Además de mantenerse en calificaciones reprobatorias en los últimos seis años, de acuerdo con los últimos diagnósticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el sistema penitenciario de Oaxaca vuelve a mostrar deficiencias en los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) de 2016.
En ese año, de las 5 mil 606 personas privadas de su libertad en 15 centros de reclusión del estado, la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que al menos 55.9 por ciento dijeron ser inocentes, pero fueron acusados de haber cometido un delito.
Del resto, 35.1 por ciento admitió haber sido recluida tras haber declarado la comisión del delito, según los resultados que también evidenciaron que un 18.8 eran reincidentes.
La encuesta que se aplicó en un centro federal, 13 estatal y uno femenil, registró también que siete de cada 10 reclusos contó con estudios de educación básica: preescolar, primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada.
Los resultados del INEGI, publicados este martes, revelaron que el 99.7 por ciento de la población privada de su libertad en 2016 trabajó alguna vez, desempeñando alguna actividad específica, antes de su arresto.
De estos, 18.6 por ciento señaló haberse dedicado a labores artesanales en su última ocupación, 16.19 fue operador de maquinaria industrial, ensamblador, chofer o conductor y 13.35 era trabajador en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza o pesca.
Así también, 12.89 por ciento eran comerciantes, empleados en ventas o agentes de ventas, 9.61 comerciantes informales, 9.03 trabajadores de servicios personales y vigilancia, y 3.76 profesionista o técnico.
En menor porcentaje, se desempeñaban como trabajadores auxiliares en actividades administrativas (1.925), actividades ilegales (1.813), funcionario público (1.222), policía municipal, estatal, judicial o ministerial (1.167), empresario (1.132), ejército (0.517), policía federal (0.134), marina (0.05) y otros (8.249)
Entre los resultados se mostró también que 39.5 por ciento de las personas dijo estar recluida más de dos años, sin especificar si tal porcentaje se debe a la espera de una sentencia o ya fueron sentenciados.
En ese tema y como una nueva forma de atender a los reclusos, la subsecretaria de reinserción y readaptación social, María Concepción Tovar, había señalado hace unos meses que la actual administración puso en marcha audiencias penitenciarias de manera coordinada con el Poder Judicial, para revisar la situación jurídica, analizar los procesos y dar el avance correspondiente, sobre todo porque la mayoría ignora cómo va su proceso legal.
