Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quemaron la sede distrital 07 del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Juchitán de Zaragoza, donde, de acuerdo al organismo en el ámbito central, fueron sustraídos 18 paquetes, además de la destrucción de tinta indeleble y copias del listado nominal de electores.
Como parte del boicot anunciado con anterioridad, los mentores bloquearon los 11 edificios del INE, así como el Consejo Local, ubicado en la capital.
La Secretaría de Seguridad Pública, informó que alrededor de las 9:00 horas, unos mil 500 integrantes de la CNTE ingresaron a las oficinas de la institución electoral en Juchitán de Zaragoza, localidad ubicada a unos 272 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, donde rompieron vidrios y quemaron documentos oficiales, esto pese al resguardo de elementos del Ejército Mexicano.
Cabe destacar que en la junta distrital 08, con sede en la capital del estado, los miembros de la Coordinadora rompieron la cadena de acceso al edificio y en la 09, localizada en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, los profesores retuvieron un vehículo de la televisora Tv Azteca, así como camiones de transporte público.
En tanto, los miembros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), llevan a cabo un paro de actividades que dejó sin clases a un millón 300 mil niños de educación básica.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un posicionamiento en el que demanda al Poder Ejecutivo, una actuación responsable frente a este tipo de actos.
“Por ser una elección de carácter federal, el PAN hace un llamado al gobierno federal que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto, para que urgentemente asuma las medidas pertinentes que garanticen el desarrollo de la próxima jornada electoral y la seguridad los ciudadanos que acudirán a las urnas”.
Además de que demandó al gobierno federal a proceder de inmediato y con ello erradicar la sospecha que ha generado, al solapar actitudes asumidas por la CNTE en entidades federativas en donde las preferencias electorales son adversas al PRI, como es el caso de Oaxaca.
