El Senado aprobó la reforma que expide el Código Militar de Procedimientos Penales y modifica el de Justicia Militar, acercándose al nuevo Sistema de Justicia Penal, que terminara de entrar en vigor en junio en todo el país e incorpora los juicios orales en ese sector.
El proyecto de decreto, que tras pasar por el Senado fue remitido al Ejecutivo para su publicación, modifica el Código de Justicia Militar, suprime los consejos de guerra y crea los Juzgados Militares de Control y los Tribunales Militares de Juicio Oral, informó hoy la Cámara alta en un comunicado.
Los tribunales que se generen para los juicios orales estarán dirigidos por jueces de control, cuya función será corroborar que se garanticen los derechos humanos de las partes.
Además, la Procuraduría General de Justicia Militar pasará a llamarse Fiscalía General de Justicia Militar.
Con el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, el proceso pasará a ser acusatorio y oral.
Se respetará el principio de publicidad -con el que se establece que el público puede acudir a las audiencias de los juicios, salvo casos excepcionales- y la presunción de inocencia de los militares mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia, corroboró el Senado.
De acuerdo con el Código, «estará justificado el ingreso de la autoridad investigadora militar a un lugar cerrado sin orden judicial», siempre y cuando sea para repeler una agresión «real, actual o inminente» y sin que se ponga en riesgo a ninguna persona.
También cuando se cuente con el consentimiento de quien se encuentre facultado para emitir la autorización y se trate de dependencias del Ejército.
Antes de que el proyecto se aprobara con 78 votos a favor y 27 en contra, el senador perredista Alejandro Encinas presentó una moción suspensiva, al considerar que la normativa genera «un instrumento que atenta contra la civilidad del régimen político-jurídico del país» y que concede «excesos» a los militares.
Por otra parte, Graciela Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó la necesidad de adaptar el nuevo sistema penal al ámbito militar, ya que de no ser así, se podría generar «impunidad».
