Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana se han convertido en un clúster en donde cada vez hay más víctimas de trata de personas; de enero a marzo, San Agustín Yatareni y San Pedro Ixtlahuaca fueron identificados por el Observatorio Nacional Ciudadano como los municipios con la mayor tasa de carpetas de investigación por trata de personas; la capital del estado es uno de los 15 más peligrosos para migrantes, víctimas de diversos delitos como explotación laboral y sexual, entre otros
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
El crimen es evidente, se comete sin supervisión, vigilancia ni castigo, con la luz del día como testigo y aun pese a la pandemia. Son niños vendiendo dulces en las calles, trabajando en cruceros viales, mujeres menores de edad dedicadas a la prostitución en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, un municipio que junto a su zona metropolitana se ha convertido en ejemplo nacional de cómo la trata de personas es un delito que no se persigue, que es invisible para las autoridades.
El Observatorio Nacional Ciudadano ha detectado que durante 2020 la ciudad de Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana se han convertido en un clúster con altas tasas de víctimas de trata de personas.
Basado en la tasa de carpetas de investigación iniciadas por cada 100 mil habitantes, dos municipios del estado lideran la lista nacional. Para los tres meses de los cuales se dispone información de 2020, de enero a marzo, el municipio del país con mayor tasa de trata de personas por cada 100 mil habitantes es San Agustín Yatareni, con una tasa de 20.31 carpetas; en segundo lugar, está San Pedro Ixtlahuaca, con 12.20 y en tercero, Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala, con 10.7.
Asimismo, Oaxaca de Juárez aparece en la lista de los 15 municipios que forman parte de las rutas migratorias del país que concentran las mayores tasas de denuncias por trata. A nivel nacional, la delegación Cuauhtémoc es la demarcación con mayor número de carpetas de investigación iniciadas por este delito, con 186 registradas entre 2015 y 2020; la capital oaxaqueña ocupa el lugar número 12 con 25, el 1.2% del total nacional.
El reporte de junio sobre delitos de alto impacto del Observatorio da cuenta de que los municipios donde hay una alta tasa de trata de personas son también identificados como parte de las rutas de tránsito de migrantes, de las cuales Oaxaca es una parte esencial.
Al analizar los datos de enero de 2015 a noviembre de 2018, el Observatorio identificó que de los 2,800 migrantes, víctimas de algún delito atendidos por el Instituto Nacional de Migración 902 fueron agredidos en Chiapas; 655 en Oaxaca. Les siguen Tamaulipas, con 423 reportes; Nuevo León, 294; Tabasco, 132 y Coahuila, 119.
A partir de las carpetas de investigación de trata de personas del fuero común a nivel municipal del SESNSP (2020) se observa que de enero de 2015 a marzo de 2020 el 48.5% de los municipios con trata de personas formaron parte de las rutas de migración, en donde se concentró el 73.1% de las carpetas de investigación por este delito.
Estos municipios “pueden representar zonas de alto riesgo y peligro, puesto que su condición de indocumentados los expone a una mayor vulnerabilidad de las redes criminales incluidas las redes de trata de personas”, señala el reporte.
DELITO INVISIBLE E IMPUNE
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte que pese a esta situación a nivel federal, estatal y municipal no hay una estrategia efectiva para atacar este flagelo.
En Oaxaca, subraya, no hay acciones identificables por parte de las autoridades de seguridad pública ni de la Fiscalía estatal para atacar intentar resolver el problema.
“Es un delito que realmente no se investiga, donde se da un cluster se combinan condiciones institucionales débiles y una baja supervisión”, señala.
Las estadísticas son imprecisas y, basándose solo en datos oficiales, es imposible conocer su magnitud real.
“Cuando vemos el mapa de la trata encontramos que solo algunos estados reportan datos relevantes, por encima de todas está la Ciudad de México, que es en donde más se ha trabajado la trata de personas, pero hay estados que la reportan prácticamente en ceros y sabemos que eso es falso, la trata hay en todo el país”, advierte.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizado hasta agosto pasado, a nivel nacional se han registrado 348 víctimas, nueve de ellas en Oaxaca. En abril el delito incrementó 71.43% respecto marzo. El mes con más víctimas fue agosto, con 56. Estos números, sin embargo, son apenas un acercamiento a la gravedad del problema.
“Por qué se dan los clústeres de municipios en donde empieza a haber mayor número de víctimas de trata, normalmente un clúster se da donde se comete el delito y no necesariamente del lugar de origen de la persona, el que una persona sea víctima y esté en un municipio no quiere decir que la víctima sea de esa zona, el problema es que no estamos combatiendo la trata desde el principio.
“A nivel federal se carece de una estrategia para combatir delitos, todos, en el caso específico de los delitos que tienen que ver con la mujer, la procuración de justicia es un proceso que inicia cuando el delito ya se combatió, eso no ayuda a desmantelar las condiciones, simplemente se sanciona una conducta ilícita, para que funcione todo el aparato se necesitaría activar los refugios y otras cosas que no están en el panorama”, asegura.
FISCALÍA AMPLÍA EL REINO DE LA IMPUNIDAD
Pero no es solo la trata. La inmensa mayoría de los delitos cometidos en Oaxaca se quedan en la impunidad. Por desconfianza, por considerar que es una pérdida de tiempo, porque tuvieron que esperar demasiado para denunciar o porque les pidieron dinero para iniciar el proceso, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca pierde al menos al 98.5% de las víctimas de delitos en la ciudad de Oaxaca.
La Encuesta de victimización y cultura de la legalidad de Oaxaca 2020, elaborada por la Fundación para el Impulso de las Comunidades Sustentables (ICSUS), que integra el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, da cuenta de que, en la capital del estado, solo al cometerse, 86.4% de los delitos se quedan en la impunidad, pues las víctimas deciden no denunciar. Del 13.6% de los delitos restantes un gran número se va perdiendo también en la estructura burocrática de la Fiscalía.
“Tenemos pocos resultados que podemos presumir al ciudadano, hay que tomar decisiones sobre cómo construimos las denuncias y que la mayor parte de los ciudadanos se acerque a denunciar”, señala Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
La encuesta, realizada entre 1,215 habitantes de la ciudad de Oaxaca con más de 18 años da cuenta de que una de cada diez personas dijo haber sido víctima de un delito durante 2019.
El Observatorio halló que solo 13.6% de las víctimas de un delito acudieron a denunciar; no obstante, de este número 76.7% lo hizo ante un ministerio público. 79.5% de quienes decidieron no denunciar lo hicieron porque consideran que es una pérdida de tiempo.
Respecto al tiempo que tardó el ministerio público en tomar la denuncia, el 44.9% refiere que fue en menos de una hora, el 14% que fue de una a dos horas y el 27.9% más de dos horas.
Del 13.6% de los delitos denunciados, en 60.9% de los casos el interés de los ciudadanos se perdió por diversos motivos: 28.6% de los casos dijo que sería una pérdida de tiempo continuar con el procedimiento; 14.2%, que el trámite ocupó demasiado tiempo; en 2.1%, el agente del ministerio público le solicitó dinero para realizar el trámite; en 7.3%, se
le solicitó que regresara después; en 3.4% se le disuadió de interponer una denuncia; en 6.3% se le solicitó el pago de un peritaje.
“Seguimos teniendo problemas de solicitud de recursos al ciudadano, no necesariamente depende de una situación de corrupción, en nuestro país hemos abandonado a las fiscalías y esto es un llamado de atención que desde distintos niveles hemos hecho, no tenemos los insumos básicos necesarios en muchas ocasiones las mismas autoridades deben suplir con sus recursos esas carencias, ninguna de las dos situaciones es aceptable”, subraya Rivas.
SE PIERDEN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
De los delitos que fueron reportados ante un ministerio público, en 72.8% de los casos se abrió una carpeta de investigación. De estos, en 28.5% de los casos el agente no dio seguimiento a la carpeta de investigación; de estos, en 79.1% se desconoce el porqué; 20.9% dijo desconocer el motivo. Ante los delitos que sí fueron denunciados, en 52.7% de los casos se abrió una carpeta de investigación, pero en más de la mitad de las oportunidades (56.2%) las investigaciones siguen su curso; en 7.3% los casos culminaron con un acuerdo de reparación de daño y en 3.3% en un acuerdo reparatorio. En total, de todos los delitos cometidos 1.44% fueron resueltos por la Fiscalía.
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
En la capital del estado, 61% de los encuestados considera que ha crecido la inseguridad; asimismo, 27.3% cambió su rutina para evitar ser víctima de un delito.
De igual manera, 61.8% de estas personas fue víctima de un asaltante que usó un arma. En 41.9% de los casos el perpetrador tenía un arma blanca y en 20.7%, un arma de fuego. En 16.5% de los casos las personas reportaron haber sido golpeadas.
Al preguntarles sobre el transporte público, 61.2% de los encuestados dijo sentirse inseguro; 26.5%, poco seguro.
“El transporte público es el espacio donde la gente se siente más insegura, esto nos debe llevar a tomar decisiones que no necesariamente son de seguridad, hemos intentado impulsar en varios municipios, porque hasta que no se regule el transporte público, difícilmente lograremos condiciones de confianza”, advierte Rivas.
El porcentaje de personas que dijo sentir que cada vez que sale de su casa lo hace con temor de ser víctima de algún delito es de 85.5%: 33.8%, algunas veces; 25.4%, casi siempre; 26.3%, siempre.
Alrededor de 18% de las personas dijo evitar salir de noche para evitar ser víctima de un delito.
Estas estadísticas se combinan con un muy pobre porcentaje de personas que dijeron confiar en la policía municipal, que fue solo el 4.4% de las personas entrevistadas. Pese a esto, solo un porcentaje de 4.9% dijo haber sido víctima de algún tipo de soborno o acto de corrupción en el último año. De las personas que dijeron que sí fueron extorsionadas, 46% señaló a la Policía de Tránsito; 13.2%, a la policía municipal y 10.8% a la Policía Estatal. 63% de las personas que se dijeron víctimas de actos de corrupción acusó que las autoridades les pidieron dinero.
