suscrito por la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se notifica que ha sido introducido al listado de Personas Bloqueadas”.
La Unidad de Inteligencia Financiera sólo investiga delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento a terroristas.
El secretario de Prensa y Propaganda de ese gremio, Benito Vázquez Henestrosa, confirmó que esa cuenta de Santander era manejada por el secretario de Finanzas de la Sección 22, Aciel Sibaja Mendoza, además de que otras cuatro cuentas más fueron bloqueadas, entre ellas una que manejaba el líder de la Coordinadora en esa entidad, Rubén Núñez Ginez.
En la cuenta del banco Santander se depositaban, al menos, 10 millones de pesos mensuales, producto del porcentaje de las cuotas sindicales que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación regresaba a esa sección.
La Unidad de Inteligencia Financiera intervino la cuenta el lunes 20 por lavado de dinero, ilícito que está tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal como el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se encuentra dentro del catálogo de graves.
Vázquez reveló que el banco les notificó ese día, en un oficio, que la SHCP había congelado esos recursos.
Expresó que la cuenta fue congelada sorpresivamente, por lo que, a su juicio, se trata de “un golpe” por parte del gobierno para quitarles financiamiento con el que podían hacer sus protestas y movilizaciones, en Oaxaca y la capital del país.
Agregó que los recursos eran utilizados para pagar los servicios de la Sección 22 como: luz, agua, teléfono y papelería.
