Luis RAMÍREZ
Con Rafael Moreno Valle, el estado de Puebla vive la dictadura perfecta.
Al gobernador aliancista lo ha caracterizado, desde el inicio de su administración, el férreo control que mantiene de todo y de todos: partidos políticos, medios de comunicación, Congreso local, cámaras empresariales, sindicatos.
Su desmedido afán por alcanzar la Presidencia de la República en el 2018 lo ha llevado a convertir a Puebla en un laboratorio de todo. Ha promovido desde reformas legales para detentar el control de los medios de comunicación hasta estrategias policiacas para acallar a sus críticos.
En su anticipada carrera a Los Pinos, a Moreno Valle no le ha importado pasar sobre quien sea y convertirse en un dictador.
Basta destacar que en sólo dos meses encarceló a 37 poblanos, quienes se atrevieron a reclamar sus derechos y exigir respuesta a sus demandas sociales.
Entre los presos políticos se encuentranmototaxistas, opositores al gasoducto Morelos y al sistema de transporte público Metrobús, así como al Arco Poniente. No conforme, ahora pretende encarcelar a alcaldes que se atrevan a demandar la devolución delos servicios del Registro Civil.
Al mandatario poblano no le importa que en el estado que gobierna haya más de 3.5 millones de pobres. Los gastos tan solo para su promoción personal superan los 580 millones de pesos en lo que va de su administración, según datos de la organización Fundar.
Cabe recordar que en su primer informe de gobierno destinó 180 millones de pesos para promocionar su imagen. De estos recursos, 38 millones fueron para TV Azteca y 66 millones para Televisa y el resto para medios impresos nacionales y unos cuantos locales, así como estaciones de radio.
De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, publicado por el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) ubicó al estado de Puebla como la tercera entidad más pobre a nivel nacional, sólo por arriba de Oaxaca y Chiapas.
El documento, que incluye datos de 2010, destaca que si se compara el desempeño de los municipios con mayor y menor desarrollo, es posible reconocer que en Puebla coexisten condiciones de desarrollo similares a las de Bahréin y Malaui.
Aunque Moreno Valle aclaró en su momento que estos indicadores ya estaban cuando él asumió la gobernación, en julio del año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que en los primeros dos años de su gestión se generaron 261 mil 800 nuevos pobres.
A pesar de las condiciones de pobreza que azotan a la entidad y que incluyen a la propia capital poblana, donde persisten graves contrastes –cinturones de miseria rodean centros de riqueza- el dispendio de Rafael Moreno Valle no se limita a su imagen personal, va de la mano de obras faraónicas, que presume como los grandes proyectos de su administración.
El Teleférico, cuyos trabajos se encuentran suspendidos desde el año pasado, debido a la violación de normas oficiales, es un capricho que ha costado a los poblanos 200 millones de pesos, mientras que la Rueda de la Fortuna, adquirida a una empresa alemana tuvo un costo de 400 millones de pesos y sólo fue ilusión momentánea.
Otro de los “grandes proyectos” que resultó un fracaso es el Metrobús. A dos años de haberse puesto en operación, la línea 1 mueve a 30 mil usuarios diariamente cuando la proyección era de 130 mil. Aun así se trabaja en la construcción de otras dos nuevas líneas.
Lo anterior, sin contar la remodelación de la Casa Puebla y la adquisición de dos helicópteros Augusta Grand y Koala, que en conjunto representan una inversión superior a los 200 millones de pesos.
LA LEY BALA
En Puebla todo iba según lo dictaba Moreno Valle, hasta que se le atravesó una ley marcada por la mano represora.
El 9 de mayo, con 33 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Derechos Humanos que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, bautizada como Ley Bala por autorizar el uso de la fuerza y armas con balas de “goma” para repeler agresiones.
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo estatal a través del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas y aprobada en escasos dos meses. La propuesta provocó el rechazo inmediato de organismos civiles y no gubernamentales que la consideraron violenta y atentatoria contra los derechos humanos.
Apenas a dos meses de su aprobación, la Ley Bala cobró su primera víctima.
José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, falleció el sábado 19 de julio, 10 días después de que le impactara una bala de goma en la cabeza, presuntamente lanzada por el cuerpo de granaderos. Ahora se sabe que fue “un cohetón”.
El menor fue lesionado el miércoles 9 de julio durante un desalojo de pobladores de la agencia auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco.
La víctima había sido declarada clínicamente con muerte cerebral el viernes 18, sin embargo, al día siguiente sufrió un infarto al corazón y dejó de existir.
A partir de ese momento empezó a derrumbarse el sueño presidencial de Moreno Valle.
La muerte del menor provocó una condena generalizada tanto al interior del país como de poblanos radicados en Estados Unidos. La presión de los medios de comunicación fue tal que el lunes 21, Moreno Valle mandó al Congreso local una iniciativa para abrogar la llamada Ley Bala.
Previo a la aprobación de la cuestionada ley, el gobernador promovió la modificación de los artículos 1958 y 1968 Bis del Código Civil para endurecer penas contra periodistas y ciudadanos críticos.
Esta acción le permitió proceder penalmente contra los comunicadores Fabián Gómez y Adrián Ruiz, además de que inició una persecución contra Pedro Barojas, colaborador de su adversaria política, la panista Ana Teresa Aranda. Además mantiene a casi una veintena de activistas encarcelados que se oponen a los llamados “proyectos de muerte” que han emprendido empresas mineras en el estado, incluido el Gasoducto Morelos.
Los excesos autoritarios de Rafael Moreno Valle llevaron al vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez a promover un juicio político contra el gobernador poblano. La solicitud será presentada por senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo.
En el futuro del mandatario poblano no se ve una renuncia o juicio político, pero tampoco una ruta despejada a la candidatura presidencial del PAN. Sin querer un hecho inesperado producto de su propio autoritarismo dio al traste y vino a derrumbar sus aspiraciones políticas.
