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Utilizan a obreros como chivos expiatorios para limpiar saqueo en SSO

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LOS ENCARCELAN PARA ENCUBRIR A VERDADEROS RESPONSABLES

 Al menos tres de las seis personas que permanecen detenidas desde junio pasado acusadas de haber orquestado un millonario fraude a los Servicios de Salud de Oaxaca en contubernio con el ex titular de la dependencia, Germán Tenorio Vasconcelos, habrían sido incriminadas en el ilícito a través de la usurpación de su identidad; los imputados son obreros de una empresa dedicada a la venta de llantas, que el sexenio pasado fungió como proveedor de la dependencia, y habrían sido involucrados por los autores intelectuales de las operaciones fraudulentas

David Méndez

 

En una investigación sin sustento y que “se va a caer en cualquier momento”, la Fiscalía General del Estado acusó como autores materiales del fraude por la construcción de baños ecológicos de la Secretaría de Salud, a tres obreros de una empresa dedicada a la venta de llantas, que nada tuvieron que ver con el manejo de los recursos y que fueron involucrados por terceras personas a través de una suplantación de identidad.

Alfonso Renato Ramírez, hermano de Silvia Alicia Ramírez, una de las procesadas, acusa a las autoridades de incriminar a inocentes para proteger a funcionarios y empresarios corruptos.

De acuerdo con el abogado Eduardo Castillo Cruz, defensor de una de las procesadas, Silvia Alicia Ramírez Ramírez, las autoridades han simulado la aplicación de la justicia a través de la detención de seis personas supuestamente vinculadas con la adquisición de contratos irregulares en contubernio con el ex director de los Servicios de Salud, Germán Tenorio, y de lo que, al parecer, también estuvo involucrado el Subdirector de Administración y Finanzas de la dependencia, Rafael Pérez Gavilán Escalante –asesinado en 2015–, sin investigar a profundidad la identidad de los personajes que idearon intelectualmente tal fraude.

De las seis personas que fueron detenidas el ocho de junio pasado acusadas de representar a las empresas que obtuvieron contratos millonarios, tres de ellas –Silvia Alicia Ramírez Ramírez, Jaime Tablada Cruz y Ángel Martínez Carreño—resultaron ser obreros que prestaban o habían prestado sus servicios en la empresa Avantires SA de CV, dedicada a la venta de llantas y refacciones automotrices, cuyo propietario, Carlos Eduardo Martínez Tamayo, a la fecha, es proveedor del gobierno del estado y tuvo cercanía con la administración de Tenorio Vasconcelos.

Cinco días antes de la captura de los obreros, la policía detuvo en el estado de Jalisco a Germán Tenorio, acusado del delito de abuso de autoridad por el desvío de 100 millones de pesos que debieron haber sido utilizados en 2012  para la construcción de baños ecológicos en comunidades marginadas de la entidad.

Hasta el momento, el ex funcionario permanece preso en el penal de Santa María Ixcotel.

 

 

Robo de identidad

 

En entrevista con Real Politik, familiares de dos implicados, Silvia Alicia Ramírez Ramírez y Ángel Martínez Carreño, afirmaron que ambos son “chivos expiatorios” que, a través de un robo de su identidad, están siendo utilizados por el actual gobierno para proteger a los verdaderos responsables de la red de corrupción conformada por políticos y empresarios, que operó al interior de aquella dependencia durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

“Se siente de la chingada. Él se quiere sentir fuerte, pero luego se nota que ya no (puede)”, sostiene Carlos Rodolfo Martínez Carrasco al hablar de su hijo, y Ángel Martínez Carreño, quien permanece preso en el penal de Ixcotel.

Desde el día de su detención, el ocho de junio de 2017, los allegados de Silvia Alicia Ramírez afirmaron que se han dedicado a reunir los requisitos para obtener la libertad caucional y, posteriormente, demostrar la inocencia de la mujer; sin embargo, el Juez Segundo de lo Penal, a pesar de que se trata de un delito no grave, ha negado en dos ocasiones tal beneficio con el argumento de que la imputada podría darse a la fuga, además de que se trata de una persona de “alta peligrosidad”.

Asimismo, el Juzgado puso como plazo el 15 de noviembre para resolver el recurso promovido por la defensa de Ángel Martínez, que, al igual que en el caso de Ramírez, solicitó que el hombre continúe su proceso en libertad.

Mientras ello sucede, los familiares de ambos anunciaron que viajarán a la Ciudad de México para denunciar públicamente las diversas irregularidades detectadas en el caso y, de ser necesario, realizar protestas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en Palacio Nacional, lo que podría incluir una huelga de hambre.

Silvia Alicia Ramírez, de 42 años, tiene una hija de 15 años y es madre soltera. Desde hace 17 años, trabajaba como empleada de mostrador en la llantera Avantires SA de CV, que se localiza en el fraccionamiento Trinidad de las Huertas, al sur de la ciudad de Oaxaca.

La negociación es propiedad de Carlos Eduardo Martínez Tamayo, un empresario que, a la fecha, provee de neumáticos y refacciones automotrices al gobierno de Oaxaca, de acuerdo con la explicación proporcionada a Real Politik por Alfonso Renato Ramírez Ramírez, hermano de Silvia.

Contador de profesión, Alfonso Renato detalla que Martínez Tamayo tuvo tratos con los Servicios de Salud durante el sexenio pasado y que podría estar vinculado en la planeación y ejecución de negocios turbios para lo que habría utilizado datos personales de sus empleados.

La detenida, a su vez, es señalada de ser la administradora única de la empresa Construcción ICIBIT, S.A. de C.V., la cual fue creada por Leonor Carrasco Hernández y Patricia Castellanos Vásquez, el 16 de febrero de 2011 ante el Notario Público número 94, Rodolfo Morales Pasos, mediante el volumen 620, instrumento 29468, donde fungió como representante legal Judith Javier Mesinas.

De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Proceso el 30 de octubre, en el expediente 47/2017, a la mujer se le acusa de un fraude maquinado en la construcción de 198 sanitarios en los municipios de Tlaxiaco, Teotitlán de Flores Magón, Cuicatlán y Huajuapan de León por un monto de cuatro millones 649 mil 853 pesos.

Según la denuncia, los Servicios de Salud le hicieron un depósito, vía transferencia, de dos millones 324 mil 926 pesos con 56 centavos (50% del contrato) a la cuenta bancaria 4051340644 del banco HSBC el 4 de enero de 2013; sin embargo, las estructuras nunca fueron entregadas.

Rosa Silvia, sin embargo, cuenta su hermano, nunca supo que era dueña de tal empresa y, menos, que le hubieran hecho transferencias millonarias.

La mujer, que hoy se encuentra recluida en el penal de San Francisco Tanivet, no conoce a ningún funcionario del gobierno del estado ni está vinculada con ninguna constructora, sostiene.

En julio, el Juez Segundo de lo Penal le había fijado una fianza de 2 millones de pesos para abandonar la cárcel, por lo que sus familiares hipotecaron una propiedad con el objetivo de recaudar recursos.

Días después, sin embargo, por “línea del Poder Judicial”, como lo considera el familiar, el juzgador se desdijo y anuló tal posibilidad.

–¿Cuál es el siguiente paso?

—Se va a solicitar la revisión de la medida cautelar. Mi hermana puede demostrar que toda su vida ha vivido aquí, que no se va a fugar, que no es peligrosa.

Tal recurso es el mismo que en 2016 utilizaron los ex dirigentes de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, para abandonar la prisión, tras ser acusado de diversos delitos, incluido tentativa de homicidio.

 

 Inconsistencias

 

La Fiscalía General del Estado, acusa, ha sustentado su señalamiento en un acta constitutiva en la que aparece el nombre de Ramírez como apoderada de la empresa Construcción ICIBIT, S.A. de C.V., pero sin que existan otros elementos como copias de identificaciones ni huellas dactilares.

Rodrigo Cabrera, tío de Ángel Martínez, advirtió que los familiares de los inculpados viajarán a la Ciudad de México para denunciar las irregularidades documentadas en el proceso judicial que se sigue en esta entidad.

Al rastrear a la empresa Construcciones ICIBIT, S.A. de C.V., se percataron que se encuentra en la lista de empresas no localizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entonces, se dieron cuenta de que sí existe, pero se ubica en Puebla y cambió de domicilio fiscal.

También observaron que quien tramitó los sellos digitales ante el SAT fue la representante legal Javier Mesinas, quien se deduce fue la persona que realizó el trámite de apertura de cuentas bancarias.

De acuerdo con el hombre, el plan realizado fue la de nombrarla a ella como representante legal y utilizar la documentación de Silvia Alicia para nombrarla como administradora única y no tener responsabilidad penal. Por esa razón no aparece investigada ni fue detenida en el presente caso.

Según Proceso, el 30 de noviembre de 2012, mediante el volumen 660, instrumento 32249, ante el notario público 94, Rodolfo Morales Pasos, se protocolizó un acta de asamblea extraordinaria en la que nombraron como administrador único a Silvia Alicia Ramírez y ratificaron como representante legal a Judith Javier Mesinas, quien supuestamente compareció ante el notario a protocolizar esta acta.

Entre las irregularidades que se encontraron destacan que el acta anexa a la protocolización no tiene fecha; como domicilio social de la empresa únicamente se menciona la ciudad de Puebla; los datos generales de Judith Javier Mesinas no coinciden con los que asentó el notario; no se anexa copia de la credencial de elector de Silvia Alicia; no aparecen las firmas de Patricia Castellanos y Leonor Carrasco, socias fundadoras que en el acta que supuestamente, cedieron sus derechos a Silvia Alicia y a Hortencia Acevedo Sánchez y este documento no está inscrito aún, según investigación, ante el Registro Público de Comercio.

Según el testimonio retomado por Apro, el hecho es que es un dinero que nunca tuvieron en sus manos, una sociedad mercantil en la cual nunca tuvieron conocimiento de su constitución, ni como socios, ni como administradores, pero como utilizaron sus generales e identificaciones los involucraron y hoy están procesados.

—¿Cada cuánto ve a su hermana?

–Yo voy a verla cada ocho días, los domingos. Está en Tanivet y la verdad ella todavía no entiende; está en shock; no entiende qué pasó, ella dice: ‘Por qué estoy aquí, si yo no hice nada’.

 

¿Coincidencia?

 

Según familiares de los detenidos, las sospechas de que el empresario Carlos Eduardo Martínez Tamayo haya facilitado los datos de empleados para la constitución de empresas fachada son sólidos.

Silvia Alicia Ramírez Ramírez no es la única trabajadora de Avantires SA de CV que está detenida. Figuran también Jaime Tablada Cruz, quien se desempañaba como talachero en la empresa de Martínez Tamayo, y Ángel Martínez Carreño, quien trabajó como chofer hasta 2010.

Sus casos son idénticos al de Silvia.

Martínez Carreño apareció en dos de los 11 contratos, como representante legal de Construcciones Asfálticos Zoondu S. A. de C. V, por los que, según los expedientes 44/2017 y 28/2017, recibió 4 millones 790 mil 791 pesos y 4 millones 532 mil 653 pesos.

Ángel Martínez, de 32 años, al ser detenido, se desempeñaba como director de una escuela de manejo que fundó al salirse de Avantires y con la que mantenía a su familia, conformada su esposa y sus hijas, una adolescente de 13 años y una pequeña de dos.

“Una persona que comete un delito de tal magnitud tiene dinero y mi hijo no lo tenía. Su patrimonio era un Sedán viejo que ocupa para sus clases”, relata Carlos Rodolfo Martínez, padre del imputado.

Desde el ocho de junio, todos los días acude a visitarlo al penal de Santa María Ixcotel, donde también están Germán Tenorio Vasconcelos y el ex secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas.

–¿Qué le dice su hijo, cómo está?

—Pues de la chingada, qué se va a sentir. Él se quiere sentir fuerte, pero luego se nota que ya no. Él dice: ‘Qué estoy haciendo acá’, luego ponerse a pensar en sus hijitos, en su esposa…

>Yo estoy sacando su trabajo de él. No se ha cerrado el changarro… yo salgo y yo me voy a dar clases por él. Yo estoy sacado todo el trabajo.

Paro los allegados de Martínez Carreño, los verdaderos defraudadores rellenaron “machotes” a través de los cuales imputaron a personas inocentes, vulnerables por su estrato social.

Y no sólo eso, sino que tal planeación, agregan, está siendo secundada por el actual gobierno del estado.

“Nosotros pensamos que se está protegiendo algo o alguien y por eso no actúa el juez con libertad… mi abogado (Jorge Franco) me dijo que hay mano negra en este asunto”, comenta Rodrigo Cabrera, un militante y dirigente del PRI, tío del acusado.

“Las actas constitutivas son un machote… Los domicilios no existen.  A mí me tocó ir a Puebla a dejar un exhorto para una de las que funge como testigo, y es un domicilio en un pueblo huachicolero: se llama Palmar de Bravo.

“Yo llevé al secretario del Juzgado (Segundo Penal) a ver un domicilio en (la colonia) Las Flores y nunca ha vivido esa persona ahí. Todo está armado”, agrega.

“Aquí hay que ver a quién están encubriendo, quien se llevó realmente el recurso y cobro esos depósitos”.

 

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