Luis RAMÍREZ
Son tres los problemas fundamentales del campo, define el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, José Narro Céspedes: pobreza, migración y delincuencia. Y sobre este último advierte en entrevista con Real Politik que el narcotráfico ha sido uno de los beneficiarios del neolatifundismo, que arrojó la reforma en 1992 del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y que también ha permitido que gobernadores y empresarios corruptos acaparen tierras.
Por eso, el legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Zacatecas, vino a Oaxaca a promover con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), de la que es líder nacional, una iniciativa de una nueva ley federal agraria, que presentó al Senado el 13 de diciembre del año pasado y que permitiría al gobierno de Andrés Manuel López Obrador incorporar al campesino al desarrollo productivo del país.
De no frenarse esta privatización, que evite un proceso de acumulación de riqueza, de desigualdades y de injusticias, advierte que esto “nos puede llevar a un nuevo movimiento de lucha nacional”.
Médico cirujano de profesión, al igual que suprimo-hermano, José Ramón Narro Robles -quien busca la dirigencia nacional del PRI-, Narro Céspedes suscribe desde la izquierda la receta para el agro, sector por el que dejó su profesión hace dos décadas: el objetivo es echar abajo la ley agraria de Salinas e impulsar una nueva legislación que defienda la propiedad social de la tierra, que la rescate de ese circuito de la privatización.
El también fundador del Partido del Trabajo habló antes en el foro agrario de la CNPA que congregó a más de mil 800 comuneros y ejidatarios del estado: “No sólo le quitaron las tierras al campesino, sino el crédito. Todo el andamiaje de apoyo al campo lo desaparecieron y dejaron a la pequeña agricultura en el abandono”.
El saldo es devastador, precisa. Aunque los datos oficiales señalan que el 48 por ciento de la tierra productiva está en la propiedad privada y 52 por ciento en ejidatarios y comuneros, los resultados podrían ser inversos.
La razón es simple: “Mucha tierra que ya está privatizada no está legalizada, porque el Registro Agrario Nacional entró al circuito de la corrupción; por cada legalización de cada dominio pleno de cada parcela te pedían de 20 mil a 60 mil pesos. Ese es el motivo por el que hay un rezago en 800 mil expedientes desde la reforma salinista.
Hoy, vislumbra, el 59 por ciento de la población rural y el 80 por ciento de la población indígena vive en la pobreza: “Estamos hablando de cerca de 30 millones de mexicanos”.
Y a pesar de ello -añade el dirigente campesino- con ingresos en 2017 por 32 mil 583 millones de dólares, el campo es la segunda fuente de divisas nacionales sobre los 30 mil millones de dólares de las remesas familiares, los 26 mil millones de dólares de las exportaciones petroleras y los 21 mil millones de dólares del turismo.
“En 10 productos somos líderes mundiales (aguacate, jitomate, chile, papaya, sorgo, carne, tequilas y mezcales, azúcar de caña, zarzamoras y cerveza)”. Lo compara con un tractor, a pesar de que el 80 por ciento del campo está excluido y en el abandono.
El además exconsejero nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue diputado federal, representación que también repitió con el PT, busca rescatar la reforma de Lázaro Cárdenas, que no sólo repartió tierras, sino creó el banco ejidal y desarrolló la liga de comunidades agrarias que permitió la organización de campesinos.
Pretende además que con esta ley agraria haya un código agrario nuevo y una nueva ley para la organización económica del campo. Que esta última esté por encima de las otros dos “porque organizando al sector rural, al ejido y la comunidad, lograremos impulsar a este sector y que sea el pilar de autosuficiencia y desarrollo económico”.
El objetivo es tirar la contrarreforma privatizadora de Carlos Salinas, que actúa bajo dos mecanismos: el dominio pleno y el de hacer declaratorias de avecindado. “Cualquier empresario con una declaración de avecindado puede hacerse dueño de la mitad del ejido, por lo que queremos limitar y ponerle candado a este tema de la privatización del ejido”.
El fundador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas explica que con la reforma agraria del expresidente se volvió a vivir un proceso de neolatifundismo con tes señales alarmantes: los grandes monopolios se hicieron de las mejores tierras agrícolas y de riego del país; la corrupción, que permitió que gobernadores compraran tierras como un mecanismo de lavado de dinero como fue el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien se le encontraron más de cien mil hectáreas y 25 mil cabezas de ganado en todos los ranchos comprados con prestanombres; y el otro es la delincuencia organizada, que utiliza mecanismos de lavado de dinero con la compra y el despojo de la tierra.
Desde su visión, esto cambiará con la ayuda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la pequeña agricultura que es la que producía los alimentos básicos del país, mientras la grande producía para las ganancias con la exportación. El gobierno apostará por los ejidatarios y comuneros, sobre todo del sur y sureste, que van a tener recursos suficientes para darle valor agregado a la producción rural.
A pesar de que considera insuficientes los 65 mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que con otros apoyos al agua y del programa Bienestar sumarían $85 mil millones, el senador dice que buscará hacer productiva la tierra del campesino.
Con el dato de que en promedio cada campesino tiene 10 hectáreas en el país, se puede obtener 600 kilos de frijol por hectárea o de 800 kilos de maíz por hectáreas. Y pone el ejemplo que en Valencia, España, de donde se exporta naranja a toda Europa, cada productor tiene sólo tres hectáreas y vive bien. Lo que pasó es que ese sector quedó abandonado de la transferencia e innovación tecnológica, de la capitalización y del apoyo del gobierno.
