Dirigentes de cámaras empresariales, comerciales y transportistas de Oaxaca se dijeron decepcionados de la reunión que sostuvieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Bucareli y la calificaron como un fracaso.
Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Comercial y Empresarial, dijo que “no podemos estar esperando para el lunes a que se arregle el conflicto magisterial”.
Acompañada del presidente de la Coparmex, Benjamín Hernández Gutiérrez; de la Canirac, Onésimo Bravo; Canacintra, Jesús Rodríguez Socorro; AHMO, Juan Carlos Rivera Castellanos, de Empresarios Ejecutivos, Claudio Ruiz Solana; Cocentro, Fabiola Calvo; y de la CMIC, Orlando Hernández Montes, aseguraron que hay una grave preocupación del sector empresarial porque se siguen violando derechos y está en riesgo la estabilidad de Oaxaca.
Merino Badiola demandó soluciones más drásticas porque Oaxaca no puede aguantar más que dejen al estado a la deriva.
Urgió a solucionar el conflicto magisterial porque las y los oaxaqueños no pueden seguir siendo menospreciados.
“No creo que los 10 mil o 15 mil pesos que anuncia el gobierno y su secretario de estado de Economía sirvan para resolver la crisis de Oaxaca”, asestó.
Aclaró que no piden apoyos económicos aislados; “queremos orden”.
Aun confió que sea por la vía del diálogo y el retiro pacífico como se solucione el conflicto magisterial y bloqueos carreteros que la CNTE mantiene con el apoyo de organizaciones sociales. “No queremos más muertos”, aseguró.
De acuerdo a la dirigente comercial el mensaje que envió el gobierno federal, tras el primer diálogo con la CNTE, “es que hay sectores de primera y de segunda”.
Merino Badiola demandó no menospreciar al sector empresarial que genera el 90 por ciento de los empleos y principalmente los derechos de las y los oaxaqueños, que no forma parte del conflicto magisterial, pero son afectados.
Reiteraron que seguirán a favor del Estado de derecho, el respeto a las instituciones, la aplicación de la ley y el derecho de los niños y niñas para recibir una educación con calidad.