De confirmarse la muerte de 22 personas de manera extrajudicial significaría que el Ejército los detuvo, los juzgó y los sentenció a la pena de muerte de manera expedita
Perseo Quiroz
@Perseo_AI
El 30 de junio de 2014 murieron 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Las versiones de los hechos varían, la postura oficial, la que emitió Sedena, nos relata que soldados de la 22/a zona militar, repelieron una agresión de presuntos delincuentes en una bodega; este enfrentamiento resultó en la muerte de los 22 y la liberación de tres mujeres secuestradas. El saldo para el Ejército fue de un soldado herido. La segunda versión surge hace apenas unos días, cuando una supuesta testigo declaró que sólo uno de los muertos falleció durante el enfrentamiento y que los demás fueron ejecutados por los miembros del ejército después de rendirse.
La versión de la testigo plantea interrogantes, ya que de tratarse de un enfrentamiento es raro que únicamente un soldado haya sido lesionado, no se encontraron suficientes orificios de impacto desde el exterior de la bodega y las manchas de sangre en las paredes del interior sugieren disparos a corta distancia.
La situación es grave, de confirmarse la muerte de 22 personas de manera extrajudicial, significaría que el Ejército los detuvo, los juzgó y los sentenció a la pena de muerte de manera expedita, sin un juicio justo, con una sanción no permitida en nuestro sistema legal. Significaría que el Ejército Mexicano masacró a 22 personas sin más, únicamente por creer que eran del crimen organizado.
Es de llamar la atención que todas las autoridades se habían creído la versión oficial, que hizo falta que la testigo saliera a la luz, en prensa internacional, que hubiera indignación, comunicados de preocupación de organizaciones internacionales y de la sociedad civil mexicana, para que se cuestionara la legitimidad de la versión de los hechos de Sedena, es también preocupante la declaración que emite el secretario de Gobernación, que considera que de confirmarse la ejecución extrajudicial estaríamos ante un caso aislado, que de ninguna manera dañaría al gran Ejército que tenemos.
Ante el cuestionamiento de los hechos, la Procuraduría General de Justicia Militar detuvo a 8 militares por actuar en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes; por su parte la PGR continúa con la investigación; de la CNDH sabemos que dijo que parecía que era un enfrentamiento, pero después explicó que se debía investigar más a fondo y entregaría resultados pronto.
El caso de Tlatlaya podría estrenar las reformas al Código de Justicia Militar realizadas en junio, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Radilla, para que frente a situaciones que vulneren los derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia opere la jurisdicción militar, esto con la finalidad de que la víctima participe en el proceso, se le repare el daño y pueda acceder a los derechos de verdad y justicia.
Esto supondría que la competencia para el juicio se encuentra en el fuero civil, esto es, la PGR tiene la competencia para juzgar, mientras que la justicia militar únicamente debe observar si se violó su código castrense.
El Estado mexicano parece no estar tomando el asunto con la seriedad debida, la investigación está mucho más avanzada en el fuero militar, que no puede ni debe sustituir en ningún momento la investigación de PGR, por otro lado resultan alarmantes las declaraciones del secretario de Gobernación, ya que, de comprobarse los hechos, nos encontraríamos ante una masacre en frío en contra de 22 personas, no se puede minimizar esta situación diciendo que son “hechos aislados” del actuar del Ejército.
Finalmente, nos encontramos ante una oportunidad del Estado mexicano para demostrar su compromiso frente a las violaciones de derechos humanos, de estrenar las reformas y juzgar en todo momento en el fuero civil, una oportunidad también para la desacreditada CNDH de hacer una verdadera investigación y recordarnos la razón por la que fue creada, un gran momento para que el gobierno de Enrique Peña Nieto demuestre que efectivamente la forma de combatir la delincuencia, se ha modificado y que ya no se encubre a los responsables de violaciones a derechos humanos realizando una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos y hacer justicia.
Del autor
Director ejecutivo de Amnistía Internacional México
