El Pleno de la Cámara de Diputados rechazó hacer obligatoria la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República (PGR) en los delitos cometidos contra representantes de los medios de comunicación.
La Cámara Baja descartó tal posibilidad a pesar de que en el último año se han registrado 16 homicidios de periodistas, 11 atentados a medios de comunicación y numerosas agresiones; en múltiples casos, han estado involucrados funcionarios municipales y estatales.
“El 99.7 por ciento de esas agresiones quedan impunes debido a que las autoridades federales dejan en el ámbito local las investigaciones, cuando está demostrado que el 53 por ciento de esos ataques son cometidas por funcionarios de los gobiernos locales”, subrayó, al respecto, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez.
El Pleno cameral sí aprobó la primera parte de una iniciativa con proyecto de decreto presentado por Velázquez para reformar el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR); lo anterior, con el objetivo de que en aquel precepto se sustituya la referencia que hace el artículo 11 sobre el abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, para que en su lugar se haga referencia al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Velázquez apuntó que, al haber quedado obsoleta, la actual redacción del texto vigente del citado artículo deja en incertidumbre jurídica a las y los periodistas cuando sufran y sean víctimas de algún ilícito en contra de la libertad de expresión, de acuerdo a lo dispuesto en un Código que ya está abrogado.
El artículo 21 del Código Nacional indica, entre otras cosas, que la PGR podrá hacer uso de su facultad de atracción de algún delito cometido entre contra de periodistas cuando éste ponga en riesgo la vida del comunicador o haya sido perpetrado por funcionarios estatales o municipales. Sin embargo, deja en potestad de los gobiernos locales faltas consideradas no graves.
