El país Latinoamericano se convirtió en el primero en el que el mercado del Cannabis queda en manos del estado
Las cinco plantas de cannabis que con esmero y dedicación cuida Cristian en su taller de herrería a las afueras de Montevideo son, a partir de ahora, parte de un experimento de alcance internacional, el mayor cambio a la política antidroga en América Latina.
Uruguay se convirtió el 10 de diciembre, en el primer país del mundo donde el mercado del cannabis queda en manos del estado, luego de que el Senado aprobó la ley que regulariza el cultivo, distribución, venta y consumo del cannabis.
Importante para Cristian, quien pasará de esconder su marihuana de la policía a someterse a la supervisión de las autoridades del nuevo Instituto de Regulación y Control del Cannabis, organismo que vigilará que sus plantas estén registradas y que su cosecha no supere los 480 gramos anuales.
Pero más importante aún para el resto del continente, donde el presidente José “Pepe” Mujica logró poner en marcha el “experimento sociopolítico” para legalizar la marihuana y ensayar nuevas maneras de combatir el narcotráfico.
APRENDIZAJE COLECTIVO
“Yo espero que (los otros países) nos den una mano y que aprendamos entre todos», había dicho Mujica de 78 años, al argumentar los beneficios de su plan y el impacto que puede tener en el resto de la comunidad internacional, donde la droga sigue siendo un enemigo que se combate sin cuartel.
“Que nos permita adoptar un experimento sociopolítico frente a un problema tan grave como es el narcotráfico”, aseguraba el presidente uruguayo, cuya motivación ha sido arrebatarle ingresos a los carteles de la droga.
Cuando Mujica rubrique la norma sancionada por el Congreso se abrirá un periodo de 120 días en el que las autoridades tendrán que publicar los primeros reglamentos con los detalles del proceso de regulación.
Tal vez en un año, los amantes de la marihuana podrán hacer como Cristian, el herrero, y cosechar sus primeras plantas de manera legal.
Desde los años 70, fumar marihuana ha sido legal en Uruguay, incluso en espacios públicos, pero su cultivo o compra no.
Y a pesar de contar con menos de 3.5 millones de habitantes, el negocio mueve unos 30 millones de dólares al año.
CONSECUENCIAS INTERNACIONALES
“No les decimos que esta política es la que ellos tienen que adoptar, pero queremos darle la garantía a otros países de que la marihuana que se va a producir legalmente acá no va a terminar en su mercado negro. Es nuestro compromiso”, dijo a BBC Mundo Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.
“Nosotros hemos sido víctimas de las políticas de drogas vigentes. Uruguay no tendría un problema con la marihuana si esta no viniera de fuera. Somos soberanos para tomar las decisiones que consideramos si no afectamos a terceros países”, afirma Calzada.
Sin embargo, en foros internacionales, en medios de comunicación extranjeros y hasta en Naciones Unidas, el presidente Mujica ha argumentado que la estrategia de la guerra frontal contra el narcotráfico apadrinada por Estados Unidos en América Latina desde hace los años 70 ha fallado.
Sólo en México, más de 60 mil personas han muerto por la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos seis años, durante los cuales el gobierno mexicano ha emprendido una guerra frontal contra los carteles del narcotráfico.
En Colombia, la discusión sobre la droga es un asunto sensible en las conversaciones de paz entre guerrilla y gobierno, justo el centro de la tercera ronda de negociaciones que realizan ambas partes en La Habana.
En general, en las calles de la mayoría de las ciudades del resto del continente se ven y se sienten los efectos de esa lucha militarizada contra el narco.
“UTOPÍA”
La de Mujica no es una voz solitaria. Cada día surgen más figuras latinoamericanas a favor de la legalización de la marihuana, aunque la suya sea de las contadas que lo ha hecho desde el poder.
Otros han esperado salir de sus cargos públicos, como el mexicano Vicente Fox, el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el chileno Ricardo Lagos, quienes tras dejar la presidencia de sus países, y haber promovido la línea dura tradicional frente al problema, ahora abogan por la liberalización de la marihuana y otras drogas de «menor impacto».
Pero «todos son ex», como recuerda en conversación con BBC Mundo Julio Calzada.
“El único en ejercicio que lo ha planteado sabiendo los riesgos políticos que eso implica ha sido el presidente Mujica”.
En la región, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, también abogó por un debate sobre la legalización de las drogas.
El guatemalteco calificó como “visionario” a su par uruguayo por esta ley, pero no logró el apoyo suficiente para llevar un proyecto similar a su país.
En otros países latinoamericanos la respuesta ha sido tímida, de expectación. Como en Argentina, donde el gobierno dijo que esperará a ver los resultados de la legalización en Uruguay.
Pero en otros fue directamente negativa. El secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, dejó claro que “el enfoque no puede ser unilateral” y pidió que la política de drogas sea consensuada en la región.
Desde la vecina Paraguay, el presidente Horacio Cartes ha resumido la iniciativa uruguaya como “una utopía”.
“La situación del tráfico de drogas no va a cambiar con la legalización de una droga”, sostiene Cartes, cuyo país es el mayor productor de marihuana de la región.
IMAGEN INTERNACIONAL
La diputada Verónica Alonso, del opositor Partido Nacional de Uruguay, considera que la regularización de la marihuana “va a afectar negativamente” a Montevideo a nivel nacional e internacional.
“Un país no puede tomar en un tema tan importante políticas unilaterales. Debería haber por lo menos un mecanismo de coordinación con países vecinos”, asegura a BBC Mundo.
“Con esta medida estaríamos violando acuerdos internacionales y tratados. La ONU nos ha advertido sobre ello”, dice en referencia a un comunicado emitido en agosto pasado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la oficina de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de los acuerdos antidrogas.
El presidente de la JIFE, Raymond Yanes, aseguró en ese momento que la iniciativa uruguaya contraviene lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual ha sido adoptada por 186 países, incluido Uruguay.
INCERTIDUMBRE
Los promotores de la regularización no sólo tendrán que tranquilizar a sus vecinos en el extranjero. También en casa existe escepticismo.
Según las últimas encuestas, la mayor parte de la población uruguaya sigue estando en contra del proceso, especialmente en el interior del país.
Pese a todo el revuelo global, para Cristian, el herrero, el impacto de la nueva ley es más personal.
“Ya no voy a tener que salir a buscar a las bocas o a darle dinero a quienes trafican con ella”, dijo a BBC Mundo, sintetizando lo que es la motivación principal tras la iniciativa del presidente Mujica: secar las fuentes de ingreso de los que trafican con drogas ilegales.
No es posible saber si otros países seguirán los pasos de Uruguay, pero en una región devastada por la violencia del narcotráfico, este “experimento sociopolítico” podría ofrecer una alternativa para combatir y quizás controlar los efectos de las drogas.
Ignacio de los Reyes/BBC MUNDO
