Están convertidos en un espacio de castigo para pobres y marginados, en centros de abuso donde los derechos humanos son violados de manera sistemática, tienen marcadas carencias organizacionales y serias deficiencias funcionales. Hay corrupción en todas sus modalidades, tráfico de influencias, rezago de expedientes, introducción, venta y consumo de drogas, prostitución, violencia y hacinamiento
Luis RAMÍREZ
Las cárceles de Oaxaca están plagada de carencias, corrupción, abusos y vicios que atentan contra los derechos más elementales de las personas privadas de su libertad. Son espacios donde impera la ley del más fuerte y del dinero, donde no existe un sistema eficiente de reinserción. Ahí, los reclusos sufren lo indecible y dejan de ser humanos.
Las condiciones de seguridad, alimentación, trabajo, servicios médicos, educación y clasificación de internos en la mayoría de los casos son deplorables.
Al interior de los reclusorios existe la extorsión institucionalizada, que se traduce en la extracción sistemática de recursos del interno y de sus visitas privilegiando la violación de los derechos humanos y el derecho penitenciario escrito, revela un estudio elaborado por la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi A.C.
Las administraciones carcelarias, agrega el documento, estén más preocupadas por la posible evasión de presos que por su efectiva readaptación social.
En este contexto se explica porque al reo se le impone un orden de circunstanc ias que tienden a aislarlo del mundo exterior, que quebranta su personalidad y lo envilece al someterlo a vejaciones y al reducirle su capacidad de trabajo obligándolo al ocio forzoso, induciéndolo a los vicios y a padecer hambre, al exponerlo al hacinamiento, la pérdida de la sociabilidad, las angustias y depresiones, a la desintegración familiar y otras desgracias.
La investigación establece que no es posible readaptar al individuo en lugares donde impera la drogadicción, la violencia cotidiana, la sobrepoblación y las condiciones degradantes de vida; la extorsión institucionalizada, las golpizas sistemáticas, los precios elevadísimos de las mercancías que ahí se expenden, la ociosidad y la ausencia de programas de empleo remunerado. Definitivamente prevalece la diaria violación de los Derechos Humanos de los internos y por lo tanto es utópico llevar a cabo su readaptación Social, subraya el estudio.
La falta de coordinación institucional, el endurecimiento de castigos para delitos menores, y la falta adecuada de planificación y recursos convierten a las cárceles de México en un espacio de castigo para pobres y marginados, en centros de abuso donde los derechos humanos no parecen ser claramente respetados, agrega.
Al igual que la mayoría de los sistemas carcelarios de América Latina, los centros penitenciarios de México y particularmente de Oaxaca tienen marcadas carencias organizacionales y serias deficiencias funcionales.
La falta de recursos financieros y de personal calificado, repercute en la carencia de sistemas de seguridad confiables y en la ineficiencia de las funciones de custodia, ya que éstas no se efectúan conforme a las leyes y reglamentos en vigor, propiciando altos niveles de corrupción en todas sus formas y modalidades: tráfico de influencias, rezago en la revisión de expedientes, introducción, venta y consumo de drogas, extorsión, prostitución, impunidad, violencia y hacinamiento.
A manera de ejemplo de la situación que prevalece en las cárceles, un recluso recibe de pre o socorro de ley, por parte del gobierno estatal, 20 pesos diarios para su alimentación (desayuno, comida y cena), recursos que resultan insuficientes para su subsistencia. En las cárceles donde hay comedores comunes la comida es mala y escasa, en ocasiones está descompuesta.
Universidades del crimen
“Los internos viven un infierno dentro de las cárceles porque además de las carencias, se enfrentan a un deficiente sistema de justicia con procesos largos, tediosos y cansados”, afirma Maritza Ingrid López Miguel, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño.
“Las cárceles de Oaxaca y del país son universidades del crimen. Hay hacinamiento, falta de trabajo, mala atención en el aspecto de la salud, pésima administración de los reclusorios y castigos a internos”, resume Graciela Zavaleta Sánchez, presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi A.C.
“El sistema penitenciario está mal, no es el correcto, se necesitan políticas públicas, incentivos del gobierno y de la sociedad civil para que funcione adecuadamente, dice Alfonso Pérez Regino, asesor jurídico del Centro de Protección de los Derechos Indígenas A.C. (CEPRODI).
“Estamos en crisis en la reinserción de internos, no hay estado que tenga una plena readaptación o una plena reinserción, porque no tenemos las condiciones para ello. Todas las deficiencias que existen en las cárceles nos hacen que no tengamos una plena reinserción, porque no se le ha dado la importancia al sistema penitenciario”, sostiene el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDDHPO), Juan Rodríguez Ramos.
Las deficiencias
En su último informe sobre lugares de detención e internamiento que dependen del Gobierno del Estado de Oaxaca, entregado el mes de marzo de este año, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura enumera las “anomalías” detectadas por los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) en las cárceles oaxaqueñas.
Los visitadores encontraron condiciones inadecuadas e insalubridad en los reclusorios, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, carencia de áreas exclusivas para alojar a las mujeres detenidas e internas.
Además, detectaron la existencia de autogobiernos, cobros por servicios y privilegios, restricciones que vulneran el derecho a la defensa de los detenidos; no se les permite entrevistarse con su defensor y existe carencia de defensores de oficio.
También hay deficiencias que afectan la comunicación con personas del exterior, inexistencia o insuficiencia de aparatos telefónicos y restricción para realizar llamadas, omisiones en los registros de personas privadas de la libertad, inadecuada separación y clasificación de los presos.
A esa lista se suman irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos, aislamiento antes de que se emita la resolución y restricción de la comunicación telefónica, visita familiar e íntima, inadecuada difusión de reglamentos a la población interna y la omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.
La CNDH destaca que en las cárceles de Oaxaca existe insuficiente personal médico e irregularidades en la prestación del servicio, deficiencias en el equipo y en el abasto de medicamentos, así como falta de privacidad de los detenidos durante la práctica del examen médico.
De igual forma se identificó la carencia de personal femenino para la custodia de mujeres, insuficiente personal de seguridad y custodia, falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, en materia de prevención de la tortura.
Inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención, omisión de supervisión de autoridades superiores a los lugares de detención y obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las celdas.
Las personas con discapacidad psicosocial o adultos mayores que se encuentran privados de su libertad sufren otro infierno. La CNDH detectó que falta atención psiquiátrica y suministro de medicamentos, no existen programas para la atención de adultos mayores ni se considera su edad para ubicarlos en áreas que faciliten su desplazamiento.
Tampoco hay programas contra las adicciones ni para el tratamiento de desintoxicación, los inmuebles no cuentan con modificaciones o adaptaciones para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad física.
Lastimosa situación
El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalla que la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel carece de suministro de agua corriente para el uso de los internos, las instalaciones en general se encuentran en malas condiciones de mantenimiento y se observaron deficientes condiciones de higiene.
En la mayoría de los reclusorios estatales las celdas carecen de colchonetas, no tienen lavabo, regaderas ni agua corriente, las estancias para la visita íntima carecen de lavabo y agua corriente, la mayoría de las celdas presenta filtraciones en paredes y piso, así como deficientes condiciones de higiene, en algunos como el de Juchitán hay cucarachas y ratas.
En Cosolapa, Huajuapan, Juchitán, Ixcotel, Tlaxiaco, Matías Romero, Pochutla, Etla, Miahuatlán, Tehuantepec y Cuicatlán no existe separación entre procesados y sentenciados, en algunos casos no hay un centro de observación y clasificación criminológica.
En los reclusorios de Cosolapa, Huajuapan de León, Juchitán de Zaragoza, Tlaxiaco, Matías Romero, Miahuatlán y Pochutla existen internos que controlan actividades laborales, de limpieza y la preparación y distribución de alimentos, además los reclusos poseen candados de sus celdas, realizan cobros por el uso de caseta telefónica.
En Matías Romero algunos reclusos duermen en el patio, debido a que los de mayor antigüedad no les permiten ocupar una celda, mientras que en Tehuantepec hay reos que controlan el acceso a dormitorios y pasillos.
En la Penitenciaría Central existen internos que controlan la asignación de estancias en el área de visita íntima. En las celdas se habilitó un segundo nivel, el cual es ocupado por un interno, no obstante el hacinamiento que predomina en dicho reclusorio.
El informe destaca que entre los efectos negativos que puede generar el autogobierno, se encuentra el aumento de la violencia al interior de los centros, la extorsión y el tráfico de sustancias prohibidas, además de la presencia de privilegios y tratos especiales para algunos internos, como los que existen en los centros de reclusión en Matías Romero Avendaño y en Oaxaca de Juárez, lo que contraviene el artículo 25, de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca, que prohíbe la existencia de pabellones o sectores de distinción.
Por otra parte, la presencia de cobros propicia la proliferación de actos de corrupción en los que pueden participar internos y servidores públicos para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos.
El documento subraya que ningún interno debe desempeñar funciones de autoridad, empleo o cargo alguno en los centros, tener primacías o privilegios sobre otros ni ejercer poder disciplinario respecto a sus compañeros.
En los centros visitados por el personal de la CNDH se constató que a la mayoría de los internos sancionados se les suspende la visita familiar e íntima y la sanción disciplinaria no se les notifica por escrito. Además, el reglamento que rige al interior de los centros de reclusión no se difunde a los reclusos
La justicia tiene precio
El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDDHPO), Juan Rodríguez Ramos admite que en Oaxaca tenemos un sistema carcelario con algunas deficiencias que no han sido atendidas, a pesar de los esfuerzos que se han hecho.
Reconoce qu
e falta todavía lograr una plena reinserción de las personas que están privadas de su libertad, porque, por ejemplo, en las cárceles no existen las condiciones mínimas de alimentación. Los 20 pesos diarios destinados a cada recluso para que atienda sus necesidades alimenticias resultan insuficientes.
En entrevista, el maestro Rodríguez Ramos destaca que hay un avance importante en el desmantelamiento de los autogobiernos; los operativos frecuentes que se han realizado en los penales han logrado eliminar las mesas directivas, sin embargo no duda en que el problema persista en algunos lugares.
Dice que entre las principales quejas se encuentran los maltratos físicos durante los operativos de revisión y los traslados injustificados, sobre todo éstos últimos se dan en ocasiones como represalias.
En 2013 y lo que va de 2014, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha iniciado un total de 135 quejas por violaciones a los derechos humanos de los internos e internas de los reclusorios de Cuicatlán, Juchitán, Miahuatlán, Tuxtepec, Huatulco, Tehuantepec, Ixtepec y Tlaxiaco. De las quejas, 110 han sido iniciadas en la oficina central y 25 en las oficinas regionales.
Por su parte, el asesor jurídico del Centro de Protección de los Derechos Indígenas A.C. (CEPRODI), Alfonso Pérez Regino asegura que una muestra de que el sistema penitenciario está mal, es el hecho de que persiste la venta de drogas y licor en las cárceles. Nadie sabe cómo entran esos productos, pero en el interior de las cárceles un litro de mezcal cuesta 300 o hasta 400 pesos.
La Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Minerva Nora Martínez Lázaro indica que en esta desigualdad que existe en las cárceles, los indígenas son los más vulnerables y más maltratados, porque en muchos casos no hablan español, no tienen los contactos ni el dinero para solicitar que se agilice su proceso.
A su vez, la asesora jurídica del mismo Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Maritza Ingrid López Miguel afirma que las condiciones alimentarias en las cárceles son pésimas; existen casos en donde los internos hacen una sola comida al día. En la Penitenciaría Central les han dado carne descompuesta.
López Miguel señala que otra de las graves violaciones que enfrentan las personas privadas de su libertad es la revisión de sus procesos penales, debido a que en muchos son dilatados, hay presos que no se revisan sus casos y por tanto no pueden acceder al derecho de ser preliberados.
Atribuye lo anterior a la extremada carga de trabajo que tienen los defensores de oficio, quienes tienen que atender 60 o 70 expedientes al mismo tiempo. Existen casos donde acuden a una audiencia sin siquiera conocer a su defendido y tampoco conocen a fondo su caso.
La presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi A.C., Graciela Zavaleta Sánchez lamenta que muchos de los reclusos que existen en el estado son pobres y no cuentan y no cuentan con una defensa adecuada.
El Centro de Derechos Humanos Mahatma Gandhi tiene su sede en Tuxtepec y su presidenta Graciela Zavaleta tiene más de 20 años de trabajar con laFundación Mexicana de Reintegración Social, con la cual ha logrado liberar a cuatro mil 780 personas a través del pago de fianzas. Tiene estrictamente prohibido ingresar al penal de Tuxtepec por haber hecho públicas las deficiencias con que opera.
La activista resume en unas cuantas palabras la situación que prevalece en las cárceles del estado: “son universidades del crimen”, están lejos de lograr la reinserción de los presos. Es un panorama desolador el que se vive en los centros penitenciarios.
Un análisis del sistema penitenciario y la normatividad aplicadas a los presos y presas indígenas en el estado de Oaxaca, elaborado por el Centro de Protección de los Derechos Indígenas A.C. (CEPRODI) concluye que es necesario que en la agenda de los políticos y de las políticas públicas tenga un mayor peso el tema de la reinserción de los presos y presas de Oaxaca.
Plantea que se requiere canalizar más recursos presupuestales a la política de readaptación social o reinserción, dignificar, ampliar y multiplicar los centros de reclusión en Oaxaca; separar, conforme a la ley, la prisión preventiva de los presos sometidos a juicio penal y a los sentenciados.
