“¡Soy periodista, soy periodista!”, las palabras han dejado de tener sentido. No implica inmunidad ni respeto y tampoco frenan agresiones ni garantizan que las autoridades brinden seguridad. La entidad se ha convertido en uno de los territorios del país más peligrosos para informar, es el tercer estado en el que más agresiones contra periodistas se han cometido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 252. A pesar de ese entorno, las autoridades estatales han desechado prácticamente la mitad de las denuncias que han sido presentadas por comunicadores que en algún momento han sido víctimas de acoso o hechos violentos
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
“¡Soy periodista, soy periodista!”, las palabras han dejado de tener sentido, no implican inmunidad ni respeto, no frenan agresiones ni garantizan que las autoridades brinden seguridad. ¿Quién protege a los periodistas en Oaxaca? La Policía, no; la Fiscalía, no. La entidad se ha convertido en uno de los territorios del país más peligrosos para informar, es el tercer estado en el que más agresiones contra periodistas se han cometido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 252.
A la libertad con que las Secretarías de Seguridad Pública estatal y municipales permiten que operen grupos sindicales, con integrantes armados en la mayoría de las ocasiones, se suma la ineficacia de la Fiscalía General de Justicia del Estado para investigar los delitos.
El caso más reciente ocurrió el pasado 28 de mayo en la Central de Abastos, el mercado más grande del estado que se convirtió en escenario de un enfrentamiento a balazos entre taxistas del Sindicato Libertad y la Confederación de Trabajadores de México (CTM). En el lugar fue agredido Pedro Luis Jerónimo, fotoreportero del sitio de noticias Quadratín Oaxaca, a quien cuatro sujetos encapuchados golpearon y asaltaron sin que ninguna autoridad policial interviniera.
Al advertir la presencia de dos sujetos que lo intimidaron, Jerónimo trató de alejarse del sitio, sin embargo fue interceptado por dos hombres más, uno le arrebató el celular, otro lo tomó por el cuello y le robó su cartera que contenía cinco mil pesos. Tirado en el suelo, lo patearon y lo golpearon con un palo en un brazo y en las costillas. Los hechos ocurrieron en la intersección de Periférico Sur y privada de Huzares, un lugar visible para policías.
“Del otro lado en el extremo donde yo estaba había dos patrullas, una era estatal y una era municipal; los policías únicamente estaban observando. Yo digo que sí vieron la agresión, (sí) escucharon cuando gritaron ‘agárrenlo, agárrenlo’. Yo no alcancé a correr porque dije ‘soy de prensa, se van a calmar’. A pesar de que les dije que soy de prensa ellos me quitaron el teléfono”, señala Jerónimo, quien esa misma tarde fue hospitalizado por las lesiones que sufrió.
Ésta es la tercera agresión que sufre en su carrera como reportero. La primera fue en el Congreso del Estado, en una toma que realizó un grupo de choque cuando la sede aún se encontraba en el Centro Histórico; la segunda, en 2006, cuando se encontraba al interior de la radio La Ley. La de esta semana es la primera vez que presenta una denuncia.
“He pensado dejar de cubrir estos actos. Hasta ahorita, de la Vocería del Gobierno del Estado no he recibido ni una llamada para decir ‘¿cómo estás; estás bien?’ La Fiscalía ya se puso en contacto, la Defensoría me llamó y me dijo que de oficio iniciará una carpeta por lesiones. Uno no gana nada con estos casos, a lo mejor seguidores en Twitter y Facebook, pero significa nada más arriesgar la vida. Después de que me levanté, di seis o siete pasos y se empezaron a escuchar disparos, no iban dirigidos a mi persona, pero fue grave”, expresa.
-¿Crees que la investigación dé con las personas que te agredieron?
-Lo veo difícil, porque en primera iban cubiertos, yo no pude identificar a nadie porque iban cubiertos del rostro. A la Fiscalía le va a costar más trabajo. Hicimos una inspección en el lugar y no hay cámaras de seguridad, las del C4 están más adelante.
-¿Por la experiencia de las agresiones contra periodistas que han ocurrido en Oaxaca, tú crees que va a quedar impune este caso?
-Pasará lo que ha pasado con las agresiones a los compañeros, que finalmente ahí quedan: archivadas, guardado el caso, incrementando las cifras.
-Si la Fiscalía detuviera a las personas que te agredieran, ¿estarías dispuesto a llegar a algún acuerdo, de resarcisión, para evitar que estas personas vayan a la cárcel?
-Si a esa persona yo le otorgo el perdón y me repone mi teléfono, se le va a hacer fácil que a la próxima vuelva a hacer lo mismo y que esto se siga acrecentando; mejor que lo pague con cárcel.
Cifras triunfalistas, sin sustento
La Fiscalía Especializada para la investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión tiene ahora un nuevo caso que investigar. Hasta ahora, desde agosto de 2017, cuando fue creada, lo que presenta son cifras triunfalistas, con un trabajo de archivo más que de investigación. De los 109 casos que ha recibido, ha resuelto el 51 por ciento, pero solo cuatro con la judicialización del caso, con cuatro personas vinculadas a proceso y una orden de aprehensión pendiente. Hay además dos acuerdos reparatorios y tres autoridades amparadas a suspensión de proceso.
Hay nueve casos en los que la autoridad se abstuvo de investigar al no hallar delito; en 37 casos se determinó el no ejercicio de la acción penal; tres casos declinados, uno en archivo temporal y uno prescrito.
Hay otros casos que simplemente desconoce, como el de Salvador Olmos García, locutor de la radio comunitaria Tu Un Ñuu Savi 90.1 FM, asesinado por la policía municipal de Huajuapan de León el 26 de junio de 2016, siete días después de un fuerte enfrentamiento entre las policías Federal y Estatal contra pobladores de Nochixtlán. Flores dio cobertura a los hechos y denunció las agresiones que sufrieron las víctimas, desde asesinatos hasta detenciones ilegales y diversas violaciones a derechos humanos.
La Fiscalía especializada carece de registros de este caso porque, según aclaró el fiscal, fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, que descartó el caso como un ataque contra un periodista. La Fiscalía de Oaxaca aceptó esa determinación y sigue el caso como un homicidio doloso.
Contra el Estado
A Salvador Olmos la Procuraduría General de la República le regatea el hecho de ser periodista, porque carecía de un título profesional, porque trabajaba en una radio comunitaria que es considerada jurídicamente ilegal, porque no estaba acreditado debidamente como un periodista, porque no estudió la carrera.
La abogada defensora del caso, Elsa Pastor, señala que esa es apenas una de las irregularidades de la investigación, que a casi dos años del homicidio aún carece de avances significativos.
Salvador fue detenido aproximadamente a las 12 de la noche del 26 de junio de 2016 por realizar una pinta en el hemiciclo a Juárez de Huajuapan de León. En los separos, el Juez Calificador determinó que el hecho era un acto delictivo o un probable acto delictivo, por lo que lo remitió con la Fiscalía con sede en Huajuapan. Las versiones de esos hechos comienzan a chocar. El juez calificador asegura que llamó a la fiscal en turno para avisar que llevaría detenido a Salvador, pero ésta rechaza haber recibido esa llamada. En ese lapso hay cuatro horas que aún no han sido esclarecidas y que fueron cubiertas con un parte informativo irregular.
De acuerdo con la versión de los policías que lo mantenían resguardado y que lo trasladaban del Cereso ante la Fiscalía, Salvador intentó escapar; durante la persecución, uno de los agentes pidió auxilio, llegando el policía Óscar González Martínez, quien atropelló a Salvador, que media hora después perdió la vida. La investigación de la Fiscalía, subraya la abogada, aún no ha establecido qué pasó en esas cuatro horas ni por qué el juez calificó como probable delito una falta administrativa.
“De inicio están involucrados los dos policías que hacen la detención, asimismo el juez calificador que determina qué delito supuestamente cometió Salvador, cuando en realidad era una falta administrativa, que implicaba que él se quedara ahí, en el Cereso, solo pagando una multa, pero él determinó que es un probable delito y hace que Salvador salga”, explica la abogada.
En la primera audiencia del caso, se intentó tratar el caso como un homicidio imprudencial, como un accidente y fue solo por la presión social que generó el caso, por el acompañamiento inicial que dieron la organización Artículo 19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Código DH que se reclasificó como doloso.
Para Pastor, el involucramiento de diversas organizaciones, particularmente de Código DH, también enturbió el caso, ya que aunque inicialmente hicieron avanzar las investigaciones, al final dejaron sola a la familia.
“No digo que no hagan su trabajo, pero el problema es no decirle a la familia hasta dónde llega el apoyo, hasta dónde llega el acompañamiento, el compromiso. A los familiares no se les dio acompañamiento en ninguna de las audiencias, más que en la segunda, donde vieron cómo estuvo el asunto, de ahí no volvieron a hablar con la familia de manera personal, todo fue vía telefónica, cuando se les pidió los peritos, fuimos a buscarlos a la ciudad de Oaxaca y tampoco pudimos encontrarlos, desde ahí empieza todo”, expresa la abogada.
Como parte de la investigación el policía Óscar González Martínez fue detenido vinculado a proceso por el homicidio doloso de Salvador y las investigaciones se detuvieron ahí, pretendiendo cerrar el caso a la responsabilidad de una sola persona, a lo que se negó la defensa, que planteó como objetivo evitar que el caso fuera visto como un hecho aislado, como el atropellamiento de una persona, y exhibir la estructura de poder responsable de este asesinato.
Al policía detenido, la familia Olmos le otorgó la posibilidad de pagar la reparación del daño y salir de prisión, un hecho que causó críticas de diversas organizaciones.
Artículo 19 denunció este caso como una ejecución extrajudicial atribuible al Estado mexicano, “responsable de la forma más extrema de censura, los asesinatos de periodistas. El Estado se convierte en protagonista directo en la persecución y eliminación física de quienes pretenden ejercer su derecho a la libre comunicación de ideas e información”. Pese a esta acusación, la defensa enfrentó el tamaño del Estado, de la burocracia y la complicidad entre autoridades.
“Este caso es un reto legal, político y social, pues no nos estábamos enfrentando a un particular cualquiera, nos estábamos enfrentando en este caso a una autoridad municipal, el ayuntamiento, dirigido entonces por Luis de Guadalupe Martínez, un político con una red de apoyo, con una base económica, presencia política, jurídica, porque también es abogado, no es cualquier persona.
“Yo no dudo que haya pasado, el punto es cómo lo comprobamos en el plano legal, se necesita un equipo realmente completo de abogados y peritos, claro que puede haber indicios de una ejecución extrajudicial, es lo que puedo decir como abogada, pero el otro punto es cómo lo compruebo”, agrega Pastor.
En la ruta de acción jurídica del ámbito federal, aunque la organización Código DH intentó que el caso fuera atraído por la fiscalía especializada de la PGR, esto no se concretó.
“Para la PGR Salvador no era un periodista, porque era una radio comunitaria, que no estaba legalmente registrada, porque no era un periodista totalmente acreditado, es decir, que hubiera estudiado la carrera, que tuviera una cédula que le permitiera hacer eso, hasta donde sabemos no fue atraído el caso”.
Pastor señala que el homicidio de Salvador a casi dos años continúa en etapa de investigación, muestra de cómo la impunidad se basa en gran parte en la estrategia del desgaste, tanto económico como físico y moral de los familiares, en la lentitud del proceso, en la falta de voluntad política y en complicidad entre autoridades.
La Fiscalía me quiere chamaquear
“La Fiscalía me quiere chamaquear”, es la aseveración que hace el periodista Jaime Méndez tras conocer el desarrollo de las investigaciones que ha llevado la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión sobre una agresión que sufrió en diciembre pasado.
La casa de Méndez, director del portal de noticias Agencia JM, fue atacada la madrugada del 25 de diciembre pasado alrededor de las 4 de la mañana. Desde el segundo piso alcanzó a observar que había llamas en el acceso. Por seguridad se mantuvo al interior hasta que el fuego se extinguió.
Tras denunciar el caso en redes sociales, la Fiscalía lo contactó y le pidió denunciar el caso. Pese a su negativa inicial, accedió. El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, se comprometió en persona a esclarecer los hechos.
“Yo vi que la Fiscalía mostró mucho interés, fue un agente del Ministerio Público a tomar mi declaración, llegaron dos o tres peritos, comenzaron las investigaciones.
“Los dos primeros peritos, jóvenes, hicieron un primer trabajo, después mandaron uno más preparado de la PGR, que también le trabaja a la Fiscalía y él me dijo ‘fue un flamazo, aquí está y además fue con muina’, en eso me quedé”.
Tras esa alarma inicial basada en la observación del perito, se redujo la intensidad de las investigaciones. El periodista fue llamado a una segunda cita con Vasconcelos Méndez, quien sin embargo no lo recibió. En su lugar lo atendió el fiscal especializado Jorge Flores, quien tenía un dictamen distinto: el ataque se había tratado únicamente de “cohetitos”.
“El resultado es que me quieren chamaquear, me dicen que fue un cohetito, yo no soy perito, pero lo que vi no fue de cohetitos, en qué cabeza cabe eso”, pregunta Méndez.
En el momento en que ocurrió el ataque, Jaime investigaba presuntos casos de corrupción de quien semanas después fue nombrado titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, y de la autoridad del municipio donde reside, San Agustín de las Juntas, Tomás Pérez López.
“La Fiscalía le fue a preguntar al presidente municipal si él me agredió, si él es un probable implicado, en qué cabeza cabe que le pregunte si él me agredió, pues le va a decir que no, no sé qué tipo de investigación hagan. Ahora, si fueron cohetitos, que me digan qué chamaco los tiró”, añade.
–¿Ya no insistes en la investigación?
-¿Tiene caso pedirle a una instancia que investigue cuando sabes que no es capaz o que está desviando la investigación?
A través de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) intervino la Secretaría de Gobernación y colocó un sistema de seguridad –una cerca de malla, una cerradura electromagnética y un videoportero- en la casa del periodista.
No obstante, el acoso contra Jaime continúa. El pasado 24 de mayo recibió un citatorio por parte del edil de San Agustín, quien le pidió comparecer en el ayuntamiento a raíz de la publicación de una nota titulada “Autoridades de San Agustín fomentan vicios con cantinas”. El periodista recibió también una llamada telefónica advirtiéndole de la molestia que había causado la publicación.
Jaime Méndez ha sufrido también acoso judicial. En 2011, el entonces director jurídico de Gobierno de la administración de Gabino Cué, Emilio Zárate Vásquez, lo acusó por daño moral, demandándole un pago por 40 millones de pesos.
“No fue una nota de JM, fue una nota nacional sobre sus vínculos con la delincuencia organizada, a raíz de la detención de un personaje, el juicio dura aproximadamente año y medio, quedé absuelto”, señala. “Ese problema me afectó severamente, en lo personal, en mi salud, en lo laboral, en lo económico, JM estaba en uno de los primeros lugares, todo eso me costó, me fui hasta el sótano”.
¿Cuáles crees que sean los motivos por los cuales no avanzan las investigaciones de agresiones a periodistas en Oaxaca?
-Yo lo separo, o no hay capacidad de investigación o no hay voluntad o hay corrupción. En mi caso, cómo es posible que va avanzando la investigación y de repente dé un giro y digan, ‘te aventaron un cohetito’, eso es infantil, desde el primer día me hubieran dicho ‘ya ni le muevas’, pero me dicen, es grave, lo dijo el perito y seguramente es declaración no está en el expediente.
