Un grupo de adolescentes hispanas protestó hoy en las escalinatas del Congreso estatal en Austin, Texas, contra la ley antimigrante SB4, con una fiesta de quince años.
Un grupo de 15 jóvenes, que portaban vestidos de quinceañera, realizaron una serie de coreografías frente al Capitolio para celebrar la cultura latina y combatir el racismo.
“Esta es la cultura latina, las quinceañeras son una tradición importante que resalta los lazos de familia, comunidad, cultura y reúne a las personas a través de la celebración, y este es el espiritual de la ‘Quinceañera’ en el Capitolio: celebrar la resistencia a la SB 4”, explicó Cristina Tzintzun, directora del grupo Jolt, organizadora del evento.
Además, Tzintzun afirmó que para resistir la ley, la cual calificó como dañina, se basarán en el poder dentro de las comunidades que la SB 4 afectará.
“Nos negamos a someternos a una agenda de odio y nos negamos a avergonzarnos de lo que somos”, dijo.
El representante estatal demócrata Rafael Anchia, presidente de la fracción legislativa México-Americana de la Cámara de Representantes de Texas, se reunió con las adolescentes en las escalinatas para agradecerles su “valentía”.
“No solo son valientes para estar aquí y luchar en nombre de sus padres, sino que son el futuro de este estado y el futuro de este país”, dijo el funcionario.
Después del evento en las escalinatas, las jóvenes ingresaron al Capitolio para visitar las oficinas de algunos legisladores, para regalarles flores de papel y agradecerles a quienes votaron en contra de la ley.
La ley SB 4, conocida como la ley contra las ciudades santuario, autoriza a los policías locales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluyendo al cometer alguna falta de tránsito.
La medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre, contempla castigar a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, por no cooperar con las autoridades federales y acatar solicitudes de detención de los agentes migratorios para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a deportación.
Los Gobiernos locales y departamentos de Policía que se nieguen a acatar las medidas, podrían dejar de percibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas de hasta 25 mil dólares por día por violar la ley.
