Los rostros de hambre de los venezolanos recorren el mundo. El desabasto de alimentos y la inflación provocaron una situación social inmanejable para el gobierno de Nicolás Maduro. En el país sudamericano se ha reducido la posibilidad de producir alimentos y otros productos por la expropiación de compañías privadas y otras medidas equivocadas que se han impuesto de manera autoritaria, hasta los programas de bienestar que puso en marcha el comandante Hugo Chávez se han “secado”
Agencias
CARACAS.- En la oscuridad, el almacén luce como cualquier otro, con los sin techo durmiendo en sus sombras. Pero en su interior, los trabajadores vacían silenciosamente bolsas de plástico con mercancías tan valiosas que las turbas han robado de los vehículos de reparto, disparando a los parabrisas de los camiones e hiriendo a su conductor. Soldados y policías rodean el depósito, los vecinos tienen la sensación de una guarnición militar.
“Es sólo queso”, dice Juan Urrea, conductor de 29 años, al tiempo que descargan miles de libras de queso blanco venezolano de su camión. “Nunca ante vi algo así”, agrega.
La lucha por comida ha comenzado en Venezuela. Cualquier día, en ciudades a lo largo de esta desesperada nación, multitudes hacen fila para los supermercados. Manifestantes toman las calles por el alza de precios y la escasez de los insumos básicos.
Los mejor posicionados económicamente improvisan y compran comida online que llega desde Miami. Las familias de clase media lo hacen con menos: café sin leche, sardinas en lugar de carne, dos comidas diarias en lugar de tres. Los pobres arrancan mangos de los árboles y contrabandean para sobrevivir.
“Esto es salvaje”, comenta Pedro Zaraza, un despachante de combustible, quien miró una turba el viernes fuera de un supermercado, que fue dispersada por el ejército. “Las autoridades están perdiendo el control”.
Lo que ha sido una crisis en cámara lenta parece encaminarse hacia una nueva y más dramática fase. El largo declive económico del país con las más grandes reservas de petróleo muestra signos de convertirse en una emergencia humanitaria, con un mal manejo gubernamental y bajos precios del crudo que provocan una escasez y una inflación que podría sobrepasar el 700 por ciento este año.
El hambre
El rumor se corrió a gran velocidad en una noche reciente de martes, en las pobres áreas cercanas a Barlovento, una hora al este de Caracas. Un camión que transportaba arroz había volcado y la comida estaba allí para ser tomada. Glenis Sira, madre de siete niños, tomó una bolsa plástica y corrió desde su precaria casa. Más de mil personas se le unieron para ir en busca del botín cerca de la población de La Fundación, antes de darse cuenta de que no había un camión con arroz, que sólo había sido un rumor.
“Nunca tuvimos este nivel de necesidad“, dijo Sira, una de las tantas testigos que describieron la confusa situación.
Por décadas, Venezuela fue una de las democracias más estables y desarrolladas de América Latina, con una clase media acostumbrada a los beneficios otorgados por las bondades del petróleo. Las crisis económicas de los 80 y los 90 golpearon a varias familias. Pero la era de Chávez fue marcada por el incremento del precio del crudo y el descenso de la pobreza, dejando a poca gente preparada por la enfermante caída libre de los últimos años.
Sira fue durante años una orgullosa “chavista”, convencida de que el gasto gubernamental podría generar mayor equidad. El Gobierno de Chávez, con los dólares del petróleo y miles de millones de préstamos extranjeros, le dieron a Sira el subsidio Madre de Barrio, ofrecido a quienes vivían en extrema pobreza. Otro programa ayudó a los residentes a finalizar sus casas. Los jóvenes recibieron becas escolares. “Siempre viví por la revolución“, indicó.
Pero muchos de los programas de bienestar que se iniciaron con Chávez se han secado, y el comercio más cercano sólo tiene dos litros de Pepsi y atados de cigarrillos Pall Mall.
Bajo el chavismo, el Gobierno estableció una red de supermercados oficiales que vendían productos alimenticios básicos a precio subsidiado. Pero la inflación colocó incluso estas ofertas fuera del alcance de muchísima gente. Un kilogramo de yuca cuesta ahora un tercio del salario semanal.
Los vecinos de Sira cazan ciervos y armadillos para subsistir y permutan las presas que consiguen. Ella vive en las afueras, donde crecen tomates y demás verduras. Antes era una región de producción de cacao, pero la sequía ha devastado todo. “Por esto la revolución está siendo asesinada. Porque tenemos hambre“, subraya.
“Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita”
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
La política del hambre
La habilidad de Venezuela para producir alimentos y otros productos se ha reducido en los últimos años como consecuencia de las expropiaciones de compañías privadas, la expansión del control de precios y el desaliento de la iniciativa particular. Maíz, arroz y otras comidas que antes se cultivaban domésticamente ahora deben ser importadas.
En los últimos dos años, el precio del petróleo se redujo a la mitad a 50 dólares el barril, la economía se contrajo severamente y las importaciones crecieron de manera desmedida. Las empresas privadas han tenido que cerrar por los controles cambiarios que impuso el gobierno para pagar materias primas. Hace pocos días, las compañías aéreas Lufthansa, LATAM y Aeroméxico frenaron sus vuelos a Venezuela.
Alrededor del 87 por ciento de la gente dice no tener el dinero suficiente para comprar comida, de acuerdo con un estudio reciente de la Universidad Simón Bolívar.
La situación es tal que el Gobierno venezolano ha ordenado a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 más, según un decreto publicado la semana pasada.
La única condición es que los empleados reasignados tengan las “condiciones físicas y técnicas” para ejercer las funciones requeridas. El Ejecutivo asumirá el pago del salario base y la “inamovilidad” del trabajador que sea escogido para “prestar” sus servicios, en función de “fortalecer la producción” en los campos. Las empresas seguirán satisfaciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.
El cimiento de este nuevo régimen laboral está en el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica impulsado este año por el Gobierno de Nicolás Maduro para atender la carestía en Venezuela, y que permite tomar medidas extraordinarias.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, no ha podido soportar el desplome de los precios del crudo. La sacudida económica no ha hallado un terreno sólido en un país dependiente de las importaciones, regido por un estricto control cambiario de divisas y restrictivo con las empresas. La fractura financiera se ha traducido en una dramática escasez de productos básicos.
Como alivio a esta crisis, los adversarios del Gobierno apuestan por la colaboración internacional. En abril, el Parlamento –el único poder controlado por la oposición– declaró una “emergencia alimentaria” en el país.
También Amnistía Internacional ha recomendado a las autoridades venezolanas pedir la ayuda humanitaria. Pero Maduro, que asegura que los males financieros de Venezuela obedecen a una “guerra Económica” en contra del chavismo fraguada por la oposición, los empresarios y los gobiernos extranjeros, se opone a una intervención foránea.
Entretanto, el mandatario ha aplicado como recursos extremos el decreto de estado de excepción, la creación de la llamada ‘gran misión abastecimiento soberano y seguro’ que encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribución y producción de los alimentos y, ahora, la decisión de obligar a los empleados de los sectores públicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.
Pero el préstamo obligatorio de los trabajadores a las empresas agrícolas podría ser inútil. El Estado venezolano carga con una deuda superior a los 400 millones de dólares con los proveedores de insumos agrícolas, según un cálculo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).
También afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los expropietarios de la compañía Agroisleña acudieron al Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en Washington) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberles indemnizado al expropiar esta empresa española en 2010.
La compañía, que suministraba insumos agrícolas a la mayoría de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Chávez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. “Ahora tú vas a ver lo que será una nueva institución en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios de los fertilizantes, los precios de las semillas, a trabajar con el pueblo, con los que realmente necesitan, sin explotar”, dijo entonces el mandatario. Agroisleña ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el Gobierno.
La polémica medida ha provocado un inmediato pronunciamiento de Amnistía Internacional que, en un comunicado, califica como trabajo forzado. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización.
Los frijoles más costosos
En un supermercado del oeste de Caracas, más de un centenar de venezolanos aguarda desde la madrugada del jueves ante la inminente llegada de comida a precios regulados por el Gobierno. Hay una estantería repleta de frijoles rojos empaquetados en la tienda, pero no se compran ya que cuestan más de 3 mil bolívares por kilogramo; un 20 por ciento del salario mínimo en Venezuela.
La inflación en el país, la más alta del mundo, ha consumido con ferocidad el aumento del 30 por ciento del sueldo mínimo decretado en mayo por Maduro. Para ese mismo mes, la escasez de alimentos se elevaba a un 82%, según una encuesta de la firma Datanálisis. “Uno hace una cola para comprar lo que encuentre”, dice Judith Soto, que suele aguardar en un supermercado en San Bernardino, en Caracas.
Mientras muchos han convertido la cacería de los productos regulados en una práctica rutinaria, otros con mayores posibilidades económicas acuden a los bachaqueros (revendedores) para comprar a precios exorbitantes alimentos que están en escasez.
En los primeros cinco meses de este año, los venezolanos han robado comercios de forma violenta -o intentado- en al menos 254 casos, de acuerdo con el Observatorio de Conflicto Social Venezolano.
El número de protestas por comida se incrementaron mensualmente hasta las 172 en mayo. Varias personas han muerto y cientos han sido detenidas. Para Nicolás Maduro se trata de incidentes en el marco de una “guerra económica” liderada por extranjeros y empresarios.
Para evitar filas interminables en las puertas de los supermercados del Gobierno, las autoridades sólo permiten formarse en la entrada a aquellas personas que fueron asignadas según la terminación del número de su identificación nacional.
“Estamos esperando sin siquiera saber qué traerán hoy, o si traerán algo“, explica Yorilei Ramos, de 51 años, parada al lado de su hija de 9. “Tus hijos lloran, ‘tengo hambre’ y tienes que decirles ‘no tengo nada’”.
