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“Sin justicia, no habrá perdón”

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Perdón sin justicia, es imposible. Activistas, indígenas, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia se negaron en Oaxaca a aceptar la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de perdonar aquellos actos cometidos por servidores públicos que de una u otra forma han agraviado a la sociedad, ya sea a través de la corrupción, el tráfico de influencias o el abuso de poder, incluidas matanzas y detenciones arbitrarias

 

David Méndez

 

Tal y como ocurrió en los 14 foros por “la pacificación” realizados previamente en otras entidades, víctimas, activistas, indígenas, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia se pronunciaron en Oaxaca en contra del pacto de impunidad que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha planteado para la clase política y gobernante que durante éste y otros sexenios ha incurrido en actos de injusticia, tráfico de influencias, abuso de poder y malversación de recursos.

“Ni perdón ni olvido; castigo a los asesinos”, fue la consigna que gritaron una y otra vez los alrededor de 3 mil asistentes al “Foro Escucha Oaxaca: Por la Pacificación y Reconciliación Nacional”, organizado por el equipo del presidente electo el sábado seis de octubre en el Centro de Convenciones (CCO), en la agencia de Santa María Ixcotel, en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino.

Madres, cuyas hijas fueron víctima de feminicidios; familiares de desaparecidos, presos políticos y sobrevivientes de enfrentamientos armados, como el del 19 de Junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, demandaron que sus casos no queden en el olvido y que el castigo llegue, por igual, tanto a los autores de los delitos que han padecido, como a los servidores públicos que han impedido el acceso a la reparación del daño.

La coordinadora nacional de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación, Loretta Ortiz Ahlf, prometió, como en cada entidad en la que ha estado, que las voces serían escuchadas durante el gobierno de López Obrador.

A pesar de que había sido anunciada su presencia, el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, no llegó al evento, realizado en el estado con los mayores índices de desigualdad y miseria de la nación y pieza clave en el triunfo obradorista del pasado dos de julio; un día después, el domingo siete, él mismo informó sobre la cancelación de los últimos cinco foros programados en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, cuatro de las entidades más violentas del país, bajo el argumento de que era necesario comenzar a ordenar las propuestas recibidas.

Tampoco estuvo el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

 

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En cuanto el moderador pronunció su nombre, en el recinto volvieron a resonar las consignas: “Justicia”, “justicia”, “justicia…”

Zoila Bengochea Espitia, madre de Dafne Carreño Bengochea, una joven de 21 años que fue asesinada a cuchilladas en la ciudad de Oaxaca el nueve de abril de 2013 por Alejandro Enrique Rivera López, fue la segunda en tomar el micrófono, en representación de las víctimas de violencia de género en la más cruel de sus expresiones.

“Alejandro le quitó sus derechos a mi hija; le quitó sus derechos a triunfar, a estudiar, a ser una profesionista… le quitó el derecho de estar conmigo y a mí me quitó los derechos de ser abuela y de abrazar a mi hija”, reclamó, con voz entrecortada, la mujer, que durante cinco años y medio ha buscado que el crimen no quede impune.

Bengochea denunció que los magistrados del Poder Judicial decidieron reducir cuatro años –de 68 a 64–, la pena corporal que recibió el autor material del homicidio, a consecuencia del  tráfico de influencias de la familia del asesino.

“Hablé con Obrador, otra señora también estuvo ahí: Le pedimos, le exigimos, que se haga justicia por todas las muertes de mujeres y niñas, que ya no haya más violencia, que de verdad se ejerza la ley y que le den un buen castigo a los asesinos”, sostuvo.

“Yo no sé cuando empezaron mis derechos, porque nunca los vi, ni cuando terminaron. Nosotras como víctimas no tenemos derechos, nosotras como víctimas no tenemos ayuda. La verdad que necesitan matarle una hija a un magistrado, al Presidente, al Gobernador, al Ministerio Público, a los jueces, para que sientan el dolor que estamos viviendo”, lamentó.

Durante los últimos cuatro sexenios, el de José Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué y lo que va del de Alejandro Murat, mil 500 oaxaqueñas han sido asesinadas de manera violenta, en un fenómeno que parece que no tendrá fin en el corto plazo.

Los altos índices de violencia, desencadenaron en que el pasado 30 de agosto fuera emitida la Alerta de Género en el estado; sin embargo, durante los 18 días subsecuentes a la declaratoria, nueve féminas más fueron ultimadas.

“Le digo al señor Obrador que cumpla las promesas que nos hizo, que se haga justicia y que realmente los presos, los asesinos de nuestras hijas, paguen lo que hicieron.

“(Ellos) tienen privilegios, tienen garantías: comen bien, duermen, respiran… y nuestras hijas ya no están con nosotras porque nos  las quitaron de una manera cruel y despiadada… que el gobierno se ponga al tanto de los procesos de cada una de nuestras hijas; de verdad, es doloroso, es como estar muertas en vida; somos unas zombis”, sostuvo, tras solicitar al Estado acompañamiento jurídico y financiero para los sobrevivientes de ese delito.

 

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El arzobispo de Oaxaca-Antequera, Pedro Vázquez Villalobos, se sumó a la exigencia de justicia pronta y expedita para todas las víctimas de delitos. El prelado lamentó que a consecuencia de la “espiral irracional de violencia” que sufre el país, los agravios sean innumerables.

“Cuántas vidas humanas perdidas, cuántas víctimas inocentes eliminadas o desaparecidas; cuántas familias destrozadas. La pérdida de una vida humana a causa de la violencia, siempre será irreparable, siempre dejará una herida que, si llega sanar, dejará una profunda cicatriz”, reflexionó, mientras el auditorio escuchaba.

Es urgente hacer justicia, advirtió, pues cuando ésta se niega, se llega a un paso mayor de degradación: la venganza.

 

Antecedentes polémicos

 

El pasado siete de agosto, en el arranque de los foros de pacificación y reconciliación del país, en Ciudad Juárez, donde en 10 años se han registrado 21 mil asesinatos, el presidente electo llamó a las familias de las víctimas a perdonar los daños padecidos.

López Obrador afirmó que si bien no pedía el olvido, manifestó que no creía en la ley del talión, en la máxima del ojo por ojo, diente por diente.

“Si nos atenemos a eso, si nos queremos acabar entre nosotros mismos, nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos”, argumentó.

Asimismo, expresó que los problemas sociales no se pueden resolver sólo con medidas coercitivas, ni la inseguridad y la violencia con mano dura, con cárceles, con violencia, con masacres…

“El mal no se puede enfrentar con el mal”, concluyó.

Desde entonces, en cada plaza que han llegado los foros por la paz, la respuesta ha sido la misma: “Ni perdón ni olvido”.

 

Ni Jesucristo se olvidó de la justicia

 

Sin aludir a alguien en específico, el representante de la Iglesia Católica ofreció otro discurso: “Ahora bien, el perdón no elimina la justicia. Jesús mismo, rico en misericordia, que habla del perdón a los enemigos, de no devolver mal por mal e incluso de amar a los contrarios, no omite el juicio al final de los tiempos.

“Nadie resultará impune ante Dios que lo ve todo y lo conoce todo. Los que han hecho el bien, serán llamados a la vida eterna, pero (Dios) no usa eufemismos para los que hicieron el mal, llamándolos ‘malditos’ y condenándolos al fuego eterno”, exclamó.

El Arzobispo afirmó que, antes “de la justicia divina”, debe ejercerse con todo el rigor la justicia humana, la aplicación expedita de la ley, el sometimiento a la misma, ya que nadie puede estar por encima de ella, corromperla o comprarla.

“Nuestro país es un país profundamente injusto, nuestra gente tiene hambre y sed de justicia”, reconoció.

“Sabemos que la impunidad supera el 95 por ciento de los casos que son consignados a la autoridad judicial, una autoridad que no ha sabido ejercer la justicia, que ha sido negligente o, peor todavía, que se ha dejado corromper. La mayor pobreza de nuestro país no es la económica, sino la moral”, sentenció.

Los mexicanos, por toda la ola de violencia que han padecido, agregó, se han vuelto indolentes al sufrimiento y la muerte: “Ya no nos impresiona la muerte de tantos hermanos nuestros, no nos inmuta la diabólica violencia con la que son asesinados; contamos números, pero no personas, al grado de que la muerte solo nos duele cuando toca a nuestros seres queridos”.

También arribaron representantes de Loxicha, en la Sierra Sur, donde entre 1996 y 1997 fueron detenidos 150 indígenas, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo guerrillero que sostuvo enfrentamientos con el Ejército Mexicano, la Marina y la policía en la Costa y la Mixteca oaxaqueñas.

Ante  Loretta Ortiz Ahlf solicitaron justicia porque, según su denuncia, ninguno de los pobladores que estuvieron presos formó parte de aquel movimiento armado.

El gobierno, acusaron, inventó al surgimiento de aquel grupo paramilitar, para destruir su comunidad, una de las más pobres del estado, y mantenerla sumida en el miseria y el atraso.

Por su parte, el Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca (FACMEO) demandó la liberación de Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa y Damián Gallardo Martínez, docentes afines a la Sección 22 que fueron detenidos en 2013 acusados de haber participado en el secuestro de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ex precandidato a la gubernatura de la entidad y actual coordinador de las Zonas Económicas Especiales.

“Luchamos constantemente por mejorar nuestras condiciones de vida; nuestra lucha es pacífica… el propio gobierno federal ha decidido acallar nuestras voces desapareciéndonos, asesinando y encarcelando a nuestros compañeros y compañeras”, reclamaron, tras denunciar que los cuatro docentes, a cinco años de su arresto, permanecen recluidos en cárceles de máxima seguridad.

“Nos declaramos en resistencia por la vida, contra el abuso, la explotación y la violencia, exigimos solución a nuestras justas demandas, la reparación del daño y la libertad de nuestros presos políticos”.

El Comité de Víctimas del Enfrentamiento del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán pidió castigo para las autoridades que ordenaron el desalojo del bloqueo que se mantenía sobre la autopista Oaxaca-México, y que se tradujo en un enfrentamiento con la policía federal que dejó ocho muertos y más de 200 heridos.

“Le pedimos de manera respetuosa… no, no de manera respetuosa, le exigimos a López Obrador justicia”, soltó el líder del movimiento Santiago Ambrosio Hernández, quien culpó de los “actos de represión” al ex gobernador Gabino Cué y al actual presidente, Enrique Peña Nieto.

Una por una, durante más de tres horas de intercambios de ideas, las organizaciones hicieron uso del templete.

 

 

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