En diciembre del año pasado, el Congreso local hizo modificaciones a la Ley Orgánica Municipal y quitó facultades a las juntas auxiliares, pero las reformas han llevado a un retroceso a las comunidades y han desatado una serie de protestas, una de ellas terminó con la muerte del menor Alberto Tehuatlie Tamayo
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Ciudad de México.– El pasado 9 de julio, los habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, ubicada en el municipio de Ocoyucan, decidieron marchar a la par de 11 organismos más, con una simple petición: que el gobierno estatal regresara las oficinas del Registro Civil.
Decenas de sus habitantes se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco. Pero sólo en Chalchihuapan se llevó a cabo un operativo policiaco a para dispersar la manifestación. Como saldo, nueve personas resultaron lesionadas por impactos de artefactos disparados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, entre ellos, un menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, quien 10 días después de los hechos perdió la vida a consecuencia de la lesión que le provocó un “proyectil de largo alcance”.
El enfrentamiento sólo fue la punta del iceberg de una lucha que tienen desde hace diez meses los habitantes de las juntas auxiliares, quienes piden les sean respetados sus derechos como ciudadanos. En respuesta, las autoridades les han negado el diálogo.
Salomé Pasio Grande, vocero de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Entidad de los Pueblos (Cedip), explica que en la forma de vida las comunidades se basa, en su mayoría, por usos y costumbres. Pero que con los cambios a la Ley Orgánica Municipal, “nos quitaron cuestiones fundamentales para que exista legalidad y orden en un pueblo”, afirma.
Las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Municipales del Congreso de Puebla, aprobaron el 3 de diciembre del año pasado, una reforma a la Ley en comento. Con ello modificaron las facultades que tenían las juntas auxiliares del estado afectando a miles de personas, pues entre los servicios que se les quitaron fue el de las oficinas del Registro Civil.
En esa modificación, las juntas auxiliares fueron nombradas como órganos desconcentrados dependientes de los ayuntamientos, sin que tengan facultades para designar a algún comandante de la Policía Auxiliar, pues como únicos responsables se nombró a los presidentes municipales.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, las juntas auxiliares tenían por objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de diversas funciones como solicitar recursos para gastos públicos del pueblo, procurar la seguridad y el orden públicos. Antes de la reforma, los presidentes fungían como jueces y los trámites se hacían en las presidencias auxiliares. Pero todo esto ya no es posible.
Javier Montes Bautista, presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, afirma que estas modificaciones sólo significan un retroceso para la comunidad, y a pesar de que líderes auxiliares han acudido a mesas de diálogo con autoridades estatales y federales, el tema sigue sin resolverse.
“Vamos aumentando la cantidad de presidentes (auxiliares), pero el gobierno del estado ya se cerró. Afirman (las autoridades) que no es tema e, incluso, se cortaron las mesas de diálogo. Ya no hay diálogo”, explica.
Javier Montes pide que se solucione el problema, pues precisamente la petición de la restauración de los registros civiles fue lo que inició las protestas y aun así “no le quieren dar solución”.
“Ellos siguen planteando lo mismo desde el principio, que alguien va a administrar eso, que no habrá jueces, tampoco habrá Ministerio Público”, plantea.
El diálogo por parte de las autoridades, en ninguna de las protestas se ha entablado. Por el contrario, el gobierno de Rafael Moreno Valle ha reducido sus pronunciamientos a comunicados oficiales.
Pueblos sin ley
Javier Montes y José Salomé Pasio, líder auxiliar de San Martín Tlamapa, coinciden en que desde que se aprobaron las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, las juntas auxiliares se convirtieron pueblos sin ley.
El vocero de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Entidad de los Pueblos (Cedip), explica que su estilo de vida se basa en usos y costumbres, por lo que “tenemos nuestras propias normas para gobernarnos”.
Sin embargo, explica que con la reforma a la Ley Orgánica les quitaron cuatro facultades fundamentales para mantener el orden en sus comunidades:
De acuerdo con la reforma a la Ley, la seguridad dependerá de la Policía Municipal, es decir, ya no pueden tener Policía Auxiliar.
Al respecto, Salomé Pasio dice que “esto no es posible porque algunos pueblos estamos distantes de las cabeceras municipales y ellos no se dan abasto para cubrir las necesidades de seguridad y no conocen la comunidad”.
Agrega: “Nuestras policías auxiliares, aunque son de servicio porque no tienen un salario pero son respetados por la propia comunidad, ya que el mismo pueblo los pone”.
Sobre la desaparición de la figura del Juez de Paz, el vocero comenta: “El juzgado de paz desapareció, se encargaba de muchas atribuciones que el pueblo le confiere. Tienen mucha responsabilidad, podían atender desde un deslinde de una propiedad e incluso situaciones ante familias. Tenía mucha injerencia en el pueblo y eso ya no se puede tener.
Por su parte, Hilario Gallegos Gómez, abogado y consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), asegura que desde la modificación de la Ley Orgánica Municipal, el ayuntamiento nombra a los jueces de Registro Civil, sin embargo, éstos no tienen calidad de juez.
“A los ‘jueces’ que están fungiendo como jueces de Registro Civil en las juntas auxiliares, en el Ayuntamiento los tienen catalogados como coordinadores o jefes de departamento y a los auxiliares como analistas, entonces realmente no tienen el nombramiento como tal, el gobierno del estado está incurriendo en un delito porque le da facultades a personas que no tienen la calidad o nombramiento”.
También se instauraron agentes subalternos del Ministerio Público, que aunque no son jueces calificadores, tienen una injerencia directa. “Son muy respetados por el pueblo porque ellos mismos los eligen. Pero dentro de la ley, esto dejó de existir”, expone.
Y finalmente, el cambio de administración de los registros civiles.
“Es muy delicado. Nosotros como representantes de las comunidades nos eligen teniendo la confianza de estar a cargo del Registro Civil y de algunas otras cosas. Pero la principal era esa y al quitárnoslas pues se quedan inconformes”, dice Pasio Grande.
Niños que no existen
San Martín Tlamapa está ubicada en Santa Isabel Cholula, cuenta con apenas dos mil 800 habitantes y muchos de ellos se niegan a acudir a la capital a realizar sus trámites en las oficinas del Registro Civil.
Salomé Pasio asegura que sólo los que han hecho el viaje son aquellos que perdieron a familiares y tuvieron que emitir actas de defunción. Sin embargo, “todos los demás, en necesidades del Registro Civil, se han estado aguantando. No están haciendo ningún trámite. Han nacido niños y no los han registrado”.
También explica que a pesar de que algunos acudan a la cabecera municipal, no pueden hacer registros, pues ésta no cuenta con los libros de registro que aún permanecen en las juntas auxiliares, que aún no se establece la manera de dárselos.
El vocero de la CEDIP también sabe de casos de personas que han tenido que ir seis o siete veces a la cabecera municipal para sacar un acta de defunción. “Implica tiempo y gasto”, dice y expone un caso de una persona que gastó mil 500 pesos para una sola acta de defunción por el pasaje que gastó en ir y venir una y otra vez, cuando normalmente vale 140 pesos o 120 en las juntas auxiliares y se les da el mismo día que la tramitan.
Por su parte, el presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, también relata saber de habitantes que se han enfrentado con diversos problemas al acudir a la capital para realizar trámites.
“Gente sale de su casa a las 5 horas, para llegar alrededor de las 7 de la mañana. Sin embargo, ya se encuentran filas muy largas. A pesar de ello no desisten y son atendidas después de las 15 horas. Sin comer, en el sol, no tienen descanso porque si se salen de la fila pierden el lugar. Es algo muy frustrante porque pierden un día completo”, relata Javier Montes.
Otro de los grandes problemas que presenta la gente que se traslada a oficinas lejanas a su comunidad, es que, además de perder todo el día, no logran hacer su trámite, pues al llegar a la ventanilla les informan que olvidaron algún documento o hay algo mal.
“Tienen que regresar y volver a pagar pasajes y el tiempo que todo esto lleva. Señoras y señores mayores de edad que no saben leer, no saben escribir y les es difícil explicar lo que necesitan”, dice.
La gente atiende a muchas personas, a veces por tanto trámite que están haciendo, lo hacen mal.
Javier Montes explica que en su comunidad, los trámites por día eran muy pocos y por lo tanto “se le tiene paciencia a las personas. Tienes todo el tiempo para platicar con la persona y que te explique lo que necesita, y así ya se les puede brindar un servicio”.
En las oficinas a las que ahora tienen que acudir, no se puede hacer esto. “La gente que te atiende no conoce a las personas”.
Incluso, el auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan asegura que en algunas ocasiones no cobraban los servicios. “Sabes quién tiene el recurso y quién no, quién tiene la posibilidad de pagar el trámite y quién no. Cuando no las tiene, los documentos se les da y posteriormente se repone ese dinero. En el CIS, es una empleada que no conoce a la persona y se dedican a cobrar. Mucho menos les interesa si gastaste en pasajes, en comida, que estuviste todo el día en el sol”, detalla.
“Esta situación lastima mucho a la gente y más a la que no tiene recursos”, agrega.
El abogado panista Hilario Gallegos Gómez, dice que otra afectación que tienen los habitantes al acudir a las oficinas de Registro Civil, son los horarios, pues no se trabaja ni sábados ni domingos y sólo lo hacen en horas hábiles. “En las juntas auxiliares están acostumbrados a otro tipo de servicios, a veces los sábados o domingos tienen casamientos”.
Mesas de negociación
En las negociaciones con el gobierno de Puebla, Salomé Pasio menciona que su pliego petitorio cuenta con aspectos directos con el Congreso estatal, por lo que éste fue turnado a los legisladores locales y los diputados asumieron la responsabilidad e integrarían el tema a la agenda de trabajo legislativa.
“Estamos en espera. Estuve leyendo que el presidente del Congreso dijo que darían a conocer la agenda legislativa. Esperamos que por ahí esté nuestro pliego petitorio que es la derogación de la Ley Orgánica Municipal y el Código Civil”, dice.
Javier Montes, asegura que en los diálogos que se tuvo tanto con la Segob en la Ciudad de México como en Puebla, no se logró ni un acuerdo.
“En todos los diálogos no se llegaba a nada, sólo era para darnos largas, quizás ellos pensaban que nos iban a aburrir”, afirma.
“Cuando recién estábamos entablando el diálogo con el gobierno, estábamos alrededor de 140 presidentes y ellos pensaban que si nos daban largas, nos íbamos a cansar y lo íbamos a dejar. Ahora estamos alrededor de 200 presidentes o un poco más y eso de darnos largas no nos va a disminuir las fuerzas, es totalmente lo contrario”, explica.
Javier Montes asegura que la unión de los presidentes se ha logrado, por convocatoria de gente que lucha por sus derechos y no por un sueldo: “Nosotros no tenemos el recurso para mandar a gente a todo el estado para que se convoquen a las juntas auxiliares, pero hay gente que es dedicada y cree por lo que estamos luchando. No se necesita que le des viáticos, que se les dé un sueldo. Lo hacen porque lo creen correcto”.
“Todos los días se trabaja el tema, estos días se suspendió un poco porque los líderes tenían que atender las fiestas patrias, sin embargo, al concluir los festejos, la lucha sigue”, expone.
El líder de Chalchihuapan recuerda que estuvo en algunos lugares, donde se pudo restablecer el servicio y a pesar de ello, los líderes siguen apoyando la causa.
“Yo estuve en Tehuacán, en Ajalpa, e incluso hay presidentes que sí están expidiendo actas, se unen con nosotros. A pesar de que se les restauró el servicio, entienden la problemática y todos sabemos que si negociamos de manera individual, un pueblo sólo qué va a hacer, por eso, ellos nos apoyan”.
La resurrección
El 24 de noviembre de 1917, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en sus artículos 16 y 17, estableció que el territorio del estado de Puebla se dividiría en 21 municipios, y cada uno de ellos a su vez se distribuiría para su administración interior en departamentos municipales que comprenden los pueblos, rancherías, barrios y secciones.
Fue hasta 1962 que a las rancherías se les denominó juntas auxiliares, y se estableció que fueran gobernadas por cinco regidores, uno de ellos denominado presidente. Desde entonces, los habitantes acudían directamente a la presidencia auxiliar para atender sus problemas, con el fin de evitar el traslado a las cabeceras municipales. Se atendían desde peticiones sobre servicios públicos, o incluso atender alguna solicitud individual o de orden público.
Pero desde las modificaciones, todo cambió.
Tan sólo en la ciudad de Puebla hay 17 juntas auxiliares; tres de ellas, La Resurrección, San Andrés Azumiatla y San Miguel Canoa, emitieron amparos contra las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal.
Hilario Gallegos, consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), lleva algunos casos de estos amparos y asegura que La Resurrección es el más avanzado hasta el momento, pues incluso ya hubo una audiencia constitucional.
Sin embargo, las autoridades auxiliares están recibiendo hostigamiento por el propio gobierno municipal, tanto de Tony Gali Fallad, alcalde de Puebla y su secretario de Gobernación Municipal, Guillermo Arechiga Santamaría, han presionado e incluso no liberan recursos para la comunidad.
“En el caso de las fiestas patrias, a la Resurrección no se le dio un solo peso. Están insiste e insiste que desistan el amparo”.
El también abogado asegura que de que no conseguir el amparo, tienen preparadas otras acciones y que están dispuestos a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, mientras no proceda algún amparo, miles de miembros de las 645 juntas auxiliares que existen, padecen a diario las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal. De acuerdo con la Coordinadora Estatal en Defensa de la Entidad de los Pueblos (Cedip), seguirá exigiendo la restitución de las facultades de las juntas auxiliares del estado en relación al servicio de Registro Civil, puesto que en al menos 50 comunidades no cuentan con éste servicio.
Aunque la vida de Elia cambió ese 9 de julio y su lucha le quitó un hijo. Ha manifestado que no se detendrá hasta que haya justicia. “Esto pasó por el Registro Civil. Él (el Gobernador Rafael Moreno Valle) dice que nos peleamos entre pueblos. Está muy equivocado. Si antes estábamos divididos, hoy estamos todos juntos, somos un pueblo. El Registro Civil nos hace falta a todos, y a todos nos afecta”, afirma.
