La Secretaría de Economía informó que el monto de los pasivos con proveedores que la actual administración ha validado hasta este momento es de mil 269 millones de pesos; sin embargo, denunció que durante las auditorías hechas a los contratos, se descubrió que la iniciativa privada sobrevaloró hasta en 2 mil 500 por ciento los productos que entregó al gobierno. Tanto empresas locales como foráneas incurrieron en este tipo de prácticas, en colusión con el gobierno de Gabino Cué. Existen casos en los que un taller mecánico vendió bujías cotizadas en el mercado en 35 pesos hasta en 900 pesos. Además, reveló se detectaron facturas apócrifas por más de mil 200 millones de pesos
David Méndez
El gobierno del estado reconoció que planea pagar únicamente el 80 por ciento de la deuda que mantiene con proveedores oaxaqueños y cubrir el 50 por ciento de los pagos pendientes con empresas foráneas, ambos compromisos heredados por la administración de Gabino Cué, al considerar que las facturas presentan sobrevaloraciones, en algunos casos de más de 2 mil por ciento, por lo que con el porcentaje antes mencionado quedaría “más que saldado” el costo real de los servicios recibidos durante 2016.
La Secretaría de Economía estatal indicó que tal determinación aún no ha quedado confirmada, pues funcionarios de las secretarías de Finanzas, Contraloría y Administración analizan aún hacer ajustes al promedio estipulado, con el objetivo, según se informó, de “beneficiar” al mercado interno.
Asimismo, la coordinadora de Representaciones y Enlace Empresarial de la Secretaría de Economía, Gabriela Santos, señaló que la liquidación de los adeudos fue aplazada para los últimos días de abril; esto, a pesar de que el gobierno había anunciado hace dos semanas que los recursos comenzarían a fluir a comienzos del mes.
La postergación de pagos, justificó, se debe a que la autoridad no ha concluido el análisis de la documentación proporcionada por las empresas ni el estudio del porcentaje que les será saldado, así como a algunos cambios realizados al interior de la Secretaría de Finanzas que han impedido que se materialice el crédito solicitado y aprobado por Nacional Financiera (Nafin).
Deuda, de mil 269 millones
Sólo por el año 2016, la deuda que mantiene el gobierno con sus proveedores es de mil 269 millones de pesos divididos entre prestadores de bienes, servicios y constructoras, precisó Santos.
Añadió, además, que el monto incluye facturas y contratos que ha sido correctamente validados y que emanaron de las ventanillas únicas que abrió la administración estatal durante los primeros dos meses de 2017, una coordinada por la Secretaría de Administración y otra por la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra).
Inflaron precios, acusan
Sin embargo, la coordinadora resaltó que a pesar de que la deuda quedó confirmada a través de documentos e inspecciones físicas, prácticamente la totalidad de los servicios registran precios inflados que rebasan hasta 2 mil por ciento los costos reales, lo que ha “orillado” a las dependencias a hacer una revalorización de los montos.
Incluso, la funcionaria subrayó que empresas de Puebla, Veracruz y la Ciudad de México que fueron contratadas por el anterior gobierno han recibido cantidades que rebasan el costo ordinario de los servicios que otorgaron. También denunció, sin embargo, que las empresas oaxaqueñas incurrieron en las mismas prácticas, en colusión con el gobierno.
“A los foráneos ya se les tuvo que haber pagado. Eso es lo que están consensando (los funcionarios). Cuánto le pagaron a los foráneos como para decir (no puedo pagar más).
“El problema es que los oaxaqueños también tienen ese problema. Si uno compara a un proveedor oaxaqueño con uno de México, ellos (los oaxaqueños) elevaron demasiado (sus precios)… Hay empresas que sus precios son estratosféricos”, comentó
Como ejemplo, dijo que existen contratos en los que un taller mecánico oaxaqueño vendió bujías cotizadas en el mercado en 35 pesos hasta en 900 pesos.
“Hay bujías (en los contratos) que te cuestan hasta 900 pesos. En el mercado, una bujía marca Champion te cuesta 35 pesos, una NGK te puede costar 180 pesos y eso lo puedes valorar. Una bujía te la están cobrando en 800 pesos en una reparación de un vehículo”, reveló.
Argumentó que el gobierno actual no pretende “lastimar más” al sector productivo, pero “tampoco, por tener la responsabilidad de pago, vamos a caer en aceptar cosas que no están bien”.
La funcionaria señaló que las pasadas autoridades estuvieron al tanto de los sobrecostos e incluso, existe evidencia de que ellas mismas los propiciaron.
Al respecto, destacó que la Secretaría de Administración en el sexenio pasado, otorgó contratos “por dedazo” y, en otras ocasiones, eligió opciones que resultaban más caras a pesar de que tuvo acceso a cotizaciones más baratas.
“No hubo realmente lineamientos ni se basaron sobre las reglas de operación; no se hizo como se tenía que haber manejado. No se hizo una lista de precios, el manejo de la selección de las empresas. Hubo mucho dedazo, vicios que se encontraron y que todo mundo lo sabe”.
Y agregó: “Si tú como proveedor me estás diciendo que trajiste tres cotizaciones, ¿por qué la última cotización está tan elevada? Se prestaron tanto el uno como el otro (para elevar precios).
“Se supone que había tres presupuestos para que tú (gobierno) sacaras el mejor; eso es lo que nosotros (las secretarías involucradas) hemos podido platicar, y por qué llegar a esa conclusión (de pagar un porcentaje de la deuda)”, abundó.
Una semana después de que este medio dio a conocer que las actuales autoridades pretendían pagar únicamente el 50 por ciento de la deuda que habían heredado de la administración de Gabino Cué, Santos reconoció que las empresas podrían inconformarse con los planteamientos que analizan actualmente en la administración, pero reiteró que todas las alternativas que se considera el gobierno estatal son válidas.
“La gente dice: ‘Por qué me vas a pagar el 50 por ciento’ y tiene razón, pero nosotros, como nueva administración, nuestra obligación es analizar y determinar (la procedencia y la legalidad del adeudo).
“Nosotros, si (hoy) compramos, nos vamos a un precio justo, pero te voy a poner un financiamiento a dos o tres meses; no a uno, dos o tres años”, como ocurrió con la administración pasada.
A pesar de lo descrito anteriormente, Santos resaltó que el porcentaje que el gobierno pagará a los proveedores oaxaqueños podría incrementarse e incluso llegar al 100 por ciento, siempre y cuando se logre reducir el pago a empresas foráneas.
“Todo depende de qué tanto por ciento bajemos a los foráneos, vamos a bajar lo más que se puede al foráneo”.
Una vez que el monto del adeudo quede definido, la Secretaría de Finanzas será la encargada coordinar el método a través del cual las empresas podrán cobrar las facturas pendientes a través de Cadenas Productivas de Nacional Financiera (Nafin).
Resaltó que los pagos prioritarios y los que serán liberados a finales de abril serán los de 2016 y 2015, con la diferencia de que los últimos, deberán esperar a la emisión de otro dictamen de la Secretaría de la Contraloría, pues se han encontrado mayores irregularidades que en 2016.
Indicó que muchos de los saldos de 2015 no son reconocidos por la Secretaría de Administración ni por Sinfra debido a que las empresas carecen de documentación elemental: “A algunos les hace falta el carnet, a otros les hace falta el contrato…”, comentó la funcionaria.
Gabriela Santos resaltó que varias empresas o prestadores de servicios no cuentan con los títulos de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y algunas, aunque los tienen, no han podido comprobar que entregaron el servicio y que éste no ha sido liquidado.
Sobre el proceso que la autoridad lleva a cabo para validar los pasivos, explicó que las listas de adeudos recogidas en la ventanilla única fueron canalizadas a las dependencias encargadas de emitir los contratos respectivos: para bienes y servicios, la Secretaría de Administración, y para obra pública, la Secretaría de las Infraestructuras.
Posteriormente, las entidades consultan en sus bases de datos que, en efecto, los montos por saldar aparezcan y, de ser positivo, los envían a la Secretaría de la Contraloría, que se encarga de corroborar que los servicios hayan sido proporcionados y cumplan con las especificaciones pactadas. Una vez que concluye la investigación, los datos son enviados a la Secretaría de Finanzas.
“Yo estoy esperando (que todos los pagos) se liberan a finales de abril, sino es que antes. La fecha que teníamos planeada era el 15 de abril, pero como hay inconsistencias, (la Secretaría de) Finanzas no se puede aventurar a dar una fecha o una cifra total”.
Deudas posteriores
a 2015, impagables
En el caso de las empresas que arrastran pagos pendientes de ejecutar de 2011, 2012, 2013 y 2014, reconoció que éstas son prácticamente cuentas impagables.
“Nosotros ya no podemos rascar más; si 2016 y 2015 se ha hecho una labor titánica, 2011 (es inviable)”.
Servicios “fantasma”
El monto del adeudo que ha sido confirmado es de mil 269 millones de pesos, equivalente al 50 por ciento de la cifra de 2 mil 500 millones de pesos, dada a conocer en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, durante octubre de 2016.
Al respecto, Santos explicó que la diferencia, mil 231 millones de pesos, corresponde a servicios y obras “fantasma”; es decir, que pretendieron ser cobrados sin haber sido proporcionados o trabajos de infraestructura que no existen.
La funcionaria comentó que el gobierno pasado dejó registros de que el pasivo era de 2 mil 500 millones de pesos; no obstante, al momento de revisar, los actuales funcionarios descubrieron que diversas facturas no existían, que otras habían sido clonadas y, en el menor de los casos, que intentaron engañar al nuevo gobierno con documentos que no estaban soportados al 100 por ciento.
Consultada sobre si habían sido localizadas empresas vinculadas directamente con funcionarios del gobierno de Gabino Cué, dijo que “hasta este momento, no”.
“El tema de las comprar fantasma lo tiene Contraloría, y Contraloría va a salir a dar una conferencia de prensa, tanto Contraloría como Economía y Finanzas. Van a anunciar cuántas empresas no van a pasar por ser fantasma, a cuántas empresas se les van a pagar y qué tanto y qué día”, adelantó.
Se negó a dar pormenores de las empresas que presentaron facturas clonadas o que no entregaron el servicio o las obras por las que pretendían cobrar, aunque sí informó que el gobierno de Oaxaca fincará responsabilidades a los responsables.
