El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó –con 414 votos a favor y 37 abstenciones de Morena y del PRD– retirar el fuero y protección constitucional a la diputada local panista de Sinaloa,Lucero Guadalupe Sánchez, segundo caso por narcopolítica en la historia del país.
La actual legisladora –que llegó a la curul con las siglas del PAN– está acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El ChapoGuzmán.
El único precedente de un mismo caso de narcopolítica es el del exdiputado federal del PRD por Michoacán, Julio César Godoy, acusado en 2010 por sus nexos con la llamada Familia Michoacana.
El dictamen de la Sección Instructora –avalado por el Pleno de los 500 legisladores– admitió las acusaciones del agente Ministerio Público Federal, Arturo Ruiz Toribio, que concluyen que “no queda duda que Lucero Guadalupe Sánchez López es la mujer que el 4 de septiembre de 2014 se presentó ante el personal de seguridad del Cefereso 1, Altiplano, ante quienes se identificó como Devany Vianey Villatoro Pérez, con la credencial para votar folio 51826349, para dirigirse hasta la sala 12 del penal federal, en donde estuvo presente en una audiencia judicial con el interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán”.
La diputada no acudió a defenderse personalmente en tribuna y sólo su abogado, Rubén Tamayo aseguró que “la PGR no cuenta con las pruebas para sostener sus acusaciones”, ya que aseguró que no existe la credencial de elector falsa, ni fotos ni videos. No obstante, los legisladores avalaron “proceder penalmente en su contra” y la pusieron a disposición de la PGR.
Los casos anteriores de desafuero son: el de Andrés Manuel López Obrador, en 2005, cuando el exjefe de gobierno del DF fue acusado de desacato, al violar una orden judicial de la Suprema Corte. El de René Bejarano, también diputado del PRD, en 2004, acusado de corrupción por recibir dinero ilícito del empresario Carlos Ahumada.
En 1983, al senador Jorge Díaz le quitaron el fuero al ser acusado de fraude al poner sobreprecio en la compra de barcos buque cuando era director de Pemex. Otros casos son los de los diputados Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas, quienes en 1945 fueron acusados de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos.
En 1935 el senador Manuel Riva Palacio fue desaforado por conspirar contra el gobierno, y en 1909 el diputado José López Portillo y Rojas acusado de fraude.
