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PRI se niega a urgir Alerta de Género

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La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el respaldo de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de diputados de Encuentro Social (PES) y del Partido del Trabajo –los dos últimos coaligados de Morena para las elecciones de julio próximo–, se negaron a avalar un exhorto a través del cual se solicitaba a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitir la Declaratoria de Alerta de Género para Oaxaca ante el número creciente de asesinatos por razón de género.
A través de Adriana Atristain Orozco, la bancada del PRI argumentó que la petición era improcedente debido a que, en la actualidad, el gobierno del estado, que encabeza Alejandro Murat, atiende una serie de recomendaciones que le fueron hechas en noviembre pasado por la propia Conavim, organismo que le dio un plazo de seis meses –que vence el próximo 22 de mayo—para enmendar las observaciones recibidas.
En respuesta, la proponente, María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), sostuvo que la solicitud era viable toda vez que durante los cuatro meses que han transcurrido desde que la Comisión entregó al Ejecutivo estatal las modificaciones que debía cumplir para salvaguardar la integridad del sector femenino, no se ha implementado ningún tipo de acción y, por el contrario, el número de homicidios ha ido al alza.
Así, en votación económica, la fracción del PRI se opuso a que el punto de acuerdo fuera aprobado de urgente y obvia resolución –sin pasar por ninguna comisión–, ante la inconformidad de 12 legisladores de Morena, dos diputadas del PRD y dos más del PAN.
Finalmente, el documento fue enviado a la Comisión de Igualdad de Género para que analice su viabilidad.
Ante ello, Melgar acusó al PRI de estar “en contra del pueblo” y que las actuales autoridades de procuración de justicia han sido ineficaces e insuficientes para hacer frente a ese mal.
Por su parte, en el documento presentado se establece que los 810 asesinatos de mujeres contabilizados entre 2004 y 2016, 283 durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz, 527 durante el gobierno de Gabino Cué, y los 144 en lo que va de la administración de Alejandro Murat Hinojosa, exhiben la falta eficiencia del Estado.

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