El MULT, FPR y UACOL plantean abrir a la sociedad civil el proceso de elección del próximo defensor de derechos humanos en el estado, para evitar que la DDHPO sirva a intereses de grupos de poder o de personajes perversos que sólo buscan el control del organismo
David MÉNDEZ
Ante los sesgos que se han evidenciado en el proceso de elección del nuevo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), organizaciones sociales como el MULT, FPR y UACOL demandaron que la designación del nuevo Ombudsman se abra a la ciudadanía por medio de una consulta pública y la decisión final no quede bajo el arbitrio del Poder Legislativo local.
“Llamamos a que los diputados asuman con responsabilidad su tarea y dejen de comportarse como simples levantamanos… Creemos que un proceso como éste, debido a su trascendencia e importancia, debe abrirse al pueblo de Oaxaca y no sólo a los diputados y sus intereses, ya que eso sólo fomenta la opacidad y la corrupción”, resaltaron.
Demandaron que la elección del nuevo ombudsman se lleve a cabo por medio de una consulta ciudadana y que, en dado caso, el Poder Legislativo únicamente avale la determinación tomada por la ciudadanía.
El Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), el Frente Popular Revolucionario (FPR) y la Unión de Artesanos y Comerciantes en Pie de Lucha (UACOL), ésta última, afín a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acusaron que el Congreso de Oaxaca, controlado por Morena, busca imponer un defensor de derechos humanos manipulable para los grupos de poder, incluido el gobierno del estado, sin vocación para luchar y hacer prevalecer las garantías universales de los ciudadanos,
La fracción morenista en el Poder Legislativo ha copiado las mismas prácticas priistas de priorizar los intereses de grupo y pretender imponer al nuevo ombudsman por medio del cabildeo y las “negociaciones en lo oscurito”, como en una “agencia de colocaciones”, por lo que le augura un “funesto” futuro al próximo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sentenciaron en un pronunciamiento conjunto divulgado el 25 de marzo.
Luego de que el líder de Comuna, Flavio Sosa, ha sido acusado de intentar designar en el puesto al integrante de la misma organización y ex vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), César Mateos Benítez, –en una red de tráfico de influencias y nepotismo– las organizaciones afirmaron que ninguno de los 42 candidatos que se inscribieron al proceso de designación reúne los requisitos necesarios para cumplir con ese encargo.
“El proceso está hecho a modo para que sean las y los palomeados los que lleguen a la terna que se presentará al Congreso”, condenaron.
Y advirtieron que, gane quien gane, el próximo titular de la Defensoría estará más preocupado por cumplir los compromisos adquiridos con los diputados y el gobierno estatal, que realmente realizar una labor “comprometida, eficaz y autónoma”.
“No es posible que hoy la Defensoría se vea más como una agencia de colocación laboral que como el órgano responsable de velar por los derechos humanos del pueblo de Oaxaca”, reclamaron.
Además de César Mateos, participan en el proceso Flor Estela Morales, también vinculada con Flavio Sosa; la activista Yésica Sánchez Maya, señalada de tener nexos con Flavio Sosa y con el grupo de Adelfo Regino Montes por medio de la ex titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Anabel López Sánchez; el actual visitador de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, apadrinado por el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y José Bernardo Rodríguez Alamilla, quien, supuestamente, es promovido por el actual defensor, Arturo Peimbert Calvo, y el gobierno del estado.
El dictamen con los nombres de la terna de donde surgirá el nuevo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos deberá quedar definido y votado antes del 15 de abril, fecha de la conclusión del actual periodo ordinario de sesiones.
En caso de que las fracciones parlamentarias no lleguen a un consenso, la designación podría llevarse a cabo en un periodo extraordinario de sesiones, con el objetivo de que el nuevo funcionario asuma el puesto el próximo 10 de mayo.
