Luis Carlos Rodríguez G. / Mensaje Político
Tal Cual
Hay episodios, tragedias, masacres que marcan a los gobiernos en turno. Aguas Blancas, en junio de 1995, donde policías acribillaron a 17 campesinos y que significó la renuncia del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, o la matanza de 16 estudiantes en Lomas de Salvacar, en enero del 2010, en Chihuahua y las desafortunadas declaraciones del entonces presidente, Felipe Calderón, quien dijo que se trataba de ajustes de cuentas entre delincuentes.
Tlatlaya se mantuvo por casi tres meses en el sigilo nacional, sin atención mediática, por lo menos por parte de casi toda la prensa mexicana y con un silencio de la clase política que estaba más entretenida en el inicio del Mundial de Brasil y en la discusión de la reforma energética.
La Secretaría de la Defensa Nacional en un escueto comunicado el 30 de junio, informó que “abatió” a 22 personas en un enfrentamiento que tuvo lugar la madrugada del lunes en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México, cerca de la frontera con Michoacán.
Horas después el gobierno del Estado de México, donde se ubica Tlatlaya, dio a conocer el hecho y gobernador Eruviel Avila confirmó que se trataba de delincuentes a los que se les decomisaron 38 armas y que tenían secuestradas a tres mujeres.
El 12 de julio, la agencia de noticias estadunidense Associate Press (AP) empezó a publicar versiones distintas a las que manejó la Sedena y que respaldó el gobernador mexiquense, Eruviel Avila.
El reportaje, firmado en San Pedro Limón, Tlatlaya, sugiere que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios y militares, sino de una posible ejecución.
Por esos días, casi ningún medio nacional dio importancia al hecho. No hubo comentarios, ni conferencias de prensa de la oposición en el Congreso de la Unión, ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni mayor información o aclaraciones por parte de la Sedena y mucho menos del gobierno federal.
El pasado 19 de septiembre, ya transcurrido el Desfile Militar por las Fiestas Patrias, la revista estadunidense “Esquire”, publicó un reportaje que fue retomado en diversos medios de Estados Unidos que siguió bordando sobre este hasta ahora escabroso tema:
“El pasado 30 de junio elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes —21 hombres y una mujer menor de edad— en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México” destacó la revista también en su versión para Latinoamérica.
Dentro del texto se destaca que incluso el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Ahora, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron”.
“Que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron”, subraya Esquire.
Casi tres meses después de este suceso, 
el gobierno mexicano vía la Secretaría de la Defensa Nacional, informó hace unos días que arraigó a ocho militares que participaron en estos hechos, mientras la Procuraduría General de la República realiza las investigaciones al respecto.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso ante diputados de oposición que cuestionaron sobre este tema, que de comprobarse alguna responsabilidad de los militares, ello sería un hecho aislado, una excepción, porque tenemos un gran Ejército.
Finalmente el tema se volvió nacional, concluida la fiesta mundialista que involucró toda una campaña gubernamental de apoyo al Tri, con playeras por parte del gabinete presidencial, fotografías y “selfies” de la fuente festejando. También concluido el debate energético, pasado el Desfile Militar y la reciente visita del presidente Enrique Peña Nieto a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
Es decir, un control de daños casi absoluto, que aguantó hasta donde pudo casi tres meses después de estos hechos y que apenas se empezarán a investigar. Para todos los periodistas nacionales, los grandes medios, los tlatoanis de la información mexicana, es una vergüenza haber dejado pasar un escueto boletín de 22 personas que fueron abatidas.
También la clase política, sobre todo de oposición, si es que aún existe en este sexenio, dejó pasar el tema que los medios extranjeros investigaron y difundieron apenas una semana después de ocurrido, con serios cuestionamientos sobre la versión oficial.
La Procuraduría General de la República, con Jesús Murillo Karam al frente, tiene en sus manos el tema más candente que haya enfrentado la justicia en este sexenio. Por lo que implica la imagen del Ejército Mexicano, que apenas hace algunos meses fue objeto de homenajes por parte Congreso de la Unión.
Pero también, porque Tlatlaya fue descubierto por medios extranjeros, estadunidenses, que han difundido en ese país y en prácticamente todo el mundo este episodio que aún tiene muchas dudas por aclarar, sobre todo en tiempos en que el Gobierno y Congreso mexicanos ha ratificado convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y esos medios no dejaran el tema a cambio de partidos de futbol o de una “selfie”.
