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Revisará ONU informe de EPN sobre violencia contra mujeres

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El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer del Sistema de Naciones Unidas divulgó entre organizaciones no gubernamentales de Oaxaca pormenores sobre el programa que el organismo instauró en México desde hace 37 años para garantizar el acceso a la justicia y empoderamiento del sector femenino

 

David Méndez

 

En una de las entidades del país que registra los mayores índices de violencia de género, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) del Sistema de Naciones Unidas (ONU) impartió el pasado 25 de enero una conferencia magistral a integrantes de 10 organizaciones no gubernamentales de Oaxaca, con el fin de dar a conocer el programa que el organismo instauró en México desde hace 37 años para garantizar el acceso a la justicia y empoderamiento del sector femenino.

En el acto, realizado en el marco del análisis y respuesta que el organismo internacional dará, en julio próximo, al noveno informe sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres, presentado el 21 de diciembre de 2016 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la activista y asistente legal del CEDAW, Jimena Sarmiento Barrita, pormenorizó el contenido de 17 artículos que forman parte de aquel tratado internacional, al que México se suscribió el 17 de julio de 1980 y que a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos adquirió la misma relevancia  que un precepto constitucional.

En el evento, organizado por la agrupación Andar para Crecer por México, que encabeza Lizbette Santiago Venegas, la ponente también explicó cada uno de los pasos que integran el proceso de análisis al que será sometido el reporte emitido por las autoridades mexicanas y los alcances de las observaciones que sean realizadas.

En las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Sarmiento, maestra en Género, Política y Sexualidad, consultora de la organización Women’s Initiative for Social Equality, sostuvo que al menos 16 de los 30 artículos que conforman la Convención, oficializada por la ONU el 18 de diciembre de 1979 en la ciudad de Nueva York, combaten directamente rasgos de la idiosincrasia mexicana, incluidas prácticas milenarias y patriarcales, como los usos y costumbres, que deben ser eliminadas del contexto social.

Ante los asistentes, refirió que el tratado sostiene, en cada lineamiento, que el Estado está obligado a eliminar cualquier forma de distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento y goce de la mujer sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil.

Asimismo, demanda que las autoridades promuevan leyes que giren en torno al principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar la realización práctica de ese principio, incluidos castigos en contra de quienes violen tales disposiciones.

También señaló que el país se ha comprometido a tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Este último punto, resaltó la activista y académica, está relacionado con la existencia de los usos y costumbres, un sistema que impera en 417 de los 570 municipios que conforman la entidad y que sistemáticamente impide la participación del sector femenino en la elección de autoridades o que sus integrantes se postulen a un cargo de representación popular, además de que también fomenta la realización de matrimonios negociados, en los que la voluntad de la mujer no es tomada en cuenta.

Ante ello, subrayó que el gobierno de México y el de las entidades federativas debe garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

El coordinador general del Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos de la DDHPO, Mario Gerardo Hernández Martínez y la presidenta de ACMEAC, Lizbette Santiago Venegas, entregaron un reconocimiento a la Maestra Jimena Santiago Barrita por su apoyo en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.

Compromiso olvidado

 

A pesar de que el articulado de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer  es precisa en cuanto a las obligaciones que contraen los países que se suscriben al acuerdo, durante los últimos diez años, entre 2007 y 2016, en México fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en las 32 entidades del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior, significa que, en promedio, cada cuatro horas ocurrió una muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta.

El Inegi subrayó que, en el periodo analizado, fueron localizados los cadáveres o restos de 22 mil 482 mujeres que fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas o baleadas.

Así, la cifra de feminicidios aumentó de mil 83 en el 2007 a dos mil 735 al cierre del 2017, lo que equivale a un incremento de 152 por ciento.

La zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, fue la de mayor incidencia, al contabilizar ocho mil 65 homicidios violentos, el 35 por ciento de los casos.

Un reporte elaborado por el periódico Excélsior, reveló, por su parte, que durante el mandato de Felipe Calderón, 12 mil 308 mujeres fueron asesinadas, mientras que en los cuatro primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 10 mil 174 muertes.

La tendencia por año, que se ha presentado durante la actual administración, indica que al finalizar la gestión del mandatario en turno se superarán los homicidios de la gestión anterior, señaló el rotativo.

Sus casas, parques, el trabajo o el transporte público; hoteles y calles se encuentran entre los principales lugares donde niñas, jóvenes y mujeres adultas son asesinadas de forma violenta.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 38 por ciento de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por sus esposos.

En México, también se ha identificado como victimarios a parejas sentimentales —novios—, familiares directos, compañeros de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, personas conocidas o extrañas.

 

Evaluará ONU

a Peña Nieto

 

Con ese panorama, el 21 de diciembre de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto envió al CEDAW el informe donde en teoría se detallan las políticas públicas implementadas en su administración para garantizar la integridad de las mujeres y su acceso a un sistema de justicia rápido y eficaz.

En la actualidad, dijo Sarmiento Barrita, los 23 expertos que integran el organismo se preparan para examinar, en julio próximo, el informe remitido a su sede; esto, con el objetivo de elaborar observaciones o recomendaciones, según las omisiones que sean detectadas.

En caso de que el colegiado emita algún tipo de recomendación, el Estado Mexicano, apuntó, tendrá la obligación de entregar un reporte de seguimiento a los dos años, en el que se plasmen las acciones implementadas para erradicar las deficiencias  halladas en el sistema.

También, abundó, aquella oficina vinculada a Naciones Unidas podrá emitir medidas especiales de carácter temporal “encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer”.

Tales medidas, subrayó, cesarán cuando se hayan alcanzado los

objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

El estatus actual del informe enviado por Peña Nieto, apuntó, permanece en fase de “Preguntas”, debido a que el gobierno ha tardado en responder a las interrogantes hechas por los miembros del comité calificador y por las organizaciones no gubernamentales que coadyuvan en el proceso de revisión.

Naciones Unidas espera, dijo, que las consultas sean atendidas en el transcurso de las siguientes semanas.

Las organizaciones que presenciaron la ponencia fueron GESMujer “Rosario Castellanos”, Objetivo 5 “Red de Mujeres, Red Chimalli por los Derechos de Todas y Todos, Iniciativa Ciudadana Oaxaca (ICO), Chatinas por la Igualdad, Canica de Oaxaca, Fuego de Caracol, Instancia de la Mujer de Tamazulapan del Progreso y Mujeres de Santa Cruz Itundujia, Putla.

 

 Oaxaca, violencia imparable

 

En el caso de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado había comenzado hasta enero pasado un total de 22 carpetas de investigación por presuntos hechos de violencia política de género; es decir, donde mujeres han recibido amenazas y agresiones físicas, menores o mayores, por el hecho de pretender contender en procesos de elección de autoridades.

Al respecto, el órgano autónomo precisó que había expedido 10 medidas de protección a las víctimas en cumplimiento con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

 Feminicidios

 

Por su parte, la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario informó que, durante 2017, en el primer año de gobierno de Alejandro Murat, en Oaxaca se contabilizaron 120 feminicidios y 78 mujeres más permanecían en calidad de desaparecidas.

La ONG reportó que tal cantidad de homicidios en agravio del sector femenino es la mayor de toda la historia de la entidad.

Según información divulgada por la revista Proceso, la región en la que se suscitó la mayor cantidad casos fue Valles Centrales, con un total de 32, seguida del Istmo de Tehuantepec, con 24, y la Costa, con 20.

Consorcio para el Diálogo Parlamentario resaltó que en 56 por ciento de los feminicidios cometidos en Oaxaca, las víctimas fueron ultimadas a balazos, por lo que acusó a las autoridades de incurrir en múltiples omisiones, tanto al momento de implementar labores de prevención del delito, como al ejecutar acciones para detectar y detener el tráfico de armas.

La organización refirió, además, que en el 62 por ciento de los casos en los que es posible conocer al agresor, éste era el compañero sentimental de la víctima (esposo, novio, concubino, pareja).

La edad de las mujeres que son asesinadas fluctúa, regularmente, entre los 18 y 30 años de edad.

La activista y asistente legal del CEDAW, Jimena Sarmiento Barrita, de origen oaxaqueño, a pesar de su juventud cuenta con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.

 Violaciones

 

En lo que respecta a los delitos sexuales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que, durante los últimos ocho años (2010-2017), las autoridades locales tomaron conocimiento de 2 mil 296 casos de violación.

El 2016, detallaron, fue el periodo en el que más denuncias por ese ilícito fueron contabilizadas, con un total de 508, seguido del 2015, con 388 casos; 2017, con 374; 2014, con 288; 2010, con 225; 2013, con 197; 2011, con 174, y 2012, con 142.

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