EDITORIAL
En el tema de feminicidios, Oaxaca ocupa ya un lugar importante a nivel nacional, pues los ilícitos han seguido no obstante que, al menos 40 municipios oaxaqueños cuentan con la Alerta de Violencia de Género. El sábado 25 de enero, se dio en la comunidad de “El Huamuche”, perteneciente a Santiago Ixtayutla, un triple crimen. Un comando armando penetró hasta una vivienda dándole muerte a una madre de familia y sus dos hijas, menores de edad. Una de dos y otra de siete años de edad. Este hecho encendió los ánimos entre las organizaciones y colectivos que buscan con su activismo, frenar la violencia de género.
La cifra de homicidios dolosos de mujeres es preocupante: de agosto de 2018 a la fecha, se han registrado más de 180. Sólo en el mes de enero de 2020 la cifra se estima en 16. Esto, por supuesto, no es producto de que vivamos en una de las diez entidades más seguras del país, sino de un ambiente de impunidad y burocratismo para dar con los responsables. La mayoría de estos feminicidios han quedado sin castigo, sino como simple y fría estadística. Es decir, en relación a los más de 300 casos que se documentaron durante el régimen de Gabino Cué, la actual administración sigue en las mismas y hasta peor.
Las presiones sobre la Fiscalía General del Estado están a todo lo que da. Uno de los ejes de la crítica ha sido la agresión que sufrió la joven saxofonista de 26 años de edad, María Elena Ríos Ortiz, el pasado 9 de septiembre. Si bien es cierto que han sido detenidos dos de los presuntos autores materiales, no se ha podido ejecutar la orden de aprehensión en contra del ex diputado José Antonio Vera, quien es señalado por la familia de la víctima como el principal responsable. Cada rueda de prensa, cada entrevista, el titular, Rubén Vasconcelos Méndez aborda el tema, mostrado interés en ir por los presuntos autores, sin mayor compromiso que responder a esta exigencia ciudadana.
Los feminicidios se han exacerbado en ciertas regiones, como el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, pero ahora se sabe que la crueldad no se visualiza sólo en el espectro regional, sino que se ha generalizado. Las agresiones en contra de las mujeres, así sean jóvenes o niñas, a quienes se ultraja previo a su sacrificio, ha tocado ya las fibras sensibles de la sociedad oaxaqueña, no sólo de los grupos de activistas que han hecho un frente común para terminar con este clima de violencia e impunidad. Por lo pronto, el gobierno de Alejandro Murat ya está marcado con el estigma del feminicidio.
