El proyecto prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es mantenido desde la Presidencia como clave para reactivar la economía de Oaxaca y del país, sin embargo, desde diversos frentes se advierten riesgos; constructores demandan ser incluidos, activistas denuncian violaciones a derechos humanos, empresarios piden cancelar o, por lo menos suspender la obra… es López Obrador contra el mundo
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
¿Es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec la respuesta para evitar una grave crisis económica en Oaxaca? ¿Este proyecto prioritario al que la Cuarta Transformación le destinará entre 2019 y 2022 26 mil millones de pesos tiene la capacidad para generar empleo y reactivar la economía del estado tras la debacle que provocará la pandemia del coronavirus? Aunque la respuesta de Andrés Manuel López Obrador es afirmativa, desde la iniciativa privada, el sector local de la construcción, comunidades indígenas y activistas de derechos humanos señalan los riesgos de continuar sin cambios por el camino trazado.
CONSTRUCTORES, AL BORDE DE LA QUIEBRA
Felipe Palacios Sibaja, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Oaxaca, advierte que la crisis generada por el coronavirus puede ser el tiro de gracia para la mitad de las pequeñas y medianas constructoras de Oaxaca que, desde 2019, debido a la falta de obras licitadas tanto a nivel federal como estatal, se encuentran detenidas.
Hoy, las previsiones ante la crisis económica que genera la pandemia es que una de cada dos empresas constructoras del estado cierre si no se aplica un plan de rescate importante.
“2019 fue un año que no hubo crecimiento para el sector, la crisis generó el cierre de 15 o 20% de las empresas constructoras, alrededor de 100 empresas, 20% más se mantuvo cerrado en espera de que mejoraran las cosas en el actual ejercicio 2020, lo cual no ha ocurrido”, señala el dirigente de la CMIC.
El Corredor Interoceánico, asegura, será una alternativa de reactivación de la economía únicamente si se garantiza el acceso a los constructores oaxaqueños, algo sobre lo que hasta ahora no hay avance alguno.
“Para que realmente ese proyecto traiga beneficios necesitamos que haya participación de las pequeñas y medianas empresas, porque lo que está llegando son empresas grandes que ya han tenido su oportunidad en otras administraciones, si sigue así la derrama no va a llegar a la región. Necesitamos que esas empresas contraten, no subcontraten, a grandes, pequeñas y medianas empresas, si no va a pasar como ha pasado con las carreteras a la Costa e Istmo, han venido grandes empresas, se gastan millones de pesos, no terminan las obras, la derrama no queda en el estado”, sentencia.
Los otros megaproyectos del gobierno federal, subraya, no son prioritarios. “Aparentemente son las únicas obras que le interesan al gobierno federal, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los vemos como proyectos no prioritarios, no sabemos cuándo vamos a salir de la contingencia y recursos fuertes se están yendo a estas obras que no vemos que puedan rescatar el país”, apunta.
APENAS SE LEVANTAN DEL SUBEJERCICIO
En enero pasado, la CMIC a nivel nacional denunció públicamente que el gobierno federal generó subejercicios en el rubro de construcción de infraestructura del 65% de los recursos etiquetados.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ejerció 76% de los 48,880 millones de pesos asignados el año pasado, mientras que Pemex únicamente gastó 30% de los 271,650 millones de pesos que se le etiquetaron y la Comisión Federal de Electricidad usó 23% de 41,460 millones.
Aunque durante 2020 en Oaxaca la SCT ha generado obras de mayor impacto, hasta ahora únicamente ha licitado 80 obras en los que sí hubo participación para constructores oaxaqueños.
“Por parte del gobierno del estado ha estado muy limitada la licitación de obras, salvo algunas que ha licitado la Secretaría de las Infraestructuras, de muy bajos montos, muy limitado, el primer trimestre del año lo iniciamos continuando con muy poco trabajo”, señala Palacios Sibaja.
Ahora, se espera que, por parte de la Secretaría de las Infraestructuras, con la llegada de Javier Lazcano Vargas como nuevo titular, inicie la licitación de 48 proyectos prioritarios que contarán con un monto de inversión entre 2020 y 2021 de 3,500 millones de pesos, 648 a ejecutarse este año.
RIESGO PARA LOS PUEBLOS, SE DEBE DETENER: OXFAM
La respuesta a la pregunta sobre si detener o no la ejecución del Corredor Interoceánico mostrará cuáles son las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura Roberto Stefani, abogado experto en derechos humanos, representante de la organización internacional Oxfam en Oaxaca.
Sobre este megaproyecto, apunta, el gobierno está actuando con mucha prisa, con poca información hacia las comunidades, sin permitir su participación efectiva en la toma de decisiones.
El proyecto es, por lo menos, controversial, apunta. “No se cuenta con toda la información para expresar una opinión fundamentada, si bien es cierto el trazo del tren ya existe, no hay claridad sobre cuáles son las desventajas de este proyecto, se habla de los beneficios, pero la gente no sabe cómo le impactará, hay mucha prisa por continuar las obras”, apunta y enfatiza “los megaproyectos no son esenciales, el corredor Transístmico no es esencial, las obras no deberían seguir como pretende el gobierno de López Obrador”.
La pregunta de fondo, subraya, es para quién y para quiénes es esta obra, a quién beneficia, si a las grandes empresas o a los pobladores que viven en condición de marginación. La orientación del gasto del gobierno, anticipa Stefani, implicará detener los procesos de desigualdad social o agravarlos.
“La pregunta es ¿a qué prioridades desea responder el gobierno antes de pensar en los megaproyectos? Es en relación a cómo las poblaciones indígenas se ven afectadas por el coronavirus, es un asunto de prioridades, dónde invierto, hay comunidades donde las clínicas no tienen medicamentos básicos, menos van a tener ventiladores.
“En la Ciudad de México, donde se concentra la mayor parte de la población, se están saturando los hospitales, qué va a pasar con las comunidades que se ven afectadas por el coronavirus, por la baja en las remesas, por las personas que están regresando de Estados Unidos, exponiendo a sus propias comunidades a un posible contagio, es un tema de desigualdad”, expresa.
Al continuar con la ejecución de megaproyectos, el gobierno de México además coloca en una situación de alto riesgo a activistas por los derechos humanos. Desde que se decretó la fase 1 de contingencia por la pandemia de coronavirus en México, cuatro activistas en pro de los derechos humanos y el ambiente han sido asesinados.
EMPRESARIOS, EVASORES DEL FISCO
Para el diputado local por el distrito de Santo Domingo Tehuantepec, Pável Meléndez Cruz, las voces que han surgido desde la iniciativa privada para exigir que se frenen obras prioritarias para el gobierno de la Cuarta Trasformación pertenecen a empresarios que tratan de evadir su responsabilidad fiscal.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, declaró al gobierno del presidente López Obrador como “el contrincante más grande para México” por desestimar las afectaciones que sufrirán las empresas tras la emergencia del coronavirus. Entre sus propuestas, la Coparmex ha enfatizado la necesidad de reinvertir los recursos de obras prioritarias en apoyos a empresas.
“El planteamiento de que el presidente cancele las grandes obras sexenales, que va a ser el legado que va a dejar, viene de la oposición conservadora, que ve amenazados sus intereses económicos por el cobro que se les está haciendo de impuestos, todos los que deben dinero al fisco tienen inversiones en Estados Unidos, hay un estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre eso. Esos empresarios ahí pagan impuestos, ¿por qué aquí no pueden aportar a la nación?”, pregunta el legislador de la bancada de Morena.
Asimismo, frente al cuestionamiento de si los recursos que se destinarán a obras como la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía deberían reinvertirse en el sector salud, asegura que el nuevo gobierno ha generado una inversión superior a la de anteriores administraciones, del orden de los 40 mil millones de pesos. “La inversión en salud aún debe robustecerse, pero la fuente de financiamiento no necesariamente debe ser la cancelación de los grandes proyectos, sino otras alternativas que se han ejecutado, como colocar bonos en el exterior, el acuerdo con la OPEP para evitar que el precio del petróleo se desplomara”, asegura.
PROYECTO, ILEGAL: UCIZONI
De avanzar el proyecto del Corredor Interoceánico, el gobierno federal estará incurriendo en actos ilegales, advirtió la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
En un escrito enviado al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, la organización señaló que, aunque el proyecto abarca 132 kilómetros, desde Medias Aguas, Veracruz, a La Mata, Oaxaca, la manifestación de impacto ambiental con que cuenta sólo incluye 63 kilómetros, de Medias Aguas a Tolosita, Oaxaca.
“El pasado 13 de abril, en abierta violación a nuestros derechos humanos, empleados de la empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec convocaron a asambleas para levantar actas de aceptación, lo cual rechazamos rotundamente. Exigimos la consulta y que ese proyecto se detenga”, expuso Dagoberto Toribio Severo, presidente de la Ucizoni.
