Maite Azuela
@maiteazuela
En Puebla, desde el gobierno de Rafael Moreno Valle, se ha preparado una campaña mediática que intenta contrarrestar el impacto de cuatro hechos contundentes: Su gobierno recurrió al uso de balas de goma y cartuchos de gas lacrimógeno contra manifestantes y transeúntes sin seguir un protocolo de seguridad; se agredió a cincuenta personas y se asesinó a un menor de trece años: Se intentó manipular el testimonio de la madre del niño fallecido; y aunque se anunció la abrogación de la “Ley Bala” de facto sigue vigente la permisividad de uso de armas de fuego contra manifestantes.
Sin una sola disculpa dirigida a los familiares del niño que murió en manos de los policías, tras múltiples intentos de manipular tanto sus testimonios como el parte médico y los videos en los que se edita la entrevista de la madre del menor, el gobierno está desesperado por mostrar una versión completamente alejada de lo que realmente ocurrió el pasado 9 de julio en la carretera Atlixco-Puebla.
El procurador de justicia del estado, Víctor CarrancáBourget, se revuelca entre contradicciones y mentiras. Primero negó el uso de balas de goma y después aseguró que la muerte de José Luis Tlehuatlie Tamayo fue producto de un cohetón lanzado por los pobladores. De la misma forma, López Badillo, el ombudsman poblano emite comunicados cuyo formato evidencia la nula seriedad y sensibilidad que les representa el asunto, contradiciendo las recomendaciones que él realizó en 2011 tras acusar al gobierno de usar balas de goma.
A estas inconsistencias institucionales podemos sumar el profesionalismo con el que un día el señor Plascencia Villanueva se compromete primero con el Senado para analizar la Ley Bala y al día siguiente asistir a recibir un premio de manos de Moreno Valle y atreverse a felicitarlo por la promulgación de la misma.
Consideremos, además, la campaña orquestada en redes sociales para apoyar la postura oficialista del gobernador, cuya estrella es una petición en línea con un corte completamente deshumanizado que en vez de solicitar el apoyo ciudadano para evitar a toda costa las agresiones policiacas con armas letales en contra de manifestantes pacíficos, alude a la prohibición de menores como asistentes a protestas sociales. Sugiriendo con ello, nuevamente, que la muerte del menor es responsabilidad de sus padres y no del gobierno que dio instrucciones a los granaderos que le dispararon.
Al día de hoy no hay un solo responsable por el asesinato del niño; un hombre perdió el ojo y otro tiene la mandíbula destrozada. Decenas más están en recuperación hospitalaria por las agresiones que recibieron de los policías. Como respuesta sólo hemos recibido simulaciones de abrogación y acercamientos de la oficina de comunicación social del gobierno de Puebla que, con información recortada, busca persuadir a comunicadores que se muestran interesados en denunciar los hechos.
Si alguien esperaba que la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resultara en alguna recomendación que hiciera explícita las fallas de Moreno Valle y su gobierno, el hecho de que el gobernador tenga como asesor de cabecera a Juan Pablo Piña cambia las cosas ya que su trayectoria es una combinación perfecta de alianzas estrechas entre Moreno Valle y Plascencia: En algún momento fue asesor, después director general y finalmente sexto visitador de la CNDH; entre esos cargos intercaló funciones oficiales asistiendo jurídicamente al gobernador, para ahora actuar como su intermediario externo más eficiente.
No hay razón alguna que justifique la permanencia de Facundo Rosas en la Secretaría de Seguridad del estado. Así que lo menos que podemos es exigir que Rafael Moreno Valle detenga determinantemente la Ley Bala y en paralelo retire del cargo a Rosas. Cualquier otra acción sería un simple almíbar añadido a los burlescos obsequios que su cocina política nos ha ofrecido. Desafortunadamente nos está demostrando que esa es su especialidad.
