Víctor Chávez
Especial para Real Politik
MÉXICO DF.- El rechazo y las crecientes manifestaciones en contra de la instrumentación de la reforma educativa en por lo menos cerca de una decena de entidades del país, cuarteó uno de los principales compromisos del presidente Enrique Peña Nieto con los partidos políticos, en el Pacto por México.
Al mismo tiempo, la movilización de más de cinco mil maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones magisteriales, pone en duda en los más altos círculos de la política mexicana la permanencia en el cargo del secretario de Educación Pública, el mexiquense Emilio Chuayffet Chémor.
“Si la reforma no se ha podido instrumentar ha sido por la incapacidad, la indiferencia y la arrogancia del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, quien no se ha querido bajar de su pedestal ni de su ladrillo para dialogar con el SNTE ni con la CNTE para avanzar en los acuerdos”, lamentó -en entrevista- el diputado federal del PRD, Miguel Alonso Raya, integrante de la cúpula disidente del SNTE desde hace tres décadas.
En tanto, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, demandó a los gobiernos de todos los estados “aplicar de inmediato la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión”.
“Siempre seremos partidarios del diálogo para superar las diferencias, pero en este tema, el interés superior de la nación está del lado de la exigencia de los niños y jóvenes para acceder a una educación verdaderamente reivindicadora.
“Frente a esa legítima aspiración no hay lugar para el chantaje, ni para el disimulo; la aplicación firme de la reforma educativa además de ser un mandato de ley, es un mandato moral, una generalizada exigencia social. Corresponde a las entidades federativas hacer cumplir la ley”, sostuvo.
Frente a priistas –durante la inauguración del foro “Qué sigue después de la reforma educativa”, convocado por el PRI y en el que participaron integrantes del SNTE- añadió que “la reforma educativa es el primer paso para mejorar la calidad de la educación pública básica al crear un nuevo modelo de ingreso, permanencia, promoción y evaluación de los docentes”.
Este modelo –dijo- “logró el consenso de partidos políticos y los legisladores, ahora lo que resta es aplicarla”.
Por su parte, el líder del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal García, comentó, en entrevista, que “el gobierno federal debe aplicar las leyes secundarias de las reformas constitucionales ya aprobadas y agilizar las que están pendientes”.
Dijo que, efectivamente, “hoy corresponde al gobierno de la República que esas reformas que el Congreso le dio se traduzcan en resultados y en beneficio para la gente. Si no las aplica, como es el caso de la Reforma Educativa, no habrá calificación que valga ni calificación que dure”.
Rebeldía magisterial
Sin embargo, por la falta de una efectiva interlocución del gobierno federal con los grupos de inconformes, maestros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Puebla, Zacatecas y el Distrito Federal revivieron sus movimientos de protesta y salieron a las calles para bloquear y causar daños en congresos locales, en rechazo a la armonización de las leyes locales con la reforma educativa federal.
Particularmente en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla los mentores rebasaron toda cautela y rompieron vidrios, realizaron pintas y causaron daños afuera de los Congresos locales.
En Oaxaca, maestros de la sección 22 de la CNTE iniciaron también un paro de 48 horas. Además realizaron bloqueos en 37 ejes carreteros y cercaron la sede de la Cámara de Diputados para exigir la flexibilización de la reforma educativa, a fin de lograr un esquema de evaluación regionalizada y que los normalistas tengan derecho a una plaza de manera automática.
Los profesores oaxaqueños dejaron sin clases a poco más de un millón y medio de alumnos para protestar contra las modificaciones en materia de educación. En el exterior del Congreso de Oaxaca instalaron campamentos y realizaron un mitin.
En el caso de Chiapas, en la capital más de 3 mil maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE ocasionaron destrozos en la entrada principal del recinto legislativo, mientras que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero llevó su protesta nuevamente hasta el principal centro turístico: Acapulco, y reiniciaron los bloqueos de la magna Autopista del Sol.
La crisis y el colapso de las pláticas llevaron, incluso, a los maestros a “secuestrar o retener” a tres diputados locales del PRI.
En Puebla más de 30 maestros disidentes del Consejo Democrático Magisterial intentaron ingresar por la fuerza al Congreso del estado y ocasionaron un zafarrancho en la entrada del recinto.
Ante la negativa del personal de seguridad para dejarlos pasar, los maestros empujaron y golpearon a los uniformados que sacaron por la fuerza a los profesores que llegaron hasta ahí para manifestarse contra la reforma educativa.
En Zacatecas integrantes del Movimiento Democrático Magisterial marcharon para denunciar la “arbitrariedad” con la que se aprobó la ley de educación.
Hidalgo, negrito en el arroz
A propios y extraños, gran sorpresa causó la rebeldía del SNTE ahora hasta en Hidalgo, la tierra nada menos que del mismísimo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de los más leales y cercanos al presidente Peña Nieto.
Moisés Jiménez Sánchez, ex dirigente de la Sección XV del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación de (SNTE), advirtió que “la carga política y el cambio de reglas de la reforma educativa aprobada por los legisladores federales generó, apenas, las primeras muestras de inconformidad de miles de maestros mexicanos“.
En entrevista, comentó que esta reforma “es eminentemente de carácter político porque está alejada por completo el debate académico, ya que no existe debate académico, es una ley que mucho busca un cambio de reglas”.
Desde su cargo de asesor en el Congreso de la Unión, Jiménez alertó que entre los docentes hidalguenses existe “inquietud” por las modificaciones en materia educativa.
“No sé qué vamos a hacer, pero hay mucha inquietud, somos más de 44 mil compañeros trabajadores de la educación. Lo digo a título personal. Es mucha la inquietud, pondría el acento porque yo diría que tienen razón”.
Sobre la evaluación prevista en la Ley del Servicio Profesional Docente, dijo que “es algo habitual entre el gremio. El magisterio viene de una cultura de la evaluación al salir de la Normal, luego la Secretaría de Educación evalúa y además es quien mide su capacidad ética, jurídica y moral”.
Insistió en que “el malestar que se advierte en el magisterio se debe a que no están asistiendo a un debate académico ni un debate por la calidad; es un reflejo equivocado, se dice por la calidad de la educación, misma a la que nadie se ha opuesto, porque existe registro de la intervención del magisterio en esos intentos permanentes para elevar la calidad”.
