Testimonios de sobrevivientes y evidencias recabadas en el lugar conducen a una ejecución sumaria de 22 personas por parte de elementos del Ejército Mexicano, no a un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes como inicialmente informó la Sedena; de confirmarse las versiones de testigos, estaríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México, advierte Human Rights Watch
Agencias
El lunes 30 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó a través de un comunicado que 22 personas murieron durante un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo armado, en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, perteneciente a San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Según la Sedena el enfrentamiento se originó cuando los efectivos militares ubicaron una bodega custodiada por personas armadas, quienes al percatarse de la presencia de los soldados dispararon en su contra. Los hechos ocurrieron a las 5:30 horas.
La dependencia detalló que “entre los abatidos se encuentra una mujer”, y que en el lugar fueron aseguradas 25 armas largas, de las cuales 16 son fusiles AK-47, seis fusiles AR-15, un fusil Calico, dos escopetas; además, 13 armas cortas, una granada de fragmentación y 112 cargadores y cartuchos de diversos calibres.
También informó que durante la operación fueron liberadas tres mujeres, quienes presuntamente estaban secuestradas, mismas que quedaron en calidad de presentadas. De acuerdo con el boletín de prensa, durante el enfrentamiento resultó herido un elemento del Ejército.
Tres días después de la masacre, el periodista Mark Stevenson de la agencia Associated Press visitó el lugar de los hechos y el 8 de julio publicó un reportaje en el que sugiere que las 22 personas muertas en el presunto enfrentamiento fueron fusiladas por los elementos castrenses.
El periodista estadounidense señala que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega de granos, no fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios y militares, sino de una sanguinaria ejecución por parte de los elementos de la Sedena.
De acuerdo con un reporte confidencial del Cisen, Tlatlaya es uno de los 54 municipios controlados por La Familia Michoacana, que mantiene una violenta disputa con Los Caballeros Templarios. La zona conocida por el cultivo de mariguana, se encuentra en la montaña cerca del estado de Guerrero, también disputada por la banda “Guerreros Unidos”.
Evidencias y dudas
En San Pedro Limón, las manchas de sangre y los orific
ios de bala en los muros de hormigón observados por Stevenson, plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía suficientes evidencias que de que el enfrentamiento fuera prolongado.
De acuerdo con la versión de la Sedena, los soldados de la 22 Zona Militar, con sede en Santa María Rayón, en el Estado de México, realizaban un patrullaje cuando les dispararon desde un depósito de granos donde se escondía una banda de 21 varones y una mujer. Un soldado resultó herido, pero todos los sospechosos murieron dentro del edificio.
El incidente es el más llamativo en una serie de enfrentamientos en los que el ejército dice que los criminales dispararon primero a los soldados y que estos respondieron matando a todos, sufriendo pocas o ninguna baja. Ha habido tantos incidentes de ese tenor, que grupos defensores de los derechos humanos y analistas, han empezado a dudar de las versiones de los militares.
“Levanta las sospechas el hecho de que hay 22 muertos por un lado y un herido por el otro”, comentó el analista de seguridad Alejandro Hope, exfuncionario en el servicio de inteligencia mexicano.
Un testigo, que vive cerca del depósito, dijo que oyó fuego de armas automáticas y fuertes golpes durante casi dos horas en la madrugada del 30 de junio. Pero no podría afirmar con seguridad que los ruidos provenían del depósito o de las montañas boscosas a su alrededor. El hombre, que no quiso ser identificado por temor a represalias, dijo que después que se acallaron los disparos vio a los soldados inspeccionar los cerros.
Aunque se informó que hubo un tiroteo intenso, solo seis andanadas parecen haber hecho impacto en la fachada del depósito, la única parte del edificio con ventanas o puertas en la que los soldados habrían disparado a la gente parapetada en su interior.
Tampoco había indicios de un tiroteo intenso dentro del edificio, pocos orificios de bala y ningún casquillo. Pero sí había muchas evidencias de muertes. El piso estaba manchado de sangre y se veían dispersas hojas de papel numeradas, que los investigadores dejaron para marcar dónde se habían hallado los cadáveres, la mayoría cerca de las paredes.
Al menos cinco sitios en los muros internos del depósito mostraban las mismas huellas. Uno o dos grupos de agujeros de bala rodeados de una masa de manchas de sangre, lo que daba la impresión de que las personas en el interior estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por uno o dos disparos a la altura del pecho.
La distancia a la que se efectuaron los disparos fatales no fue revelada por la procuraduría general de México, que llevó a cabo las autopsias. Un funcionario estatal dijo que su oficina no podía indicar la causa de muerte debido a que es un caso federal, aunque un funcionario federal lo negó. Ambos hablaron con la condición del anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones oficiales.
La Sedena no respondió a las solicitudes que se le hicieron para conocer sus comentarios.
“Diles que vienes a
visitar a un pariente”
Dos observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también inspeccionaron el depósito poco antes de que las autoridades estatales lo cerraran, notaron que no hall
aron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado soldados, que disparasen armas automáticas a distancia. Ni había señales de disparos efectuados desde el interior.
“Eso me parece realmente notable”, comentó el observador Tom Haeck, de la ONU, y agregó que todavía no se han sacado conclusiones y que todo informe sería para uso interno de la organización internacional.
Sobre el piso de tierra del depósito también había cepillos de dientes, medicinas y contenedores vacíos de alimentos, lo que sugiere que hubo gente que se alojó en su interior.
Empleados de la oficina forense del Estado de México, que hablaron con la condición del anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones, dijeron que los muertos eran mayormente jóvenes de 16 a 24 años, procedentes del estado vecino de Guerrero.
Allí opera una banda de narcos conocida como Guerreros Unidos, que al parecer disputa el control de las narcorrutas en el área con el cártel La Familia, del estado de Michoacán. Las autoridades se han negado a decir qué pandilla podría haber estado vinculada al depósito.
Las reglas del ejército mexicano permiten que los soldados disparen contra civiles armados sólo si estos disparan primero. En algunos casos hay evidencias de que pandillas de narcos han atacado a los militares.
Hope dijo que en el caso de San Pedro Limón, “vale la pena averiguar qué pasó allí. Es importante para despejar dudas, o sancionar a quien debe sancionarse, que haya una investigación a fondo. Yo preferiría que esto fuera una instancia no militar”.
Es difícil hacer hablar a los residentes abiertamente sobre el incidente del depósito porque temen al ejército y a las pandillas de narcos que perpetran secuestros, extorsión y asesinatos mientras se desplazan libremente por el área.
Días después del incidente, reporteros de la AP en San Pedro Limón vieron a dos jóvenes vestidos con pantalones vaqueros, camisetas y cartucheras negras, cargando fusiles AK-47 montando guardia junto a un vehículo deportivo blanco, con ventanillas ahumadas, y otros dos hombres armados en el interior del vehículo, en la calle principal de San Pedro, no lejos de donde los fiscales estatales cercaban el depósito para impedir el paso.
Después que los hombres armados se fueron, los pobladores que estaban a pocos metros de distancia dijeron no haberlos visto siquiera.
Cuando se le preguntó si el camino era seguro, el conductor de un camión de transporte que vive en el pueblo cercano de Amatepec, dijo que los viajeros probablemente serían detenidos por hombres armados en el camino. “Te van a preguntar de dónde vienes, qué haces aquí. Diles que vienes a visitar a un pariente que vive en San Pedro”, aconsejó.
“¿No que muy machitos?”
Ahora, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por la agencia Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas —25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación— y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que no estaba secuestrada.
El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven era Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia.
La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.
Cuando le hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según Julia; luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla.
El certificado de defunción de Erika, al que Esquire tuvo acceso y del que posee una fotografía, indica que el motivo de la muerte fue “un impacto de bala en la cavidad torácica”. Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire que la bala perforó el corazón y un pulmón de Erika y que fue “un tiro de gracia”.
El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad donde se ve que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego en el tórax.
“Los sacrificaron”
La agencia de noticias MTV recibió de una fuente anónima material fotográfico, donde se observan los cadáveres de algunos de los presuntos miembros del grupo delictivo que fallecieron en el presunto enfrentamiento. Las gráficas fueron publicadas el viernes 26 de septiembre en el diario La Jornada.
Directivos de la agencia noticiosa presentaron el material al penalista en materia criminalista, José Luis Mejía Contreras, quien tras analizar las fotografías consideró que en la escena del crimen se evidencia manipulación de cuerpos, siembra de armas y no aparece ni un casquillo percutido a pesar de dos horas de enfrentamiento.
«Si el enfrentamiento fue entre quienes estaban dentro y los militares que venían de fuera, había una distancia de entre 20 y 30 metros, por lo que cualquier disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que ningún arma es capaz de atravesar un cuerpo y luego impactar en la pared, dejando un boquete», precisó Mejía Contreras.
Explicó que el único cadáver que presenta una posición consistente con la muerte durante un enfrentamiento es el marcado en las imágenes con el número 16, que viste pantalón de mezclilla y playera negra, y se ubica a la entrada de la bodega y frente a la camioneta tipo Cheyenne color blanco.
Señaló que para que un impacto de bala de ese calibre (M-1) deje un boquete en la pared, luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a corta distancia de la víctima.
También observó que la mayoría de las manchas hemáticas que se aprecian en la escena no corresponden a los escurrimientos de sangre que de forma natural debieron registrarse.
Como ejemplo, citó el caso de la mujer (cadáver 7) que aparece tirada y se ve una mancha de sangre a la altura de su tobillo, cuando ella no presenta ningún balazo en esa parte de su cuerpo, sino dos impactos a la altura del pecho, pero además recalcó que hay huellas de tierra y lodo en la parte anterior (frente) del cuerpo y rodillas, por lo que puede suponer que ella estuvo sometida boca abajo antes de morir y luego volteada para recibir los disparos en el pecho y abdomen que se observan en las fotografías.
Sin embargo, señaló que uno de los datos periciales más reveladores es que las víctimas presentan, todas, manchas de lodo en las rodillas, y otras más en el pecho, y luego aparecen los cadáveres tirados sobre piedras y sobre un terreno totalmente seco.
“A esas personas las sometieron, permanecieron hincadas, algunas más tiradas de pecho tierra, luego quizá los pusieron de pie y fue entonces cuando les dispararon a corta distancia, lo que provocó que los cuerpos se atravesaran y las ojivas impactaran contra las paredes, dejando un gran hueco y huellas hemáticas”, detalló.
Aclaró que nadie muere en un enfrentamiento con las piernas cruzadas, porque la dinámica de movimiento que se presenta cuando alguien cae abatido en un intercambio de disparos registra el llamado “trompo”; es decir, el cuerpo gira hacia el lado contrario del que recibió el impacto de bala.
“Las víctimas nunca dispararon”
«En la escena que observamos en las fotografías reveladas por la Agencia de Noticias MVT, podemos ver más de cinco cadáveres que cayeron totalmente de espaldas, uno más de frente, pero ninguno observa el giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre de más de 20 metros de distancia, lo que evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio, y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible”. Mejía Contreras puntualizó que han más de una veintena de puntos que se pueden observar y que echarán abajo la versión de los militares sobre el presunto enfrentamiento registrado en un aparente operativo de liberación de víctimas secuestradas.
El jurista en criminalística reveló que todas las armas que fueron colocadas en esa escena están mal puestas. “Hay errores fatales para quien montó ese escenario de crimen, pues nadie muere con el arma sobrepuesta en el cuerpo, los cañones no deberían estar apuntando a ellos mismos y cuando alguien es abatido con arma en mano, ésta naturalmente sale despedida y cae entre 30 y 45 centímetros a distancia del baleado, y aquí, en las fotografías, se aprecia que todos murieron como si estuvieran abrazados a las armas”, concluyó.
Por último, Mejía Contreras hizo una apreciación final: “Lo más raro es que se supone que los muertos eran miembros de un grupo criminal y se enfrentaron más de dos horas a siete militares, siendo ellos más de veinte personas, pero en ninguna imagen de la escenas aparece ni un solo casquillo de los muchos que debieron percutirse en todo ese tiempo. Si no hay casquillos, o las víctimas nunca dispararon, o alguien barrió el lugar y se llevó a otro lado los cientos de casquillos que debería haber ahí”, finalizó.
El jueves 25 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que un oficial y siete elementos de tropa del Ejército Mexicano, que participaron en los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya, fueron puestos a disposición del juzgado sexto militar e internos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar No. 1-A en la Ciudad de México, por delitos de desobediencia e infracción de deberes.
De confirmarse los testimonios sobre la muerte de 22 personas en Tlatlaya “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México“, advirtió el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. (Con información de las agencias noticiosas AP, Esquire y MTV)
