Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, los refugios para mujeres que viven violencia extrema no recibirán subsidios del gobierno para la prestación de servicios este año.
La convocatoria para acceder a los más de 346 millones de pesos aprobados para 2019 en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue suspendida desde el pasado 14 de febrero, anunció el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
El argumento para ya no asignar subsidios a estos refugios fue “acatar cabalmente” la decisión de López Obrador de no transferir recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.
“Por medio del presente comunicado se hace del conocimiento público que derivado de la instrucción recibida a través de la CIRCULAR UNO de fecha 14 de febrero de 2019, firmada por el C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo informado por el Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, Licenciado Ángel Rodríguez Alba, mediante oficio 309-2019 de fecha 18 de febrero de 2019, con esta fecha se suspende la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFUGIO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, QUE VIVEN VIOLENCIA EXTREMA Y, EN SU CASO, A SUS CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA 2019, acatando cabalmente la decisión del Ciudadano Presidente de no “transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”, informó el Centro.
La convocatoria estaba dirigida a todas las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas “con experiencia comprobable documentalmente en la atención a la violencia familiar y de género, con la finalidad de asignar subsidios a proyectos de coinversión para la operación de refugios y, en su caso, sus Centros de Atención Externa, que atienden exclusivamente a mujeres en situación de violencia extrema y sus hijas e hijos, de conformidad con la normativa aplicable”.
La Red Nacional de Refugios, que representa a más del 70 % de los de los refugios del país y cuenta con al menos un refugio en cada estado, tanto de gobierno como de sociedad civil, advirtió que más de 20 mil mujeres se encuentran en riesgo por la suspensión “inadmisible” de estos subsidios.
“Los refugios restituyen derechos, previenen feminicidios. Es inadmisible que un oficio pretenda suspender un acto legislativo de asignación, además etiquetado, del presupuesto 2019”, expresó la Red en un comunicado.
“La Red (…) insta urgentemente al gobierno federal a subsanar esta acción inadmisible y lamentable que vulnera los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias, que va en contra de los tratados internacionales y nacionales en la materia que México ha firmado y ratificado”.
La diputada Martha Tagle aseguró que esta medida “deja indefensas a 25 mil mujeres en situación de violencia extrema y les orilla a la muerte”, en tanto que la periodista y activista Lydia Cacho advirtió que la decisión no considera los 19 años de trabajo de la Red Nacional de Refugios para crear modelos de atención y certificaciones para salvar a miles de víctimas de violencia de género, trata y violación.
De acuerdo con el Programa de Acción Específico Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 2013 – 2018, estos refugios son operados “principalmente por organizaciones de la sociedad civil que trabajan sin fines de lucro apoyadas por financiamientos gubernamentales y sociales para el desarrollo de sus actividades, así como algunas Instituciones Públicas a nivel Estatal, Municipal y local en los estados”. Se trata de 60 centros en 25 estados del país. Un diagnóstico del INMUJERES con base en un censo del 2015 reporta que el 90 % de los refugios funciona con recursos del gobierno.
Con la cancelación de la convocatoria para la asignación de estos recursos, los refugios operados por el gobierno también se quedan sin subsidios y se pone en riesgo que todos puedan continuar prestando sus servicios.
El objetivo de los refugios es ser un espacio temporal que ofrece servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas y sus hijos que viven en situación de violencia familiar o de género extrema, entendida ésta como lesiones que pongan en peligro la vida de la mujer sus hijas e hijos, aislamiento extremo, inadaptación a las actividades de la vida diaria, depresión y redes de apoyo social inexistentes o inseguras.
Es decir, brindar seguridad, facilitar la recuperación de su autonomía y apoyarlas para hacer un plan de vida libre de violencia.
Entre los servicios que prestan se encuentran protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, referencia para la atención médica integral, servicio de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica, programas reeducativos integrales para que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública y social, capacitación para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para el desempeño de una actividad laboral, y bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada.
Las mujeres y sus hijos e hijas pueden permanecer en los refugios hasta por un período de tres meses, en el cual deberán participar en un programa de atención integral y reeducativo para romper con su círculo de violencia. No obstante, si quieren salir antes o reingresar, lo pueden hacer.
En mayo de 2017 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva corrigieran una serie de ineficiencias e irregularidades en la asignación de los recursos a los refugios, entre ellas el que no se ejerciera el 100 % de los recursos presupuestados y el que las entidades federativas no tuvieran la obligación de comprobar el ejercicio de esos recursos, toda vez que en 2014 existió una devolución de 100 millones de pesos de los 350 millones asignados, a pesar de que hubo proyectos que cumplían con la normatividad y no fueron elegidos.
“Los refugios salvan vidas y son, hasta ahora, el mecanismo más articulado para prevenir los feminicidios, sin embargo la convocatoria actual (de 2017) los clasifica como Proyectos de co-inversión en los que las Organizaciones Civiles coadyuvan con el compromiso y la obligación del Estado, por lo que el hecho de que en la convocatoria se destine presupuesto solo para 8 meses de la operación de los mismos vulnera no solo el derecho de las víctimas a contar con espacios dignos y de protección, sino de las profesionistas que atienden y operan los Refugios y Centros de Atención Externa ya que es imposible mantener la operación sin honorarios”, expresó la entonces diputada perredista Hortensia Aragón Castillo, al presentar el punto de acuerdo.
“Estar operando sin recursos, como lo están haciendo hasta el momento, pone en riesgo la vida de mujeres, niños y niñas víctimas de violencias, y vulnera su derecho a contar con un espacio de protección como lo marca la LGMVLV (Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia) y la Recomendación 19 de la CEDAW al Estado mexicano. Del mismo modo continuar retrasando la liberación de los recursos y las notificaciones de los proyectos aprobados, pone en riesgo su existencia”, resaltó.
