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Transita Gabino Cué ruta de la impunidad

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Si bien, los plazos legales para castigar los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se persiguen de oficio y prescriben de ocho a 10 años, respectivamente, los tiempos políticos para sancionar al ex gobernador y a sus principales operadores como Jorge Castillo y Alberto Vargas Varela, han fenecido luego de que el grupo político al que pertenece el ex mandatario está en vías de regresar al poder con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, quien no volteará la vista atrás, sólo verá “hacia adelante, advierten especialistas en Derecho

 

David Méndez

 

Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, el tiempo político para investigar y detener al ex gobernador Gabino Cué Monteagudo y a sus principales operadores, como fue el caso de Jorge Castillo y Alberto Vargas Varela, ha fenecido, sentenció el abogado Jaime Mayoral Gómez.

Las acusaciones que recaen sobre el ex mandatario y sus operadores políticos y financieros por el presunto desvío de 30 mil millones de pesos no serán indagadas y menos castigadas, pues, por una parte, existe un “pacto de impunidad” con la actual administración estatal que encabeza Alejandro Murat y, por otra, el grupo político al que pertenece Cué está en vías de regresar al poder gracias al triunfo de Morena en las elecciones del pasado primero de julio, explicó el ex catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

“Por desgracia, es una verdad pública. Todo mundo sabe que se robaron dinero. Le llaman desviación vía fraude, vía robo, vía retención indebida, vía compras indebidas; obra pública mal hecha o no hecha; de todas las formas posibles, (hubo) un mal manejo financiero del dinero del pueblo. Las cantidades son escandalosas”, acusó el especialista en Derecho Social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al referirse al gobierno anterior.

También experto en Derecho Laboral y litigante en activo en esa materia, resaltó que hasta la fecha las actuales autoridades no han hecho nada por esclarecer los presuntos delitos que se le imputan al ex gobernante, que emanó de una alianza entre PAN-PRD-PT y que ostentó el poder de 2010 a 2016.

“¿Qué se ha hecho (en contra de Cué)?, como abogado y sin ser abogado (lo puedo decir): Nada; no se ha hecho nada”, denunció el autor de los libros “Libertad sindical” y “Neoliberalismo y movimiento obrero en México, paraísos transnacionales”.

“La función pública (en referencia a la Secretaría de la Contraloría) y nada son lo mismo y, consecuentemente, la Procuraduría (de Justicia) tampoco actúa”, añadió el master Sociology of law en la Antigua Universidad de Oñate, Gipuzkoa, España.

–¿Es inviable que durante los últimos meses de 2018 se dé alguna campanada de justicia sobre los actos en que incurrió el anterior gobierno?, consultó Real Politik.

–Por lo menos a nivel local parece que no; los tiempos ya se fueron, apuntó.

Luego, en lo que respecta al gobierno federal, subrayó que durante los próximos dos meses y medio –hasta el primero de diciembre, el país estará sumido en un vacío de poder– ante la salida de Enrique Peña Nieto de la Presidencia y la llegada de Andrés Manuel López Obrador.

–¿Cuándo se acabó el tiempo para perseguir a Gabino Cué?

–Para empezar, el Gobernador nunca da la cara al momento de recibir dinero; reciben (la Secretaría de)  Finanzas, los secretarios, las paraestatales; entonces, la impunidad está bien fabricada. No se ha hecho nada ni habrá cómo hacerlo.

–¿No quiso el actual gobierno proceder contra el ex mandatario?

–No quiso.

–¿Se habrá tratado de un pacto con el PRI?

–Tuvieron que pactar con todos, y han pactado no solo para dejar el poder sino para ver cómo siguen sobreviviendo hacia adelante.

En el caso del empresario Jorge Castillo y el ex secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, quienes en reiteradas ocasiones han sido señalados como los autores materiales de los múltiples desvíos de recursos que se suscitaron durante el sexenio pasado, Mayoral refirió incluso que “los datos” que los incriminan probablemente ya se han desvanecido.

Uno de los proyectos que estuvo a cargo de Vargas Varela fue la construcción del Sistema Integrado de Transporte (SIT), coloquialmente conocido como Sitibús, una obra que fue catalogada como inoperable por la actual Secretaría de Movilidad (Semovi) a pesar de que se gastaron en ella más de 500 millones de pesos.

Aún cuando ha sido imposible poner en marcha el que sería el nuevo modelo de transporte por sus deficiencias técnicas y porque prácticamente la totalidad de la infraestructura instalada se encuentra destruida, ningún responsable de la obra ha sido aprehendido.

“Este silencio (del gobierno de Murat) indicó que ya hubo un perdón. Lo que no se hizo en su momento, ya no se hizo”, apuntó el también asesor de movimientos sindicales, al explicar que el momento propicio para haber actuado fueron los meses posteriores al acto de entrega-recepción.

–Entonces, según su tesis, el futuro de Gabino Cué dependerá más de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

–Así es.

–Pero López Obrador apoyó a Gabino Cué para que llegara a la gubernatura.

–Así es, así es.

–¿Podremos descartar, entonces, que haya castigo?

–No va a haber. Tal vez, a lo mejor, (las autoridades estén en la tónica de que el país) se puede componer de aquí hacia adelante, pero, como dicen en el pueblo: ‘Lo caído, caído’.

Y recordó: “El discurso de Obrador es que él va a ver hacia delante, que él no se va a vengar y no va a meter a la cárcel a nadie (de la actual clase política)”.

En la actualidad, varios operadores o funcionarios que intervinieron en la administración estatal de Gabino Cué hoy son líderes de Morena y piezas trascendentes en el organigrama de López Obrador: Nancy Ortiz, ex coordinadora de Módulos de Desarrollo en la Cañada es hoy lideresa estatal y próxima delegada del gobierno federal; Salomón Jara, ex secretario de Desarrollo Agropecuario, es actual senador y hombre de confianza del tabasqueño, y Flavio Sosa Villavicencio, ex diputado local de 2010 a 2013 y hoy representante electoral de Morena.

Otros, han obtenido cargos de elección popular, como el ex director del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) y actual edil electo de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo Jarquín, o el propio Adelfo Regino, quien se desempeñó como secretario de Asuntos Indígenas de Gabino Cué y hoy ha sido considerado como titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Además, el empresario Ericel Gómez Nucamendi, uno de los principales impulsores del ex gobernador, pelea ante los tribunales federales para ser reconocido nuevamente como diputado local plurinominal, después de que el Tribunal Estatal Electoral le retiró a Morena siete curules obtenidas bajo ese esquema por considerar que, de mantenerlas, aquel partido estaría sobrerrepresentado.

 

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Únicamente en 2016, durante el último año de su sexenio, el ex mandatario aliancista Gabino Cué Monteagudo no comprobó la correcta utilización de 4 mil 369 millones de pesos correspondientes a las transferencias que recibió Oaxaca por concepto de Gasto Federalizado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la aplicación de 3 mil 678 millones de pesos en el rubro de Aportaciones Federales, recursos condicionados a la ejecución de proyectos preestablecidos por el Gobierno de la República, y 691 millones 200 mil pesos en el rubro de Participaciones Federales, recursos de libre disposición tanto para municipios como para el gobierno estatal.

El Informe General de la Cuenta Pública 2016, en su página 116, indica que Oaxaca fue la séptima entidad del país con la mayor cantidad de recursos no justificados, únicamente detrás de Veracruz, que tuvo inconsistencias por 19 mil 728 pesos; Nuevo León, por 9 mil 841 millones de pesos; Estado de México, por 7 mil 634 millones de pesos; Tamaulipas, por 5 mil 437 millones de pesos, Michoacán, por 6 mil 246 millones de pesos, y Chiapas, por 4 mil 682 millones de pesos.

De los montos que recibió el estado durante el ejercicio fiscal 2016, la ASF auditó 57 mil 290 millones de pesos –48 mil 625 millones correspondientes a Aportaciones y  8 mil 664 millones de pesos correspondientes a Aportaciones—y las anomalías registradas equivalen al 7.6 por ciento de la muestra.

Sin embargo, el pasado 15 de febrero, el ex jefe de la Oficina de la Gubernatura de Cué y hoy diputado federal por Morena, Benjamín Robles, dijo en una entrevista con el periódico La Razón que, en suma, el monto de los desvíos durante los seis años de la administración pasada llega a 30 mil millones de pesos.

Tales recursos son equivalentes al presupuesto que recibieron Zacatecas o Querétaro en 2018, y más del que obtuvo el Instituto Nacional Electoral (INE) en este año de elecciones, que fue de 24 mil 215 millones de pesos.

“Estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos que Gabino Cué y un grupo de cercanos colaboradores se embolsaron…”, dijo el entonces Senador.

 

Sospechas de impunidad

 

Ante ese panorama y a 21 meses del comienzo del mandato de Alejandro Murat Hinojosa, el presidente de la Barra Nacional de Abogados, sede Oaxaca, Juan José Meixueiro Orozco, consideró que “existen dudas” sobre la determinación del actual gobierno para perseguir y castigar las irregularidades  en las que incurrieron las pasadas autoridades.

Sin “querer prejuzgar”, indicó el especialista en Derecho Constitucional, la falta de indicios de investigaciones sustanciales por parte de la Secretaría de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado provocan la sospecha de que se haya signado un pacto de impunidad entre la anterior y esta administración.

En entrevista por separado, consideró que han existido “rastros” suficientes para integrar y consignar carpetas de investigación por los presuntos actos de corrupción en los que incurrió Gabino Cué Monteagudo y sus “amigos cercanos”, en referencia a Jorge Castillo y Alberto Vargas Varela.

El abogado, defensor del ex secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Alberto Moreno Alcántara, quien estuvo preso de noviembre de 2017 a julio de 2018, recriminó que los ex funcionarios que han sido aprehendidos por el actual gobierno no son los que realmente maquinaron los desvíos multimillonarios que provocaron el colapso financiero de Oaxaca, sino que han sido utilizados como chivos expiatorios.

Tan es así, comentó, que los procesos en contra de los cuatro ex secretarios que llegaron a estar detenidos carecieron de sustancia a tal grado que prácticamente todos –los ex secretarios de Finanzas, Gerardo Cajiga y Enrique Arnaud, así como el ex titular de Sevitra, Carlos Moreno—han recobrado su libertad, salvo el ex titular de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos.

 

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A diferencia de Jaime Mayoral, Meixueiro sostuvo que, actualmente, la administración estatal se encuentra justo en el tiempo límite para demostrar que actuará en contra de los verdaderos responsables del quebranto a la entidad.

“Nos preocupa que no se hayan ejercitado las acciones jurídicas contundentes; nos preocupa que ese agravio que sufrimos los oaxaqueños quede en la impunidad”, indicó el especialista.

–¿El tiempo que ha transcurrido (21 meses) es suficiente para que las autoridades hayan presentado a algún presunto responsable?

–Sí, desde luego, y no estamos hablando de que haya una cacería de brujas, (sino) que se actúe en contra de quien se tiene que actuar; que no se corte por el hilo más delgado.

–¿Cómo especialista, díganos cuál es el tiempo que se requiere para poder integrar una averiguación sólida, a partir de los indicios de corrupción que se tienen?

–La ley no establece un término fatal. Realmente, el área de procuración de justicia puede tomarse el tiempo que considera pertinente.

»Dos años es suficiente para integrar una buena investigación; sustentada técnica y científicamente; con sustento jurídico para que se ejerciten la acciones correspondientes.

 –¿Desde su punto de vista existen indicios de que se cometieron actos de corrupción (durante el sexenio pasado)?

–Por supuesto que debe haber rastros, por supuesto que los debe conocer la autoridad y por supuesto que, en la parte administrativa, la Contraloría del Estado y, en la parte penal, la Fiscalía General del Estado tienen la obligación de allegarse de todos los elementos, de hacer un investigación científica, técnica y jurídica… y que esos hechos delictivos no estén como está sucediendo en este momento, quedando en la impunidad.

–¿Cree que haya un pacto de impunidad, que estén apostando al olvido?

–No me gustaría prejuzgar; sin embargo, sí existe la duda, en virtud de que todo el tiempo que ha transcurrido.

 

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Hasta el 2011, los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito eran perseguidos por querella; es decir, el actor afectado debía solicitar a la autoridad encargada de procurar justicia, comenzar las indagatorias correspondientes.

En aquel caso, ambos cargos podían prescribir si a los tres años de cometidos, nadie interponía las denuncias respectivas.

Sin embargo, en la actualidad, a raíz de la reforma penal de 2011, el peculado y el enriquecimiento ilícito se persiguen de oficio, por lo que el tiempo de prescripción aumentó a ocho y 10 años, de manera respectiva.

Así, será hasta los años 2024 y 2026 cuando Gabino Cué y sus funcionarios puedan liberarse de cualquier posibilidad de ser sometidos a juicio; sin embargo, los tiempos políticos marcan que durante los cuatro años que le restan al gobierno de Alejandro Murat y los seis de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, ninguno de ellos será molestado por el Poder Judicial.

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