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Una farsa,el tribunal anticorrupción

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El órgano encargado de impartir justicia y castigar por la vía administrativa a los funcionarios que incurran en actos de corrupción, integrado hace dos años, ha sido cooptado por los ex gobernadores José Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué y, el actual, Alejandro Murat, quienes han impuesto como magistrados a personajes identificados con los grupos políticos que encabezan  para evitar que sean sometidos a los esquemas de fiscalización que plantea el Sistema Nacional Anticorrupción

 

David Méndez

 

Concebido como parte medular del sistema anticorrupción, con la esencial tarea de castigar a todo aquel ciudadano y servidor público que incurra en actos ilícitos graves al desempeñar su función, incluidos los propios mandatarios, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca ha quedado bajo el control de los ex gobernadores Ulises Ruiz, José Murat, Gabino Cué y, el actual, Alejandro Murat, a través de la imposición de magistrados y la manipulación de sus estatutos.

A poco más de dos años de su integración, en contubernio con los diputados integrantes de la 62 y 63 legislaturas del Congreso local, los dos últimos mandatarios, Gabino Cué y Alejandro Murat, han manipulado a tal grado el nuevo órgano jurisdiccional que han impuesto en roles principales, incluida la Presidencia, a amigos y colaboradores cercanos, en actos flagrantes de conflictos de interés sancionados por propia Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tras aprovechar que la ciudadanía centra su atención en otras problemáticas torales como la inestabilidad social, pobreza, desempleo y violencia, y la nula existencia de asociaciones civiles que enarbolen en el ámbito estatal la lucha anticorrupción, los gobernantes oaxaqueños construyeron un tribunal a modo, sin los debidos procesos de selección de magistrados y sujetos a sus intereses, lo que ha sido condenado por agrupaciones nacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y México Evalúa.

En entrevista con Real Politik, especialistas de ambas agrupaciones recriminaron el desaseo de los procedimientos que han sido realizados en la entidad y llamaron a la sociedad y a los sectores académicos a unificarse y pelear para hacer prevaler los derechos del colectivo a la justicia, rendición de cuentas y transparencia.

 

La ruta de la simulación

 

El actual Tribunal de Justicia Administrativa es, en realidad, la unión de dos tribunales que existieron en la entidad hasta 2015: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, creado en 2007 durante la administración de Ulises Ruiz, meses después del conflicto político-social de 2006, y el Tribunal de Fiscalización, creado en 2014, en la gestión de Gabino Cué Monteagudo.

Ambas instancias se fusionaron luego de que –el 30 de junio de 2015– la 62 Legislatura de la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó el decreto mil 263 con el que, supuestamente, se homologaron las leyes estatales con la reforma federal al artículo 113 que le había dado vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

A raíz de esa modificación a la Carta Magna local, nació el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, dependiente del Poder Judicial del Estado e instaurado como la máxima autoridad local para conocer, sustanciar y castigar todos aquellos hechos graves de corrupción cometidos por particulares y funcionarios públicos.

Eran, dijeron las autoridades, la entrada al combate frontal de la corrupción en Oaxaca.

 

Pura pantalla

 

Sin embargo, lejos de crear una sección especializada en responsabilidades administrativas –como lo demanda la legislación federal—o designar a un nuevo grupo de magistrados, ajenos a intereses políticos, los diputados oaxaqueños decidieron convertir automáticamente en magistrados anticorrupción a los mismos que se habían desempeñado en materia de lo Contencioso y de Fiscalización, a pesar de que éstos habían mostrado diversos tipos de inclinaciones en favor de los gobernadores que los llevaron al cargo.

Para lograr su cometido, los legisladores crearon un artículo 28 transitorio dentro del decreto mil 263 que dice: “Los magistrados en funciones de los tribunales de lo Contencioso Administrativo y de Fiscalización conformarán el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas por el tiempo para el cual fueron electos. Los presidentes de dichos tribunales integrarán la Sala Superior…”.

El Poder Legislativo anuló, así, cualquier proceso de selección abierta, como los que se han intentado llevar a cabo durante los últimos meses en prácticamente todas las entidades del país.

“Lo que estoy viendo es que se está reciclando. No es la más adecuada de las palabras, pero se está reciclando el personal de los magistrados (sin) los candados para asegurar que son los perfiles ideales”, opinó el director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ricardo Corona, al ser consultado al respecto.

“Lo que están mostrando más o menos con esto es que se le está dando continuidad (al sistema)… se le cambió de nombre a algo que, posiblemente, va a seguir igual”, resaltó.

 

Tráfico de influencias

y amarres políticos

 

No fue todo. Dos meses y medio antes de que el Congreso oaxaqueño anunciara la creación del tribunal anticorrupción y desaparecieran las dos entidades antes referidas, los mismos integrantes del Poder Legislativo, a petición del entonces gobernador Gabino Cué, aprobaron la incorporación de Enrique Pacheco Martínez, que durante tres años había fungido como jefe de la Oficina de la Gubernatura, como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo.

La intención del movimiento quedó en evidencia en enero de 2016, cuando Pacheco fue designado como el primer presidente del tribunal anticorrupción por un periodo de tres años.

En un acto que legalmente puede ser tipificado como conflicto de interés, Pacheco pudo acceder a los juicios que la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Contraloría o la Secretaría de la Función Pública pudieron haber promovido en contra del gobierno de Oaxaca y su ex jefe, Gabino Cué, por desvíos de recursos u otros actos de corrupción registrados entre 2010 y 2016.

“Lo que el Tribunal decida tiene que pegarse a legalidad, pero para que tú puedas lograr eso debes tener un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir los fallos con una jurisdicción plena, que sea parte del Sistema Anticorrupción y que esté sujeto a estos controles que permitan asegurar el desempeño de sus operadores, que en este caso son los magistrados”, expuso Corona.

Posteriormente, en marzo de 2017 –ya en la nueva administración– el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, nombró como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a Raúl Bolaños Cacho Guzmán, amigo cercano del ex gobernador José Murat Casab, padre de Alejandro.

En abril, Bolaños Cacho, en contra del marco constitucional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, logró que Enrique Pacheco desistiera de la presidencia y dejara su lugar a María Eugenia Villanueva Abraján, hermana de la procuradora de Justicia durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, Patricia Villanueva Abraján.

 

Entregan tribunal 

 

En diciembre de 2017, nuevamente a petición del Poder Ejecutivo, la 63 Legislatura del Congreso del Estado realizó nuevas reformas constitucionales a través de las cuáles derogó el artículo 111 de la Carta Magna local, que dos años y medio antes, le había dado vida al Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas.

El objetivo de tales modificaciones, según la argumentación del Gobernador, era cumplir con una homologación apegada a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y, con ello, dotar de autonomía y denominar al órgano jurisdiccional como Tribunal de Justicia Administrativa en asimetría con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los diputados avalaron lo anterior a través de la creación del artículo 114 QUÁTER capítulo tercero denominado “Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca”.

Si bien las modificaciones corrigieron los yerros sobre la denominación y la autonomía cometidos por la 62 Legislatura, los actuales diputados entregaron el control de nombramiento de los magistrados al Poder Ejecutivo.

Los representantes populares, varios de ellos que hoy buscan la reelección en el cargo, determinaron que los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa serían designados por el Gobernador del Estado y ratificados por las dos terceras partes “de los miembros presentes de la legislatura”.

Sin embargo, se aclaró que tal precepto entraría en vigor a partir del fenecimiento del periodo de los magistrados que ya fueron impuestos.

 

Corrupción en el tribunal anticorrupción

 

La falta de un contrapeso real en el Poder Legislativo, provocó que el martes 3 de abril se registrara un nuevo golpe contra el incipiente Sistema Estatal Anticorrupción y su órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.

Ante una nueva petición del Poder Ejecutivo y en un caso similar al de Enrique Pacheco, el Congreso del Estado aprobó los nombramientos de Manuel Velasco Alcántara, ex vocero de Alejandro Murat durante su campaña política de 2016 y asesor fiscal del ex gobernador José Murat, como magistrado de la Sala Superior de aquel tribunal, por un periodo de siete años.

Durante la misma sesión, los integrantes de la 63 legislatura, Morena incluido, avalaron también el nombramiento de Javier Martín Villanueva Hernández, como magistrado de la Segunda Sala de Primera Instancia.

De acuerdo con Alberto Aguirre, columnista del diario El Economista, que se edita en la Ciudad de México, en 2014, Velasco Alcántara, licenciado en Derecho egresado de la Universidad Regional del Sureste (URSE),  fue apoyado por el grupo político de José Murat para convertirse en presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), pero quedó descalificado al reprobar el examen correspondiente.

Antes, en 2011, según otras citas periodísticas, Alcántara fue considerado como aspirante del PRI a obtener la candidatura federal por el distrito cuatro; ello, sin embargo, no se concretó.

Un suceso que evocó la cercanía entre Velasco Alcántara y Murat se registró el 25 de mayo de 2013, cuando el hoy gobernador, Alejandro Murat, y su familia, incluido su padre, José Murat, encabezó un acto privado en la ciudad de Oaxaca.

Durante el evento, efectuado en Santo Domingo de Guzmán,  un grupo de personas protestaron por la presencia del ex gobernante.

“Durante todo momento, José Murat estuvo acompañado de Manuel Velasco Alcántara, dueño del portal de noticias NSS”, reseñó la agencia de noticias JM.

 

Designaciones ilegales: Imco

 

“Ni siquiera hay que meterle mucho análisis a ello; está claro, está flagrante, el conflicto de interés del señor Velasco para asumir ese cargo”, opinó el abogado del Imco.

“Más allá de eso, me alarma mucho que no haya un solo mensaje de la apertura de un proceso para concursar por esos cargos, dado lo que está sucediendo a nivel federal donde hemos tratado de hacer el mayor de los ruidos posibles para que esas designaciones se apeguen a la transparencia, imparcialidad y objetividad”.

Para Ricardo Corona, lo que pasa en Oaxaca con el tribunal anticorrupción, es un caso idéntico al tema del “fiscal carnal”, que se ha suscitado a nivel nacional tras la intentona del PRI de dar luz verde al pase automático del Procurador de Justicia como nuevo Fiscal autónomo, sin un nuevo proceso de selección, lo que en su momento despertó la indignación y la movilización de la sociedad civil, al grado que frenó tal designación.

“Recuerdo lo que pasó con los magistrados a nivel federal, cuándo salió la primera lista: (la sociedad civil se percató de diversas irregularidades y dijo) ‘no, esté fue diputado’, ‘este está con este partido’.

“Se pusieron sobre la mesa las condiciones de cada uno y se tuvo que reformular la lista porque evidentemente había riesgo de conflicto; lo mismo pasó con el fiscal.

“Me parece que esa lógica también se tiene que seguir a nivel estatal para que sea más que un cambio de nombre”.

 

 Sistemas anticorrupción, deslegitimados

 

Corona afirmó, además, que ante las irregularidades documentadas, al menos los dos últimos nombramientos de magistrados pueden ser objetados e impugnados por la sociedad para que el procedimiento sea repuesto.

“En Oaxaca, ese mensaje me parece que es el peor de todos porque al final no le estás mandando argumentos de legitimidad a un Sistema Nacional Anticorrupción o a un Sistema Estatal Anticorrupción, que está costando mucho echarlo andar desde la sociedad civil y con ese tipo de acciones a nivel local lo que estás provocando es desinflar esa posibilidad de acceder a argumentos de legitimidad, el de dotar de cierto prestigio a las instituciones y que la gente cree en ellas.

–¿Se pueden echar atrás esos nombramientos?, consultó el reportero.

–Habría que meterse y revisar el proceso del estado para la impugnación de designación. El tema del conflicto de interés que se menciona sin duda son argumentos qué se pueden exponer y más con los antecedentes entre el papá del Gobernador y el nuevo magistrado.

 

Son “sinverguenzadas”: México Evalúa

 

El coordinador del Programa Anticorrupción de la asociación civil México Evalúa y catedrático de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Marcos Fernández, consideró que el método de conformación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, a partir de la fusión de dos tribunales, pudo no haber sido el mejor, pero se encuentra dentro de parámetros legales.

En entrevista, sintetizó que la justicia administrativa radica en la coordinación de las áreas Contencioso-Administrativa y de Fiscalización, por lo cual la fusión de ambas áreas promovidas por la 62 Legislatura es correcta.

Sin embargo, resaltó que la gravedad en la integración de los órganos anticorrupción, no sólo en Oaxaca, sino en todo el país, radica en la pretensión del gobierno de capturar su control.

Doctor y Maestro en Ciencia Política por la Universidad de Duke y Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), reiteró que si bien los congresos locales cuentan con algunas libertades al momento de decidir cuál será su proceso de selección o designación de los integrantes del sistema anticorrupción, ceder a intereses partidistas y a la repartición de cuotas, como lo han hecho, harán que las nuevas normas fracasen en alcanzar sus objetivos.

Uno de los ejemplos más claros, dijo, es el de la ex presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), Ximena Puente, que favoreció con sus fallos a la discrecionalidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Presidencia de la República, y que hoy ha sido postulada como candidata plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El problema es el intento de captura política de las distintas instituciones que forman parte del andamiaje que se está tratando de establecer en el país para prevenir y castigar la corrupción, y si ese tipo de tentaciones triunfa, la verdad los resultados en términos del combate efectivo a la corrupción van a ser bastante chatos”, sentenció el ex director de Análisis Político en la Presidencia de la República.

Calificó como grave la imposición de personajes y la repartición de cuotas que han sido documentadas en el tribunal oaxaqueño, pues ello continuara produciendo “círculos negativos (que) están condenando a Oaxaca a la pobreza y al atraso.

“Eso es lo que me parece más injusto para los millones de oaxaqueños que necesitan obtener oportunidades más dignas”, indicó.

Luego, calificó a algunos integrantes de la clase política como “sin vergüenzas” que no “van a cambiar por buenas personas”, por lo que el involucramiento ciudadano será esencial para revertir el entorno que actualmente predomina en los estados más pobres del país.

“Tratar de capturar al Tribunal de su estado si no hay ese involucramiento ciudadano, les sale barato.

“(Nunca va a haber un cambio) sino no les va a costar políticamente el asunto… (políticos y gobernantes) no van a cambiar por buenas personas, van a cambiar a partir de que en las urnas, estos sinvergüenzas, paguen un costo político. En las próximas elecciones, lo mínimo que tiene la ciudadanía es su poder y su obligación de acudir a las urnas y castigar a los partidos que se quieren hacer ‘guaje’ (sic) en el combate y castigo a la corrupción.

“En el país se ve difícil (el panorama de corrupción), pero en estado como el suyo o Chiapas, que se ve triplemente difícil”.

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