Con la supresión de las vedas que prevalecían en las regiones hidrológicas a las que pertenecen aquellos afluentes y que impedían la explotación de sus aguas, el gobierno federal ha dado luz verde para que los caudales de los ríos Valle Nacional y Papaloapan –en la región de la Cuenca– así como Ometepec, Verde, y Cortijos –en la Costa—sean utilizados parcialmente por particulares, durante los próximos 50 años, para la provisión de agua de uso doméstico, público, urbano y agropecuario, confirmó el Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua
David Méndez
A partir de los 10 decretos firmados por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el cinco de junio de 2018, 20 por ciento de los caudales de los ríos Valle Nacional y Papaloapan –en la región de la Cuenca– así como Ometepec, Verde, y Cortijos –en la Costa—podrán ser concesionados durante los próximos 50 años para la provisión de agua de uso doméstico, público urbano y agropecuario, confirmó el Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Con la supresión de las vedas que prevalecían en las dos regiones hidrológicas a las que pertenecen aquellos afluentes oaxaqueños y que impedían la explotación de sus aguas sin importar el fin, el gobierno federal ha dado luz verde para que aquel recurso natural sea aprovechado para cualquier tipo de actividad humana y, con ello, la potencial intervención de empresas privadas en labores de extracción y distribución, alertó, por su parte, el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), una organización civil constituida en 1991.
Si bien es cierto que los 10 decretos presidenciales, firmados el cinco de junio y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día después, no privatizan en automático el agua, como lo aseguraron en su momento algunas organizaciones civiles y grupos de académicos, la ausencia de restricciones en la nueva normativa sí beneficia –sin mencionarlo– los intereses de la iniciativa privada, añadió el presidente del INSO, Juan José Consejo Dueñas.
“Hubo mucha desinformación, estridencia, de varios lados… respecto a que con estos decretos, en sí, se estaba privatizando el agua, que se estaba dando entrada a empresas transnacionales; estrictamente, no es así”, respondió, consultado por Real Politik.
Aristas “positivas”
Para el activista, los argumentos utilizados por la Presidencia de la República para retirar las prohibiciones de explotación del agua en 295 cuencas del país, donde se produce más de 55 por ciento del líquido disponible, son válidos, pues impulsa la figura de “caudal ecológico” con el fin de proteger el agua que corre por los afluentes mexicanos y garantizar, con ello, que las próximas generaciones no se queden sin acceso a ese recurso.
La eliminación de las restricciones también se justifica, subrayó, desde la óptica de que, a partir de ahora, las autoridades podrán suministrar del líquido a los pueblos que se sitúan en los alrededores de esas cuencas y que en la actualidad no cuentan con el servicio o cuentan con uno deficiente.
Además, permitirá el impulso de la agricultura, pues se podrán otorgar permisos para la obtención de agua de riego, prohibidos hasta antes del cinco de junio para millones de campesinos que habitan en las zonas que permanecían bajo la veda.
Un lobo con piel de oveja
No obstante, una vez considerados los puntos anteriores, Consejo Dueñas resaltó que existen otros puntos que sí son preocupantes y que justifican la alerta de las organizaciones civiles.
Entre ellos, destaca el hecho de que los decretos se expidieron sin consultar a las comunidades indígenas asentadas a lo largo del trayecto de los ríos, además de que en ninguna parte de los documentos el gobierno hace referencia al derecho universal al agua, tutelado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que, en teoría, fue lo que motivó los decretos.
Y lo más grave, indicó el especialista, tampoco existen prohibiciones explícitas a la privatización del suministro del agua, además de que la terminología utilizada en los escritos es ambigua y deja recovecos legales, pues únicamente contempla conceptos como “uso doméstico”, “reserva ecológica” y “uso público urbano”, cuando éste último puede incluir actividades industriales, como minería y fracking.
Decretos, ¿sin validez?
“Algunos dirían que (los decretos) ni siquiera son legales porque las modificaciones al artículo cuarto de la Constitución, hechas en 2012, obligaban al Congreso a emitir una nueva Ley de Aguas Nacionales; en 2013, que era el plazo, no se hizo y, luego, se envió un proyecto de ley –conocido como Ley Korenfeld– que fue absolutamente inaceptable para una gran cantidad de técnicos activistas académicos”, comentó el ecologista.
Con aquel comentario, Juan José Consejo Dueñas se refirió a la reforma constitucional al Artículo Cuarto que en 2012, reconoció el derecho humano al agua y saneamiento, y ordenó la elaboración de una nueva Ley General de Aguas que garantizara el acceso y uso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación de la ciudadanía en colaboración con los tres niveles de gobierno.
En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un primer intento por reformar la Ley General de Aguas con una propuesta conocida como “Ley Korenfeld”, promovida por el ex titular de Conagua, David Korenfeld Federman, que en lugar de priorizar el derecho a un acceso libre y vasto a aquel líquido, pretendió privatizar el suministro.
La intentona planteaba otorgarle al día, a cada mexicano, 50 litros de agua y cobrarle cualquier consumo extra, pero fracasó tras la movilización de la sociedad civil.
Dos años y medio después, el Ejecutivo federal pretendió hacer una nueva intentona por medio de otra iniciativa de ley, llamada, ahora, Ley Pichardo, en alusión a su autor, el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga; sin embargo, ésta fue catalogada como más agresiva que la Ley Korenfeld, pues permitía entregar concesiones a perpetuidad a la iniciativa privada y, en cambio, sólo obligaba al Estado a suministrar de manera gratuita entre 50 y 100 litros de agua.
Todo ello le valió ser nuevamente rechazada.
Ríos oaxaqueños, abiertos para la concesión
Al respecto, el coordinador de Actividades del Organismo Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Noel Espinoza Hernández, precisó que los decretos presidenciales publicados el seis de junio en el DOF involucran a la entidad a través de dos regiones hidrológicas: la número 19, “Costa Chica de Guerrero”, y la número 28, “Papaloapan”.
La primera, involucra a los ríos Cortijos, La Arena, Ometepec y el Río Verde (continuación del Atoyac), al tiempo que, la segunda, considera los ríos Valle Nacional y Papaloapan.
En los seis casos, apuntó el funcionario, el Poder Ejecutivo decidió nombrar como reserva ecológica el 80 por ciento del caudal de los afluentes durante un periodo de 50 años; esto, “con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua”.
No obstante, reconoció que el 20 por ciento restante se destinará al uso humano a través de tres rubros: consumo domiciliario, público urbano y labores del campo.
Gobierno descarta acusaciones
Tal y como lo hicieron las autoridades federales el pasado 18 de junio, cuando se propagó a nivel nacional la versión de que el Presidente había privatizado el agua, Espinoza descartó que las autoridades pretendan concesionar aquel recurso para uso industrial, como lo es la minería, la extracción de gas o generación de energía.
“Nuestros ríos tienen una capacidad suficiente para reservar el 80 por ciento y dar en concesión el 20 por ciento.
–¿Cuáles son las reglas o cuáles son las leyes para concesionar?
–Nuestra ley de Aguas Nacionales establece una serie de requisitos que se deben cumplir, pero, sobre todo, establece la prelación de usos; no podemos concesionar a un industrial o a un servicio; primero, tenemos que ver que se cumplan con las necesidades del uso doméstico, del público urbano y de la agricultura. En caso de que sobre, se le puede concesionar a los demás.
¿Plan con maña?
–(Entonces) si bien es cierto que no se autoriza la concesión a industriales, tampoco se prohíbe, cuestionó Real Politik.
–Sí, pero voy a decir una cosa. Así como está, con el 20 por ciento (apto para concesión), no alcanza para todas esas actividades, pues el (servicio) público urbano es el que más agua tiene concesionado. En las cuencas, el servicio público urbano se lleva el 60 por ciento y de ahí sigue el uso agrícola; (la cantidad que se podrá concesionar) no va a dar para otros usos.
–¿Temen amparos? Activistas han denunciado que no hubo una consulta libre e informada a los pueblos que están involucrados en aquellos territorios
–Sí, pudiera ser que existan amparos; no por los particulares, sino que las ONG interpongan demandas de amparo; sin embargo, nosotros consideramos que no era necesario llevar a cabo la consulta (indígena), toda vez que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que ésta se lleva a cabo siempre y cuando se prive o se vaya a afectar a una comunidad, que se le vaya a privar de esas aguas. En este caso, no se les está privando porque esas aguas no se van a ocupar, se están reservando para el futuro y van a ser para ellos mismos.
–¿El agua que se va a concesionar será llevada a otra entidad?
–Es (para uso) público urbano; es para todos los pueblos que se encuentran dentro de ese río, que colindan con esa cuenca; es una proyección de reserva para 50 años.
–En caso de que fuera necesario, ¿hay posibilidades de que el agua de la que ahora se dispone en Oaxaca pueda llevarse por trasvase u otros métodos a otros estados, Nuevo León, por ejemplo?
–Ahora no; hoy por hoy, no. El volumen que se está dejando libre no alcanza para eso; la Comisión Nacional del Agua (CNA) tiene la facultad de revisar la disponibilidad cada tres años y, posiblemente, dentro de tres años, hagan el mismo ejercicio y si considera en ese momento que hay disponibilidad, podría ser (factible).
El representante de Conagua, organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales, aseguró que, en la actualidad, la disponibilidad de agua para las comunidades indígenas es 150 litros al día por ciudadano.
Sin embargo, tal cifra no es homogénea, pues existen cientos de comunidades que no cuentan con un suministro con “suficiencia y calidad”, como lo exige la Organización de Naciones Unidas (ONU)
Y no es todo, pues de acuerdo con los últimos dos proyectos de Ley de Aguas Nacionales, el gobierno federal pretendió dejar en manos de la iniciativa privada el servicio de suministro de agua y restringir el libre acceso a 50 litros por día; es decir, 100 litros menos de lo que hoy, según Conagua, disponen algunos pueblos oaxaqueños.
–Es contradictorio que exista un decreto, pero no se haya cumplido con la emisión de una Ley de Aguas Nacionales, (como lo exigió al reforma de 2012). Además, en los proyectos de ley, promovidos por el PRI, se habla de reducir el libre acceso al agua a 50 litros por ciudadano.
–No (se pretende reducir el acceso al agua) va a depender de la zona; hay zonas en las que el volumen de agua concesionada es menos porque no se tiene la infraestructura adecuada.
–¿No se contrapone la emisión del decreto con que no exista una ley actualizada?
—Actuamos con esta Ley (de Aguas Nacionales…) no nos podemos esperar a que salga otra ley para publicar nuestra disponibilidad, que, por obligación, tenemos que publicarla cada tres años. Si la otra ley trae otras figuras, sin duda que (la normativa actual) se tendrá que sujetar a la próxima ley.
–Entonces, el decreto se tendrá que ajustar a la nueva normativa.
–Sí, por supuesto, lo que se apruebe posteriormente va a decidir qué va a pasar con estos instrumentos; (si) se van a quedar, se van a reformar o se van adecuar.
Privatización, casi un hecho
Por más que las autoridades federales han negado la existencia de pretensiones privatizadoras, los decretos expedidos por Peña Nieto señalan en su artículo primero el objetivo de modernizar “los servicios de agua en los estados”.
El decreto resalta que cuando un “interesado” obtenga los derechos de una concesión en los ríos contemplados en los decretos, “deberán obtener los permisos necesarios para ejecutar las obras requeridas para el aprovechamiento de las aguas asignadas en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento”.
La promesa de AMLO
Un mes después de la promulgación de los decretos, el dos de julio 2018, el candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones presidenciales, poniendo fin a 30 años de gobiernos neoliberales, que comenzaron en 1988 con Carlos Salinas de Gortari.
El sistema capitalista fue el responsable de impulsar la entrega de bienes nacionales –petróleo, minas, ferrocarriles, bancos, generación de energía y agua– a la iniciativa privada, con el fin de que cumpliera con su explotación, sin que ello se tradujera en beneficios para la sociedad.
Durante la etapa de campañas políticas, López Obrador respaldó las protestas de activistas y organizaciones civiles, al afirmar que tanto el PRI como el PAN buscaban entregar el agua a los capitales privados.
El 22 de junio, durante un mitin en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el hoy Presidente Electo prometió que, de ganar los comicios, cancelaría los 10 decretos sobre el uso del agua impulsados por Enrique Peña Nieto.
Casi un mes después, el 11 de julio, informó que dentro del primer paquete de iniciativas que enviaría al Congreso de la Unión, una vez que tome posesión la 64 Legislatura, se encontraba dar marcha atrás con esos acuerdos. Desde entonces, no se ha vuelto a pronunciar al respecto.
